El desarrollo de las zonas rurales en el departamento de Cundinamarca ha dado un paso firme en el municipio de Sasaima.
El gobernador Jorge Rey lideró una jornada de trabajo en la que se formalizaron inversiones estratégicas por un total de $2.500 millones, enfocadas en resolver dos de los desafíos más apremiantes para los habitantes del campo: la conectividad vial y el acceso a fuentes de energía económicas y sostenibles.
Placa huella: conectividad para el progreso agropecuario
El primer eje de esta intervención consiste en la construcción masiva de tramos de placa huella en diversas veredas del municipio.
Según explicó el mandatario departamental, estas vías son fundamentales para el progreso agropecuario, ya que su construcción garantiza que el transporte de las cosechas sea más eficiente y seguro, evitando pérdidas por el mal estado de los caminos y asegurando que los campesinos reciban un pago justo por sus productos al mejorar la cadena logística.
Para la ejecución de estos proyectos, se han establecido alianzas con el municipio y entidades clave como el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) y el Instituto de Acción Comunal y Capital Social (Idaco).
Rey destacó que estas obras no solo se distinguen por su calidad técnica, sino por el componente humano, ya que se realizan con el aporte de la propia comunidad, lo que ayuda a reconstruir el tejido social local.
Energía circular: del estiércol a la cocina y la calefacción
Sasaima a la vanguardia rural: Infraestructura de placa huella y transformación de residuos en energía
Por otro lado, Sasaima se ha convertido en el epicentro de un ambicioso proyecto de economía circular y sostenibilidad ambiental. La iniciativa busca transformar un residuo tradicionalmente problemático, la porcinaza (estiércol de cerdo), en una fuente de energía limpia para el hogar.
A través de una técnica sencilla pero altamente efectiva, los desechos orgánicos de la cría de cerdos se procesan para producir gas doméstico gratuito, una solución que impacta directamente en el ahorro mensual de las familias productoras.
Este programa piloto beneficia actualmente a 29 productores distribuidos en varios sectores, incluyendo casos exitosos como los de Yesid y Mercedes en la vereda La Granja.
Gracias a esta tecnología, los beneficiarios no solo pueden cocinar sus alimentos, sino que también cuentan con calefacción para optimizar sus propios procesos productivos en las granjas, elevando los estándares de bienestar y competitividad.
El proyecto es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Gobernación de Cundinamarca y Porkcolombia, organizaciones que han aportado los recursos necesarios para que esta tecnología sea una realidad accesible para el pequeño productor. Uno de los aspectos más valorados por el gobernador es que la iniciativa no se limita a la entrega de equipos.
El compromiso institucional incluye asistencia técnica y acompañamiento permanente, lo que garantiza que los sistemas de gas limpio sigan funcionando correctamente a largo plazo y que los campesinos se apropien de la tecnología de manera efectiva.
Al finalizar su recorrido, Jorge Rey agradeció a la Alcaldía de Sasaima por la gestión transparente y eficiente de los recursos, reafirmando que el objetivo final de su administración es llevar progreso tangible al campo colombiano.
Con esta combinación de vías modernas y energía renovable, Sasaima proyecta un modelo de desarrollo rural que equilibra el crecimiento económico con la preservación ambiental y la dignificación de la vida campesina.
Sasaima a la vanguardia rural: Infraestructura de placa huella y transformación de residuos en energía
La protección de los recursos naturales en el departamento de Boyacá ha sumado un nuevo capítulo jurídico y técnico. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), actuando bajo su misión de autoridad ambiental, materializó una suspensión de actividades en un predio ubicado en el municipio de Ráquira.
La decisión se tomó luego de que se detectara una construcción que incumplía las normas mínimas de retiro frente a cuerpos de agua, específicamente en la quebrada Ánimas, una fuente vital para el ecosistema local.
El operativo fue liderado por la Dirección Regional Chiquinquirá, cuyos profesionales realizaron una inspección técnica motivada por alertas de la comunidad. Durante la visita, se pudo constatar que la edificación se encontraba a una distancia de apenas 10 metros del cauce.
Esta situación contraviene la regulación ambiental vigente, la cual estipula que debe respetarse una franja de protección de al menos 30 metros alrededor de las fuentes hídricas para salvaguardar el ciclo del agua y la biodiversidad asociada.
Según el director regional, Yiber González, la obra no contaba con ningún tipo de autorización por parte de la autoridad ambiental, lo que obligó a una intervención inmediata.
Medida preventiva y un compromiso firme con la ley
«La CAR reitera su compromiso con la defensa del agua y el bienestar de las comunidades», afirmó González al explicar que la resolución ordena el cese total de cualquier actividad de construcción, adecuación o movimiento de tierras en el área protegida.
La medida tiene un carácter preventivo, diseñado para evitar que la afectación ambiental continúe mientras se desarrollan las etapas administrativas del caso.
La institución recordó a los ciudadanos que las rondas hídricas son zonas de especial importancia ecológica y que las prohibiciones de construcción en ellas no son discrecionales, sino fundamentales para prevenir riesgos de inundación y contaminación.
Esta actuación no es un hecho aislado. La Dirección Regional de Chiquinquirá reportó que, a lo largo del año 2025, ha impuesto y ejecutado cinco medidas preventivas adicionales.
Estas acciones son el resultado de un modelo de gestión que prioriza la atención a denuncias ciudadanas y el control riguroso del territorio.
La corporación ha sido enfática en que el cumplimiento de la ley ambiental es un requisito indispensable para el desarrollo urbano sostenible en los municipios de su jurisdicción.
¿Qué sigue? Un proceso sancionatorio en marcha
El futuro del predio en Ráquira ahora depende de un proceso técnico y jurídico más profundo. La CAR anunció que el caso seguirá los lineamientos de la Ley 1333 de 2009, el régimen sancionatorio ambiental de Colombia, para determinar las responsabilidades de fondo y las posibles sanciones económicas o de demolición que correspondan.
Mientras tanto, el equipo técnico mantendrá un seguimiento constante para asegurar que la suspensión se mantenga y que no se realicen nuevas intervenciones que pongan en peligro la quebrada Ánimas.
Con estas acciones, la autoridad ambiental busca sentar un precedente sobre la importancia de respetar los límites de la naturaleza frente al avance de la infraestructura humana.
El panorama del consumo en Colombia ha experimentado una transformación radical impulsada por gigantes del comercio digital como Shein y Temu.
Esta tendencia no solo ha modificado los hábitos de compra, sino que ha captado la atención de las autoridades fiscales debido al volumen de dinero y mercancía que circula fuera de los canales tradicionales de importación.
De acuerdo con las cifras reveladas por la DIAN, las importaciones de bajo valor (entre US$50 y US$200) se han consolidado como un pilar del comercio electrónico, sumando un valor en aduanas de $3,96 billones durante el año 2024.
El comportamiento de estas compras muestra una curva ascendente preocupante para quienes buscan estabilidad en la balanza comercial. Mientras que en el primer semestre de 2024 se registraron $1,5 billones en envíos, la cifra saltó a $2,3 billones en la segunda mitad del año.
Este frenesí comprador alcanzó su punto máximo en diciembre, impulsado por las festividades de fin de año, mes en el que se reportaron ingresos de mercancía por valor de $526.461 millones.
La respuesta del gobierno: un IVA del 19% y grandes expectativas de recaudo
Ante esta realidad, el Gobierno Nacional ha decidido intervenir mediante la aplicación de un IVA del 19% para envíos en este rango de precios, apostando a un recaudo de $406.000 millones para el año 2026.
Sin embargo, la implementación de este impuesto enfrenta serios cuestionamientos técnicos y de mercado. Juan Pablo Díaz Castaño, asociado tributario en Holland & Knight, sugiere que el impacto será parcial.
Según su análisis, aunque el encarecimiento de los productos podría disuadir la compra de bienes prescindibles, la demanda estructural se mantendrá firme en categorías como tecnología y moda que no tienen competencia local fuerte.
Díaz también advierte sobre un posible «efecto rebote», donde los usuarios simplemente migren sus compras hacia el umbral inferior a los US$50 para evitar el gravamen, lo que volvería inciertos los resultados fiscales.
El gran desafío: evasión y la colosal tarea de fiscalización
Desde una perspectiva legal, Karen Hernández, socia de Galo Estudio Legal, plantea un escenario de riesgo mayor: la evasión.
Hernández señala que la presión fiscal en un entorno de crecimiento moderado incentiva a los ciudadanos a buscar mecanismos para eludir el pago, tales como el fraccionamiento de pedidos o el uso de intermediarios.
Para la experta, el costo operativo que la DIAN tendría que asumir para fiscalizar millones de paquetes pequeños podría terminar superando el beneficio neto del recaudo, desvirtuando el objetivo de la medida.
La magnitud del reto de fiscalización queda en evidencia al observar los datos del sector postal. Según la Cuenta Satélite citada por el DANE, en el tercer trimestre de 2025 ingresaron al país 12,4 millones de paquetes, un incremento del 97,3% frente al mismo periodo de 2024.
En el acumulado anual de 2025, la cifra superó los 37 millones de envíos, casi duplicando la actividad del año anterior. Esta avalancha de paquetes internacionales pone a prueba no solo la logística nacional, sino la capacidad del Estado para regular un mercado digital que fluye mucho más rápido que sus leyes.
En conclusión, mientras el Gobierno ve en Shein y Temu una fuente necesaria de ingresos tributarios, los expertos advierten que el consumidor colombiano siempre encontrará la forma de adaptar su bolsillo a la nueva realidad digital.
El municipio de Sasaima está liderando un cambio de paradigma en el uso del suelo urbano y la convivencia social en Cundinamarca.
La administración municipal anunció la construcción de un nuevo parque deportivo, lúdico y recreativo en un predio que, por décadas, fue símbolo de abandono y maltrato animal: la antigua plaza de toros y sus caballerizas.
A través de un convenio interadministrativo por un valor de $2.800 millones, este espacio será transformado en un epicentro de bienestar para niños, jóvenes y familias.
Un megaparque para suplir una necesidad crítica
Transformación urbana en Sasaima: De plaza de toros a centro de vida
El proyecto surge de una necesidad crítica identificada por la alcaldía: el casco urbano de Sasaima carecía de espacios públicos adecuados para el encuentro comunitario y el aprovechamiento del tiempo libre.
La nueva infraestructura contará con instalaciones de primer nivel, incluyendo una pista de patinaje, tableros de baloncesto, un gimnasio al aire libre y áreas de recreación pasiva.
Además, se contemplan juegos infantiles y baterías sanitarias modernas, garantizando que el parque sea funcional para todas las generaciones de forma permanente.
Inversión en talento: el deporte como motor de convivencia
El impacto social de esta obra se refleja en el fortalecimiento del talento local. Actualmente, Sasaima cuenta con 13 escuelas de formación deportiva, de las cuales nueve fueron creadas durante la presente administración.
El municipio no solo provee la infraestructura, sino que también financia a los formadores encargados de guiar a los jóvenes atletas. «Invertir en deporte es invertir en bienestar, convivencia y futuro», señaló la administración local al explicar que este parque será la sede principal para que estas escuelas desarrollen su potencial en un ambiente seguro y moderno.
Este esfuerzo de renovación urbana se suma a otras inversiones rurales en el municipio, como los $2.500 millones destinados a placa huellas y proyectos de energía sostenible con porcinaza.
La visión integral de Sasaima busca reconstruir el tejido social mediante la dignificación de los espacios públicos y el apoyo directo a los productores y jóvenes.
La recuperación del predio de la plaza de toros es, en última instancia, una metáfora del progreso municipal: convertir un sitio subutilizado y de controversia en un lugar de salud, integración y desarrollo recreativo para toda la comunidad.
Transformación urbana en Sasaima: De plaza de toros a centro de vida
La dinámica política entre Estados Unidos y la oposición venezolana entrará en una nueva fase la próxima semana con la visita oficial de María Corina Machado a la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump confirmó la noticia durante una entrevista televisiva, manifestando su entusiasmo por saludar personalmente a la figura central de la resistencia contra el régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, lo que parece ser un gesto de unidad diplomática esconde profundas grietas y desacuerdos sobre el liderazgo de Venezuela y la validez de los reconocimientos internacionales.
La polémica del Nobel: un galardón que divide
Uno de los puntos más polémicos de la agenda es el Premio Nobel de la Paz recientemente otorgado a Machado. En una muestra de deferencia, la líder opositora sugirió que le gustaría entregar el galardón a Trump, atribuyéndole el mérito de haber facilitado el camino hacia la democracia en su país.
El presidente estadounidense respondió que sería «un gran honor» recibirlo, pero la burocracia en Oslo ha frenado cualquier intento de transferencia simbólica o física del premio.
El Instituto Nobel, a través de su portavoz Erik Aasheim, fue categórico al afirmar que un Nobel es una decisión permanente, intransferible y que no puede ser revocada, aunque el galardonado tiene libertad total sobre el uso del dinero del premio.
La controversia del Nobel no termina ahí. Trump, quien ha mencionado en repetidas ocasiones sus propios méritos para recibir dicho galardón, calificó como «vergonzoso para Noruega» el hecho de que Machado fuera la elegida.
El mandatario argumentó que él ha «terminado ocho guerras» y que su trabajo ha sido ignorado por el comité noruego, al que acusó de estar influenciado por intereses externos.
Ante estas acusaciones, el gobierno noruego respondió aclarando que las autoridades del país no tienen ninguna injerencia en las decisiones independientes del Comité Nobel.
El fondo del asunto: desconfianza sobre el liderazgo de la transición
Más allá de los premios, el núcleo del conflicto radica en la visión de Trump sobre el gobierno de transición en Venezuela. A pesar de haber facilitado la captura de Maduro, el presidente estadounidense ha sido mordaz al referirse a Machado, afirmando que «no goza de apoyo ni de respeto en su país» y sentenciando que no posee las cualidades necesarias para ejercer el poder ejecutivo.
Estas declaraciones contrastan con el tono conciliador que Machado ha intentado mantener, agradeciendo públicamente a Trump por la captura del dictador y reafirmando su intención de regresar pronto a Venezuela para liderar el cambio.
El encuentro de la próxima semana será determinante para esclarecer si Trump está dispuesto a reconocer a Machado como la líder legítima de la transición o si buscará otras figuras que se alineen mejor con su visión pragmática de la región.
Mientras Machado viaja con el respaldo de un Nobel que Trump cuestiona, el presidente estadounidense se prepara para una reunión donde la gratitud y la crítica política caminarán de la mano.
Venezuela observa con cautela, sabiendo que el resultado de esta cita en Washington marcará el rumbo de las relaciones bilaterales y la estabilidad del nuevo orden político tras la caída del chavismo.
El inicio del año 2026 trae consigo un ajuste significativo en el costo de vida para los habitantes de la capital colombiana. La Alcaldía de Bogotá oficializó que, a partir del 14 de enero, la tarifa del sistema TransMilenio tendrá un incremento del 10,6% al 10,9%, fijando el valor del pasaje en $3.550.
Esta decisión ha desatado una fuerte controversia política, especialmente tras las declaraciones del Ministerio de Trabajo, que calificó la medida como una «canallada» destinada a atacar el reciente aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.
La explicación técnica: un salario mínimo que desajusta los cálculos
Desde la perspectiva técnica, la administración distrital explicó que el ajuste no es una decisión discrecional, sino una respuesta forzada a la realidad macroeconómica del país.
Inicialmente, las modelaciones financieras de TransMilenio S.A. proyectaban un aumento de solo $250 (un 7,4%), basándose en la expectativa de que el salario mínimo subiría cerca del 11%.
Sin embargo, el decreto del Gobierno Petro, que fijó un alza del 23% en el salario mínimo, obligó a rehacer todos los cálculos de operación del sistema. Dado que el transporte público es un servicio esencial que moviliza más de cuatro millones de viajes diarios, la sostenibilidad financiera del sistema se vio comprometida por el aumento en los costos de personal y mantenimiento.
Pulso por el transporte en Bogotá: TransMilenio sube a $3.550 impulsado por el salario mínimo
Medidas de alivio y una guerra de fondos por la flota eléctrica
Para mitigar el impacto en los bolsillos de los ciudadanos, el Distrito anunció que mantendrá los esquemas de protección social. Las poblaciones vulnerables, que incluyen a adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios de los grupos A y B del Sisbén, seguirán gozando de pasajes gratuitos o subsidiados.
Una de las noticias más relevantes para los viajeros frecuentes es que el valor del TransMiPass (el abono mensual) no tendrá modificaciones durante todo el año 2026.
Con esto, la administración busca incentivar el uso legal del sistema y proteger a quienes dependen exclusivamente del transporte masivo para su movilidad laboral.
A pesar de estas medidas, el enfrentamiento entre el Palacio de Liévano y la Casa de Nariño es evidente. El Ministro de Trabajo anunció que, como respuesta al alza tarifaria, el Gobierno nacional no aportará recursos para la integración de la nueva flota eléctrica de buses en Bogotá, lo que añade una capa de incertidumbre sobre la transición energética del sistema.
Mientras tanto, la gerencia de TransMilenio insiste en que el ajuste garantiza la operación ininterrumpida frente a un escenario económico más exigente.
La protección de la biodiversidad en Cundinamarca celebró un nuevo triunfo con la emotiva liberación de una perezosa de dos dedos (Choloepus hoffmanni) y su cría en los bosques del municipio de Pacho.
Esta historia de conservación comenzó con un acto de alerta ciudadana y acción institucional. La Policía de Carabineros encontró a los dos especímenes en una vía rural cercana a Villagómez, donde se encontraban en inminente riesgo de ser atropellados o capturados de manera ilegal.
Inmediatamente, los entregaron a la Dirección Regional Rionegro de la CAR, dando inicio a un protocolo de atención para fauna silvestre en condición de vulnerabilidad.
La carrera contra el tiempo: 72 horas de cuidados intensivos
Al momento de la recepción, el diagnóstico inicial del equipo veterinario de la CAR encendió las alarmas. Ambos animales presentaban un cuadro severo de deshidratación, y la madre, además, tenía una laceración en la parte frontal de su cabeza.
Fueron sometidos a un período de custodia y observación técnica de 72 horas, donde se implementó un riguroso protocolo de estabilización.
Este incluyó la limpieza y desinfección quirúrgica de la herida y un régimen constante de hidratación oral y alimentación especializada.
La respuesta positiva de la madre y su cría al tratamiento fue rápida y alentadora, lo que permitió al equipo técnico autorizar su reintegración al medio natural en un tiempo récord, minimizando su estrés por cautiverio.
Regreso a un santuario forestal: el hábitat ideal para su supervivencia
El lugar seleccionado para la liberación fue meticulosamente elegido. Se trató de una zona de bosque húmedo tropical, ubicada entre las veredas de Pacho, caracterizada por su alta densidad forestal y la abundante presencia de especies vegetales nativas que forman parte esencial de la dieta de la Choloepus hoffmanni, como hojas de guarumo y frutos silvestres.
Este entorno no solo les provee alimento, sino también el refugio y la seguridad necesarios, lejos de la intervención humana directa.
Aprovechando este evento, el director de la regional Rionegro envió un mensaje contundente a la comunidad: «La fauna silvestre no es mascota y su protección es una responsabilidad de todos».
La CAR recordó que estos animales son patrimonio de la Nación y que cualquier hallazgo o situación de riesgo debe ser reportado de inmediato a las autoridades ambientales, evitando siempre el manejo indebido por parte de personas no autorizadas.
La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026, que definirán al sucesor de Gustavo Petro, ha superado su primer filtro oficial y determinante.
Bajo la dirección de Hernán Penagos, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha concluido la fase de verificación de apoyos ciudadanos para aquellos candidatos que buscan la presidencia mediante el mecanismo de firmas, alternativa a la postulación por partidos políticos.
Este proceso administrativo, minucioso y técnico, ha servido como un «colador» que separa a quienes demuestran una base de respaldo real de aquellos cuya aspiración carece del piso ciudadano necesario.
La lista de los habilitados: periodistas, exgobernadores y exciclistas en la contienda
El resultado de este escrutinio ha habilitado a un grupo diverso de políticos y personajes públicos, quienes ya cuentan con el aval formal para continuar su camino hacia la Casa de Nariño, ya sea en campaña directa o mediante consultas interpartidistas.
El listado de los que superaron el exigente umbral técnico incluye nombres como la periodista y comunicadora Vicky Dávila, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el senador David Luna, y los exministros Mauricio Cárdenas y Mauricio Lizcano, este último junto al exciclista Santiago Botero.
La validación de sus firmas es el producto de un riguroso cruce de datos y revisión manual liderado por la Dirección del Censo Electoral, diseñado para garantizar la autenticidad de cada respaldo.
El umbral no es menor: se requiere el apoyo del 3% de los votos válidos de la última elección presidencial, lo que equivale a superar los 635,000 respaldos verificables.
Los que no lograron el aval y los nombres que aún están pendientes
Por el contrario, la jornada también dejó un saldo de aspirantes cuyos sueños presidenciales, al menos por la vía de firmas, se truncaron en esta fase.
Personajes como Ernesto Sánchez Herrera y Pedro Pablo Díaz García no alcanzaron la cifra mágica requerida, lo que, según la normativa vigente, les impide continuar con su inscripción presidencial por esta vía.
Estos tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar recursos y controvertir la decisión, aunque las posibilidades de revertir un fallo técnico son históricamente escasas.
El panorama electoral, sin embargo, aún no está completo. La atención se centra ahora en varios «pesos pesados» de la política nacional.
La Registraduría tiene hasta el 21 de enero de 2026 para certificar los paquetes de apoyos entregados por figuras como la excaldesa de Bogotá Claudia López, el actual canciller Luis Gilberto Murillo, el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo y el abogado Abelardo de la Espriella.
Este proceso de certificación es, en esencia, la primera gran aduana electoral y dibuja el mapa inicial de quienes tienen la tracción ciudadana demostrable para competir en la primera vuelta presidencial de mayo de 2026.
Lo que se proyectaba como una temporada invernal convencional se ha convertido en un prolongado fenómeno climático que mantiene a Cundinamarca en un estado de alerta máxima.
Según el gobernador Jorge Emilio Rey, el departamento vive una anomalía climática de ocho meses, donde la ausencia de la tradicional temporada seca de fin de año ha sido determinante.
Los suelos, completamente saturados, han perdido su capacidad de absorción, y los niveles de los ríos y quebradas se mantienen persistentemente altos y volátiles.
El balance humano de esta crisis es trágico: diez personas han perdido la vida y 21 más han resultado lesionadas en diversos incidentes relacionados con la fuerza desatada del agua.
Las zonas prohibidas que siguen cobrando vidas
El mandatario detalló que gran parte de la tragedia se ha concentrado en las llamadas «rondas hídricas», áreas de manejo especial que, durante episodios de lluvias intensas, no deberían ser habitadas ni transitadas.
Sin embargo, se han registrado al menos seis accidentes críticos en estos puntos, evidenciando la vulnerabilidad persistente de la población.
La afectación económica y social es profunda: más de 1.200 familias han visto sus hogares, cultivos y medios de vida seriamente impactados por inundaciones y crecientes súbitas.
«Incluso cuando los ríos aparenten estar en calma, la amenaza es real», enfatizó Rey, explicando cómo una lluvia fuerte en las partes altas de una cuenca puede generar aludes de agua que bajan en cuestión de minutos, atrapando a desprevenidos.
Medidas extremas: cierres, prohibiciones y un llamado a la acción
En respuesta a esta emergencia prolongada, el gobierno departamental ha activado un plan de choque que demanda la cooperación total y el ejercicio de autoridad por parte de los gobiernos locales.
El gobernador instó de manera enfática a los alcaldes a no vacilar en el uso de sus facultades policivas para restringir o cerrar por completo el acceso a puentes, pasarelas peatonales, balnearios y cualquier zona recreativa natural que, en las condiciones actuales, se han convertido en trampas mortales.
Entre las advertencias más estrictas se encuentra la prohibición absoluta de intentar cruzar cuerpos de agua, ya sea a pie, a caballo o en vehículos livianos, y la necesidad de una vigilancia especial sobre niños y jóvenes en sectores ribereños.
Con los organismos de socorro en alerta permanente, Cundinamarca se prepara para seguir enfrentando un clima hostil que pone a prueba tanto la infraestructura como la resiliencia de sus habitantes.
El panorama geopolítico de las Américas ha dado un giro radical tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la consolidación de un acuerdo petrolero masivo con las autoridades provisionales de Venezuela. Este pacto contempla la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad para ser comercializados a precios de mercado. El anuncio marca el inicio de una nueva etapa de influencia estadounidense sobre los recursos naturales venezolanos, apenas setenta y dos horas después del fin de la era de Nicolás Maduro.
¿Qué incluye el acuerdo y quién controlará los ingresos?
A través de su plataforma Truth Social, Trump detalló que el petróleo se transportará en buques de almacenamiento directamente hacia los muelles de descarga en Estados Unidos. Un punto crucial del acuerdo es que el propio presidente de EE. UU. ha afirmado que él controlará el flujo de dinero resultante de las ventas. El objetivo declarado es garantizar que los beneficios se distribuyan entre el pueblo venezolano y el estadounidense, evitando el desvío de fondos que caracterizó a administraciones anteriores. Para operativizar esta orden, se ha instruido al secretario de Energía, Chris Wright, para que ejecute el plan sin dilaciones.
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El trasfondo: la captura de Maduro y el nuevo escenario político
Este acuerdo petrolero no es un evento aislado, sino la consecuencia económica directa de la operación militar en Caracas y sus alrededores, la cual culminó con la captura de Nicolás Maduro y dejó un saldo de más de cincuenta personas fallecidas. Maduro, derrocado tras la intervención, ya ha sido trasladado a Nueva York, donde se declaró «no culpable» de los cargos de narcoterrorismo ante la justicia estadounidense. Tras su caída, Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada ante la Asamblea Nacional, siendo reconocida de inmediato por la Administración Trump como la interlocutora legítima para el gobierno de transición.
Preparativos logísticos y el interés de las petroleras estadounidenses
Incluso antes del anuncio formal de Trump, la maquinaria petrolera ya mostraba signos de reactivación. Según informes de Bloomberg, la compañía Chevron —la única firma estadounidense que mantenía licencias de exportación vigentes bajo el régimen de sanciones— envió al menos once buques cisterna hacia puertos en el Caribe venezolano durante la primera semana de enero. Esta cifra supera la actividad registrada en diciembre, lo que sugiere una preparación logística previa para el flujo masivo de crudo. Grandes petroleras como ExxonMobil también han mostrado un interés renovado en reactivar la industria venezolana, viendo la situación actual como una oportunidad para expandir negocios en un país que ostenta las mayores reservas de crudo del mundo.
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¿Cooperación o tensión? La compleja relación bilateral
A pesar de la disposición para trabajar en una agenda conjunta, la relación entre el gobierno interino de Rodríguez y la Casa Blanca no está exenta de conflictos. Delcy Rodríguez ha mantenido un discurso firme de rechazo a la intervención externa y ha asegurado que no hay agentes extranjeros dentro de su gobierno. Sorprendentemente, mientras firma acuerdos energéticos con Trump, Rodríguez no ha dejado de exigir el regreso de Maduro a Venezuela. Por su parte, el equipo de Trump, encabezado en comunicaciones por figuras como Marco Rubio, ha presionado por un «acceso total» a los recursos naturales bajo la amenaza de nuevas oleadas de ataques si no hay cooperación plena.
La producción petrolera de Venezuela se encuentra muy por debajo de su potencial histórico debido a años de desinversión y sanciones internacionales. El éxito de este acuerdo de 50 millones de barriles dependerá de la estabilidad del gobierno de transición y de la capacidad de las petroleras estadounidenses para rehabilitar la infraestructura dañada en suelo venezolano. Por ahora, el crudo venezolano vuelve a ser el eje central de la política exterior de Washington en el hemisferio.
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