El panorama geopolítico de las Américas ha dado un giro radical tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la consolidación de un acuerdo petrolero masivo con las autoridades provisionales de Venezuela. Este pacto contempla la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad para ser comercializados a precios de mercado. El anuncio marca el inicio de una nueva etapa de influencia estadounidense sobre los recursos naturales venezolanos, apenas setenta y dos horas después del fin de la era de Nicolás Maduro.
¿Qué incluye el acuerdo y quién controlará los ingresos?
A través de su plataforma Truth Social, Trump detalló que el petróleo se transportará en buques de almacenamiento directamente hacia los muelles de descarga en Estados Unidos. Un punto crucial del acuerdo es que el propio presidente de EE. UU. ha afirmado que él controlará el flujo de dinero resultante de las ventas. El objetivo declarado es garantizar que los beneficios se distribuyan entre el pueblo venezolano y el estadounidense, evitando el desvío de fondos que caracterizó a administraciones anteriores. Para operativizar esta orden, se ha instruido al secretario de Energía, Chris Wright, para que ejecute el plan sin dilaciones.
Nueva era energética: El impacto del acuerdo Trump-Rodríguez en Venezuela
El trasfondo: la captura de Maduro y el nuevo escenario político
Este acuerdo petrolero no es un evento aislado, sino la consecuencia económica directa de la operación militar en Caracas y sus alrededores, la cual culminó con la captura de Nicolás Maduro y dejó un saldo de más de cincuenta personas fallecidas. Maduro, derrocado tras la intervención, ya ha sido trasladado a Nueva York, donde se declaró «no culpable» de los cargos de narcoterrorismo ante la justicia estadounidense. Tras su caída, Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada ante la Asamblea Nacional, siendo reconocida de inmediato por la Administración Trump como la interlocutora legítima para el gobierno de transición.
Preparativos logísticos y el interés de las petroleras estadounidenses
Incluso antes del anuncio formal de Trump, la maquinaria petrolera ya mostraba signos de reactivación. Según informes de Bloomberg, la compañía Chevron —la única firma estadounidense que mantenía licencias de exportación vigentes bajo el régimen de sanciones— envió al menos once buques cisterna hacia puertos en el Caribe venezolano durante la primera semana de enero. Esta cifra supera la actividad registrada en diciembre, lo que sugiere una preparación logística previa para el flujo masivo de crudo. Grandes petroleras como ExxonMobil también han mostrado un interés renovado en reactivar la industria venezolana, viendo la situación actual como una oportunidad para expandir negocios en un país que ostenta las mayores reservas de crudo del mundo.
Nueva era energética: El impacto del acuerdo Trump-Rodríguez en Venezuela
¿Cooperación o tensión? La compleja relación bilateral
A pesar de la disposición para trabajar en una agenda conjunta, la relación entre el gobierno interino de Rodríguez y la Casa Blanca no está exenta de conflictos. Delcy Rodríguez ha mantenido un discurso firme de rechazo a la intervención externa y ha asegurado que no hay agentes extranjeros dentro de su gobierno. Sorprendentemente, mientras firma acuerdos energéticos con Trump, Rodríguez no ha dejado de exigir el regreso de Maduro a Venezuela. Por su parte, el equipo de Trump, encabezado en comunicaciones por figuras como Marco Rubio, ha presionado por un «acceso total» a los recursos naturales bajo la amenaza de nuevas oleadas de ataques si no hay cooperación plena.
La producción petrolera de Venezuela se encuentra muy por debajo de su potencial histórico debido a años de desinversión y sanciones internacionales. El éxito de este acuerdo de 50 millones de barriles dependerá de la estabilidad del gobierno de transición y de la capacidad de las petroleras estadounidenses para rehabilitar la infraestructura dañada en suelo venezolano. Por ahora, el crudo venezolano vuelve a ser el eje central de la política exterior de Washington en el hemisferio.
Nueva era energética: El impacto del acuerdo Trump-Rodríguez en Venezuela
La arquitectura financiera del Mercado de Energía Mayorista (MEM) de Colombia enfrenta su prueba más severa, derivada de la crítica situación de la empresa Air-e. Con una deuda vencida que supera los 2.5 billones de pesos al cierre de 2025, esta compañía, que atiende a aproximadamente el 12% de la demanda nacional de energía (principalmente en la región Caribe), se ha convertido en un elemento de riesgo sistémico.
El Gobierno Nacional, en un intento por evitar un colapso en cascada, ha presentado un proyecto de resolución que propone un mecanismo extraordinario de recaudo.
La medida busca inyectar liquidez al sistema cobrando a todos los usuarios finales del país un valor adicional temporal por la energía que consumen.
El impuesto invisible en tu factura de la luz
La propuesta gubernamental establece que, de manera transitoria, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) integrará un cobro adicional de $8 por kilovatio-hora (kWh) en las facturas de luz de todos los colombianos. Este valor se sumaría al componente de «restricciones» de la factura.
La justificación del Ministerio de Minas y Energía se centra en garantizar la «confiabilidad y continuidad» del servicio eléctrico nacional.
Según sus análisis, el incumplimiento de pago de Air-e tiene el potencial de arrastrar financieramente a otras comercializadoras y generadoras, poniendo en jaque a empresas que atienden a casi el 40% del país.
Escenarios simulados por el administrador del sistema, XM, muestran que, bajo condiciones de precios altos, al menos 20 comercializadoras entrarían en graves dificultades debido a su exposición financiera en el mercado.
Un debate que cuestiona la justicia y la gestión del sistema
Esta medida ha desatado una ola de críticas y un profundo debate. Distintos actores del sector energético y analistas acusan al Gobierno de trasladar a los bolsillos de los ciudadanos la responsabilidad que le corresponde por fallas en la supervisión, la intervención tardía de la empresa y el pago oportuno de subsidios.
El argumento central es que se está socializando una pérdida privada y penalizando a usuarios eficientes y cumplidos por el fracaso de una empresa en específico.
La resolución propuesta estará en periodo de consulta pública hasta finales de enero, y otorga a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) un plazo de seis meses para diseñar un esquema de confiabilidad financiera definitivo.
Mientras tanto, la crisis de Air-e deja al descubierto vulnerabilidades estructurales en el sistema de pagos del MEM y plantea una pregunta incómoda: ¿Deben todos los colombianos financiar el rescate de una empresa regional para evitar un apagón nacional?
La respuesta a este interrogante no solo definirá la estabilidad del sistema en el corto plazo, sino que sentará un precedente crucial sobre la gestión de riesgos y la justicia tarifaria en Colombia para 2026 y los años siguientes.
La recuperación del río Bogotá, una prioridad de orden judicial y ambiental en Colombia, sigue siendo un compromiso de las autoridades.
En una acción reciente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), junto con el grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, ejecutó un operativo de control en el municipio de Chocontá, específicamente en la vereda Chingacio.
El objetivo era claro: frenar una fuente de contaminación que afectaba directamente el cauce del río. Durante la diligencia, se logró captar en flagrancia a una curtiembre local que realizaba vertimientos de aguas residuales sin ningún tipo de control, provenientes del proceso industrial de curtido de pieles.
Este hallazgo representa un paso significativo en la lucha por descontaminar esta importante arteria hídrica de la sabana.
La evasión deliberada: la trampa de la planta de tratamiento «fantasma»
Lo más preocupante del caso, según explicó Bryan Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR, no fue la falta de infraestructura, sino la evasión deliberada.
La curtiembre en cuestión contaba con un permiso de vertimiento legal y, en apariencia, con una planta de tratamiento operativa.
Sin embargo, la inspección técnica reveló una maniobra calculada: las descargas contaminantes observadas no provenían del punto autorizado.
Los técnicos descubrieron que existía una distancia de aproximadamente 40 metros entre el punto de vertimiento legal y el punto de descarga ilegal detectado.
Esta desconexión permitía a la empresa liberar directamente al río un cóctel químico de alta toxicidad, sin someterlo al proceso de descontaminación requerido, burlando así la ley y los controles ambientales.
Impacto confirmado y un mensaje de cero tolerancia
Las pruebas de laboratorio realizadas por la Unidad de Investigación y Gestión Ambiental (UIGA) de la CAR confirmaron el grave impacto.
Los análisis indicaron que las aguas vertidas superaban con creces los límites permisibles de contaminantes establecidos por la normativa nacional.
La afectación es multidimensional: el agua del río recibe una carga química tóxica que daña la vida acuática, mientras el suelo circundante sufre degradación por la filtración de estas sustancias. Además, se evidenció un manejo negligente de residuos peligrosos y de los envases de los productos químicos utilizados.
Frente a esto, Martínez fue enfático: «Nuestras acciones de control y vigilancia en el río Bogotá no se detienen». Reiteró que estas intervenciones son parte de una estrategia integral que busca hacer cumplir la Sentencia del río Bogotá, asegurando que los esfuerzos y la inversión pública en la recuperación del afluente no se vean saboteados por actores industriales irresponsables.
El 2026 presenta cambios importantes para los conductores en Colombia, derivados del nuevo salario mínimo de $1.750.905. Entre ellos destaca el costo de las multas de tránsito, en especial la relacionada con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Circular sin este documento vigente es una infracción grave tipo D.2. No contar con el SOAT al día implica una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (Smdlv), que para este año asciende a aproximadamente $1.750.890. Además, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo de inmediato. Esto genera costos adicionales por grúa y estadía en patios autorizados, con un valor estimado de $58.363 diarios. Estos gastos se acumulan hasta que se cancele la multa y se presente el seguro actualizado.
Guía completa del SOAT 2026: Nuevos costos, multas y cifras del sector
Ajustes en tarifas y alcance de la cobertura
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) estableció dos tipos de ajuste para las tarifas del SOAT en 2026:
Categorías con rango diferencial por riesgo: incremento del 5,17%, ligado a la variación de la Unidad de Valor Tributario (UVT).
Para el 50% restante del parque automotor: aumento del 0,38%.
Es fundamental recordar que el SOAT es un seguro de daños corporales, no de daños materiales. Cubre gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios, funerarios y compensaciones por incapacidad permanente para ocupantes del vehículo y peatones afectados, sin importar quién causó el accidente.
Datos del sector asegurador
Según el análisis de la SFC:
El parque automotor asegurado creció un 7%, pasando de 9,9 millones a cerca de 10,6 millones de pólizas expedidas.
La frecuencia de accidentes (afectados por cada 100 pólizas) bajó del 9,3% en 2024 al 8,2% en 2025.
No obstante, la severidad aumentó: el costo promedio por víctima subió de $2.600.000 a $2.800.000.
La siniestralidad general del seguro (porcentaje de la prima usada para atender víctimas) disminuyó un 4,9% entre 2024 y 2025.
Opciones para adquirir el SOAT
Guía completa del SOAT 2026: Nuevos costos, multas y cifras del sector
Para evitar multas y garantizar la protección, los conductores pueden adquirir el seguro a través de múltiples canales:
Virtual: Aplicaciones de aseguradoras (Seguros del Estado, SURA, AXA Colpatria), entidades bancarias (Davivienda, Scotiabank) o billeteras digitales (Nequi, Rappi).
Físico: Puntos de venta en bancos y sedes de aseguradoras.
Cumplir con esta obligación no solo prevé sanciones económicas, sino que asegura una red de atención médica inmediata en las vías del país.
La región del Sumapaz, con Fusagasugá como su eje político y geográfico, se prepara para una de las contiendas electorales más relevantes de los últimos años. La meta es clara: recuperar la representación directa en la Cámara de Representantes para asegurar que las decisiones nacionales tengan en cuenta las necesidades locales en materia de salud, infraestructura vial y desarrollo agropecuario. Según analistas locales, no se trata solo de nombres, sino de una inversión estratégica en gestión de presupuesto y control político.
¿Quiénes son los candidatos en competencia?
La baraja de candidatos ofrece una mezcla entre experiencia administrativa, liderazgos tradicionales y relevos generacionales.
1. Jairo Hortúa Villalba (Alianza Verde): El exalcalde y abogado llega a la competencia con el impulso de su reciente mandato en la «Ciudad Jardín». Su juventud y preparación técnica lo posicionan como un candidato de proyección. Cuenta con el respaldo político del senador Ariel Ávila. Su objetivo principal es consolidar la votación más alta de la ciudad para fortalecer su peso en el escenario nacional.
Elecciones al Congreso: La disputa estratégica por el liderazgo del Sumapaz
2. Iván Parrado (Cambio Radical): Representa la experiencia en la gestión pública. Con dos periodos en el Concejo de Fusagasugá y un paso por la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca bajo la administración de Jorge Emilio Rey, Parrado busca fortalecer la estructura de su partido en la región. Tiene el respaldo del actual alcalde, William García.
Elecciones al Congreso: La disputa estratégica por el liderazgo del Sumapaz
3. Edgar Cruz García (Partido Liberal): El exdiputado se enfrenta a lo que muchos llaman su «prueba de fuego». Habiendo militado anteriormente en filas uribistas, su reto actual es demostrar autonomía y un caudal electoral propio dentro del liberalismo. Cruz es reconocido por su trabajo social y una hoja de vida sin escándalos ni investigaciones, liderando las banderas liberales en el Sumapaz.
Elecciones al Congreso: La disputa estratégica por el liderazgo del Sumapaz
4. Julio Roberto Salazar (Conservador): Como congresista actual, Salazar basa su campaña en resultados legislativos tangibles. Ha radicado 13 proyectos de ley, entre los que destacan el fortalecimiento de las UMATA, la creación de la Agencia de Comercialización y Dignidad Agropecuaria, y la estampilla para la atención integral de personas con discapacidad. Su enfoque principal es la protección del campesino y la comercialización justa de productos.
Elecciones al Congreso: La disputa estratégica por el liderazgo del Sumapaz
5. Divier Rodrigo Rodríguez (Partido de la U): Es la apuesta joven de su partido. Fue edil y obtuvo una de las votaciones más altas al Concejo en elecciones pasadas. Su trayectoria incluye la coordinación del Partido Ecologista y asesorías en el despacho del gobernador Jorge Emilio Rey. Rodríguez destaca por su cercanía con los sectores culturales y grupos de danza del departamento, prometiendo ser una sorpresa en las urnas.
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¿Por qué es crucial tener un representante regional propio?
Líderes de la zona insisten en que tener un representante «de la casa» es vital por tres razones fundamentales:
Gestión de Presupuesto: Un congresista tiene voz directa en la repartición de fondos para hospitales y escuelas.
Control Político: Es la figura encargada de exigir cuentas sobre obras nacionales, como la necesaria doble calzada hacia el sur.
Identidad Regional: Evita que el territorio dependa de líderes externos que solo visitan la zona durante las campañas.
El clima político en Fusagasugá se encuentra «al rojo vivo», y la participación ciudadana será el factor determinante para transformar estas aspiraciones en una realidad legislativa que impulse el desarrollo del sur de Cundinamarca.
La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento de alta fricción tras las declaraciones de Donald Trump sobre el supuesto avance del narcotráfico en el país sudamericano.
El presidente Gustavo Petro, lejos de retroceder, ha utilizado sus redes sociales y canales oficiales para defender su política antidrogas, calificando las acusaciones de «irracionalidad política» y exhibiendo resultados que considera sin precedentes.
¿En qué cifras se basa la defensa del Gobierno Petro?
Tensión diplomática: Petro exhibe cifras históricas contra el narcotráfico ante críticas de Trump
El eje central de la defensa de Petro reside en el volumen de estupefacientes decomisados.
Según el mandatario, su administración ha logrado la incautación certificada de 2.800 toneladas de cocaína, una cifra que ningún otro gobierno colombiano o extranjero habría alcanzado anteriormente.
La meta establecida para el cierre de su cuatrienio es de 3.500 toneladas. Petro sostiene que estas operaciones han tenido un impacto directo en la salud pública de Estados Unidos, al impedir que 32.000 millones de dosis llegaran a los consumidores de ese país.
Un cambio de estrategia: incautación sobre erradicación
Petro enfatizó que su estrategia difiere radicalmente de las anteriores al haber ordenado, desde el inicio de su mandato, priorizar la interceptación de cargamentos y el desmantelamiento de mafias sobre la aspersión con glifosato en territorios rurales.
«Di la orden de dejar de envenenar campesinos pobres», afirmó, defendiendo el enfoque de sustitución voluntaria frente a la erradicación forzosa.
Según el presidente, el ritmo de incautación crece hoy más rápido que los propios cultivos, lo que debilita la rentabilidad de las organizaciones criminales, resultando en 700 extraditados durante su gestión.
Comparativa con gobiernos anteriores y movilización ciudadana
Tensión diplomática: Petro exhibe cifras históricas contra el narcotráfico ante críticas de Trump
En su argumentación, Petro incluyó una comparativa estadística con la administración de Iván Duque.
Aseguró que en sus tres años de gobierno los cultivos ilícitos crecieron unas 14.500 hectáreas (aproximadamente un 5%), mientras que en un solo año del periodo anterior (2020-2021), el incremento fue de casi 15.000 hectáreas.
Atribuyó el fracaso del control de cultivos en el pasado al abandono del programa PNIS (sustitución voluntaria) debido a lo que llamó «el odio uribista a los acuerdos de paz».
Ante lo que percibe como una falta de reconocimiento, el presidente colombiano lamentó que, en lugar de recibir agradecimiento por el sacrificio de soldados y policías colombianos, se le acuse falsamente.
En este contexto, el gabinete ministerial convocó a una movilización ciudadana para el miércoles 7 de enero, con el fin de reafirmar la soberanía del país y mostrar apoyo popular al Gobierno frente a las presiones externas.
Finalmente, Petro concluyó que el problema de las drogas no se soluciona solo con pagos desde Bogotá o con críticas internacionales, sino mediante la transformación real de los territorios más pobres y excluidos de Colombia, donde la hoja de coca es vista como la única solución para subsistir.
Criticó que Estados Unidos retire apoyos mientras cuestiona la eficacia de un aliado que, según sus datos, está entregando los mejores resultados de la historia en la lucha contra el tráfico de cocaína.
Mientras el ambiente político entre Bogotá y Washington atraviesa uno de sus momentos más complejos debido a las declaraciones cruzadas entre sus mandatarios, los números cuentan una historia de estabilidad y pragmatismo empresarial. Según el último reporte de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), el vínculo económico cerró el año 2025 con una solidez envidiable, reafirmando a Estados Unidos como el aliado comercial indispensable para el desarrollo colombiano.
Exportaciones: Diversificación y beneficios arancelarios El volumen de las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense alcanzó los US$12.411,4 millones entre enero y octubre de 2025, lo que equivale al 30% del total nacional. Sin embargo, la noticia más alentadora para la industria local es la composición de estas ventas: el 65% corresponde a bienes no minero-energéticos. Este avance en la diversificación permite que la economía colombiana sea menos dependiente de los precios internacionales del petróleo y el carbón. Un factor decisivo ha sido la vigencia del Tratado de Libre Comercio, que hoy habilita 11.497 partidas arancelarias para exportar, y el programa PTAAP, que ofrece exenciones adicionales para productos agrícolas y farmacéuticos.
Inversión y remesas: El flujo constante que sostiene la economía
El blindaje económico: Por qué la relación comercial Colombia-EE. UU. resiste a la diplomacia
El capital estadounidense sigue fluyendo hacia Colombia con fuerza. Entre enero y septiembre de 2025, la inversión desde el país norteamericano sumó US$3.375,4 millones, representando el 37% del total. Los sectores beneficiados son diversos: desde comercio y telecomunicaciones hasta industria manufacturera y agricultura.
A esto se suma el papel vital de las remesas, que crecieron un 7% y aportaron US$7.200 millones a la economía de los hogares colombianos solo en el primer semestre de 2025.
Un flujo bidireccional vital: Insumos tecnológicos y turismo
Importaciones y Turismo: Un flujo bidireccional La relación no es solo de venta, sino de abastecimiento crítico. AmCham resalta que cerca del 70% de los bienes importados desde EE. UU. son insumos que no se fabrican en Colombia y que resultan esenciales para las cadenas productivas tecnológicas e industriales del país. Por el lado del turismo, el vínculo también es estrecho: 974.783 estadounidenses visitaron Colombia hasta octubre de 2025, consolidándose como el principal origen de turistas extranjeros no residentes con una participación del 26%.
Conclusión: Un socio histórico Históricamente, Colombia ha sido el mayor receptor de asistencia económica de EE. UU. en el Hemisferio Occidental durante las últimas cinco décadas. A pesar de los discursos beligerantes en el ámbito político, las más de 3.000 compañías colombianas que exportan cada año a este destino demuestran que el tejido empresarial ha logrado construir un ecosistema de negocios que opera con una lógica de largo plazo, independiente de las coyunturas presidenciales.
En resumen, la economía bilateral funciona como un buque de gran calado: aunque las olas políticas en la superficie sean turbulentas, su estructura sumergida es lo suficientemente fuerte para mantener el rumbo de la prosperidad compartida.
El centro de la Sabana de Bogotá se enfrenta a un escenario de vulnerabilidad hídrica sin precedentes antes del inicio formal de la temporada seca. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ballesteros, ha convocado a una mesa de trabajo estratégica con alcaldes de municipios clave como Cajicá, Zipaquirá, Sopó y Tocancipá, además de representantes de los principales sectores productivos, para analizar la alarmante disminución de las fuentes superficiales y el descenso sostenido de los embalses en el centro del país.
La prioridad del consumo humano La postura de la autoridad ambiental es tajante: aunque existe un compromiso con el desarrollo económico, la supervivencia de la población es el eje rector de la gestión del agua. «No es posible aumentar captaciones a las empresas y plantas ubicadas en la Sabana de Bogotá pues, sin haber empezado la temporada seca, ya presentamos déficit», subrayó Ballesteros. Esta declaración pone un freno a las pretensiones de expansión industrial que dependan de un mayor uso del recurso hídrico, marcando una hoja de ruta donde la eficiencia debe ser el motor de la competitividad.
De la invitación a la exigencia: Revisión de concesiones y planes de ahorro
Acciones obligatorias y vigilancia La CAR ha pasado de la invitación a la exigencia. Se anunció una revisión minuciosa de las concesiones vigentes y un seguimiento estricto a los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). Lo que antes se consideraba una recomendación frente al cambio climático, ahora es una medida obligatoria bajo la lupa institucional. El director recordó que desde finales de 2025 se instó a las empresas de servicios públicos a activar planes de contingencia para evitar situaciones críticas de desabastecimiento, un riesgo que ya se ha materializado en algunos municipios bajo regímenes de racionamiento.
Nuevo modelo territorial: La suburbanización presiona el recurso
Hacia un nuevo modelo de ordenamiento Uno de los puntos más críticos discutidos fue el ordenamiento territorial. La CAR alertó que el crecimiento desbordado de los municipios y los fenómenos de suburbanización están ejerciendo una presión insostenible sobre el agua. Ballesteros insistió en que los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) deben ser revisados bajo una premisa de responsabilidad hídrica, pues de lo contrario, la misma permanencia de las industrias en el norte de la Sabana estará en riesgo.
Corresponsabilidad privada: Inversión en pozos, reservorios y páramos
Inversión privada y sostenibilidad Finalmente, el llamado de la CAR fue a la corresponsabilidad. Se pidió a los industriales no solo cumplir con la ley, sino liderar la transformación mediante:
Financiación de proyectos de exploración de nuevos pozos subterráneos y construcción de reservorios.
Adopción de programas de circularidad y aprovechamiento técnico de aguas lluvia.
Inversión relevante en la compra de predios de importancia hídrica para la protección de páramos y proyectos de restauración que alimenten los acuíferos. Esta crisis hídrica actúa como un recordatorio de que el agua es el cimiento de cualquier sociedad; pretender crecer ignorando su escasez es como intentar construir un rascacielos sobre arena movediza.
El inicio del calendario escolar de 2026 en Cundinamarca está a la vuelta de la esquina, y con él, la urgencia de asegurar que ningún niño, niña o adolescente se quede fuera de las aulas. El gobernador del departamento, Jorge Rey, ha manifestado su preocupación ante el número de familias que aún no han completado el trámite de matrícula, una cifra que asciende a más de 40.000 estudiantes en los municipios no certificados de la región.
Un avance significativo pero incompleto Según el reporte oficial de la Gobernación, hasta el 6 de enero se han logrado protocolizar 130.000 matrículas. Sin embargo, el rezago de 40.000 estudiantes representa un desafío logístico y social para la administración departamental, que busca garantizar la cobertura educativa en los 108 municipios bajo su jurisdicción directa. «Estamos esperando a los padres de familia en las instituciones educativas para inscribir a sus hijos», enfatizó el mandatario, recordando que la educación es el cimiento de la equidad en el territorio.
Límite 19 de enero: La llave para la alimentación y el transporte escolar
Beneficios en juego: Alimentación y transporte La formalización de la matrícula antes de la fecha límite, fijada para el 19 de enero, no es un capricho burocrático. El gobernador Rey fue enfático al señalar que el cumplimiento de este requisito es la llave de acceso a los programas de bienestar estudiantil. Los servicios de alimentación escolar y transporte se asignan con base en los registros oficiales de matrícula; por lo tanto, aquellos estudiantes que no realicen el trámite a tiempo podrían enfrentar dificultades para acceder a estos apoyos esenciales desde el primer día de clases. Estos servicios son, en muchos casos, la diferencia entre la permanencia de un alumno en el sistema o su deserción por falta de recursos para movilizarse o alimentarse adecuadamente.
Última llamada por la educación en Cundinamarca: 40.000 cupos pendientes por formalizar
Calidad educativa: El sello de excelencia de Cundinamarca
Calidad educativa: El sello de Cundinamarca El llamado del gobernador estuvo acompañado de un mensaje de orgullo institucional. Cundinamarca se ha consolidado como el departamento con los mejores resultados en las Pruebas Saber 11 en todo el país. Para Rey, este logro es fruto del compromiso de las instituciones educativas departamentales con la excelencia y la calidad académica. En este contexto, matricular a los hijos se presenta no solo como una obligación legal, sino como una decisión estratégica para proteger su bienestar y asegurarles un futuro con mejores oportunidades profesionales.
Un llamado urgente a la acción de los padres de familia
Invitación a la acción ciudadana El mandatario instó a los cundinamarqueses a no dejar este trámite para el último momento. El proceso está abierto tanto para estudiantes antiguos, que deben renovar su vinculación, como para estudiantes nuevos que ingresan por primera vez al sistema público departamental. «Este trámite no es solo un requisito administrativo, es una decisión que protege el bienestar de niñas, niños y adolescentes y cuida su futuro», puntualizó el gobernador.
Con el lema «¡A estudiar se dijo!», la Gobernación de Cundinamarca busca cerrar la brecha de matrículas pendientes en los próximos días, asegurando que la infraestructura física y los programas sociales del departamento estén listos para recibir a los más de 170.000 estudiantes que componen su red educativa. La educación, en este sentido, funciona como una orquesta: para que la música del desarrollo suene bien, es indispensable que todos los músicos —en este caso, los estudiantes— estén presentes y registrados desde la primera nota.
Última llamada por la educación en Cundinamarca: 40.000 cupos pendientes por formalizar
Colombia vive un momento de máxima tensión diplomática e interna tras los sucesos ocurridos en Venezuela y las posteriores declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Como respuesta a lo que considera una amenaza directa a la integridad del país y a su propia investidura, el presidente Gustavo Petro ha decidido acudir a su escenario predilecto: la movilización popular.
La cita por la soberanía Bajo el lema «la soberanía popular se mantiene cuando el pueblo actúa unido», el jefe de Estado convocó a una manifestación nacional para este miércoles 7 de enero.
El epicentro de la jornada será la Plaza de Bolívar en Bogotá, citada para las 4:00 p. m., aunque se espera que existan concentraciones similares en las plazas principales de todos los municipios del país.
Petro ha solicitado a los asistentes llevar la bandera de Colombia como un mensaje simbólico hacia el gobierno estadounidense, reafirmando que el país es una nación independiente que no acepta injerencias extranjeras.
El detonante: Las declaraciones de Trump y la amenaza de intervención
El detonante: La sombra de Trump sobre Bogotá La relación entre Petro y Trump ha pasado de la frialdad a la hostilidad abierta.
Luego de la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026, el mandatario norteamericano no ha ahorrado calificativos contra su homólogo colombiano, llamándolo «enfermo» y «líder del narcotráfico».
La preocupación en la Casa de Nariño aumentó cuando Trump, al ser consultado por la prensa, no descartó una acción militar similar en territorio colombiano, afirmando que Petro podría ser «el siguiente». Ante esto, el presidente colombiano ha denunciado que se le mantiene en listas restrictivas (como la lista Clinton/Ofac) como método de presión política.
Críticas de la oposición: Desescalar la tensión, no agitar las calles
Reacciones y críticas de la oposición La convocatoria no ha sido bien recibida por todos los sectores. Representantes de la oposición, como Carolina Arbeláez, han pedido al mandatario que «desescale la tensión» y recurra a los canales diplomáticos tradicionales en lugar de agitar las calles.
Otros líderes, como el expresidente Andrés Pastrana, han sugerido que el llamado a las plazas es una muestra de temor: «Petro es el canciller de Maduro…
Tiene que estar muy asustado», afirmó tras la caída del líder chavista. Asimismo, se han levantado voces críticas que ven en estas marchas una estrategia adelantada de campaña para las elecciones presidenciales de 2026, buscando consolidar un apoyo popular en medio de una crisis internacional.
Notas de protesta y defensa de la política antidrogas
Un gobierno a la defensiva En paralelo al llamado a marchar, el Ejecutivo ha salido a defender sus políticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota de protesta a Washington y ha defendido la política antidrogas de la actual administración, asegurando que se está cerrando el paso al crimen organizado a pesar de las críticas de Trump.
No obstante, la polémica sigue creciendo, alimentada por denuncias penales contra congresistas de oposición y advertencias de gremios municipales sobre el respeto al orden constitucional.
La jornada del 7 de enero se perfila como un termómetro político crucial. Más allá de la defensa de la soberanía, será una prueba de la capacidad de convocatoria de Gustavo Petro en un momento donde la estabilidad regional parece pender de un hilo y las relaciones con el principal socio comercial y militar del país están en su punto más bajo.
