Contraloría ordena revisión prioritaria de cinco contratos de la DNI por más de $20.783 millones

Ante las presuntas irregularidades expuestas por medios de comunicación en torno a la adquisición de bienes, el cumplimiento de obligaciones contractuales y el manejo de recursos públicos, el Contralor General de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, dio instrucciones para iniciar actuaciones de vigilancia y control fiscal sobre varios contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las denuncias hacen referencia a cinco contrataciones por un valor aproximado de $20.783 millones, en las cuales se habrían presentado fallas técnicas, incumplimientos contractuales, deficiencias de calidad y posibles sobrecostos.

La mirada fiscal sobre los recursos de la inteligencia

La Contraloría General de la República dispone examinar estas contrataciones de manera prioritaria para determinar si los recursos fueron administrados conforme a la ley y si existe una eventual afectación al patrimonio del Estado. El Contralor General recordó que los recursos destinados a la seguridad y la inteligencia del Estado también están sujetos a vigilancia y control fiscal, labor que se ejercerá con pleno respeto por las disposiciones legales sobre reserva de la información y protección de la seguridad nacional.

Los cinco contratos bajo la lupa de la Contraloría General de la República

La investigación se centra en cinco adquisiciones específicas que presentan indicios de irregularidades. La entidad verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2), el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la destinación de los recursos públicos comprometidos en su desarrollo.

Desglose de las investigaciones: de drones a computadores

Para adelantar estas actuaciones, se requerirá la documentación contractual correspondiente, incluidos los estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías. Su análisis permitirá establecer si existieron deficiencias de planeación, incumplimientos, sobrecostos o situaciones que puedan configurar un daño al patrimonio público.

Helicópteros, sistemas antidrones y fallas biométricas

1. Adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones: Se verificarán las condiciones de adquisición, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las presuntas fallas de funcionamiento y las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026.
2. Adquisición de tres sistemas antidrones por aproximadamente $8.340 millones: Se examinarán las condiciones de contratación, las características técnicas de los equipos, su entrega y funcionamiento, así como su utilización efectiva.
3. Contrato 043 de 2024, por aproximadamente $1.314 millones, para la adquisición de 595 computadores: Se revisarán las denuncias sobre presuntas deficiencias de calidad, fallas de funcionamiento e incumplimiento de especificaciones técnicas.
4. Contrato 053 de 2022, por aproximadamente $580 millones, para la adquisición de un sistema de identificación biométrica: Se establecerán las razones por las cuales el sistema no habría entrado en funcionamiento y su compatibilidad con la infraestructura tecnológica.
5. Contratación de mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza, por aproximadamente $1.549 millones: Se verificarán los estudios de mercado, los precios de adquisición y las condiciones de contratación, con especial atención a los posibles sobrecostos.

El camino hacia la responsabilidad fiscal y penal

Si las verificaciones permiten identificar un presunto detrimento patrimonial, la Contraloría adelantará las actuaciones fiscales que correspondan. Asimismo, cuando se adviertan hechos con posible relevancia penal o disciplinaria, se dará traslado a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación, según sus competencias.

El equilibrio entre seguridad nacional y transparencia

"La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos", afirmó el Contralor General. "La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos. Cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables". La Contraloría actuará con rigor técnico, independencia y responsabilidad para establecer si existió algún daño al patrimonio de los colombianos.