La dinámica política entre Estados Unidos y la oposición venezolana entrará en una nueva fase la próxima semana con la visita oficial de María Corina Machado a la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump confirmó la noticia durante una entrevista televisiva, manifestando su entusiasmo por saludar personalmente a la figura central de la resistencia contra el régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, lo que parece ser un gesto de unidad diplomática esconde profundas grietas y desacuerdos sobre el liderazgo de Venezuela y la validez de los reconocimientos internacionales.
La polémica del Nobel: un galardón que divide
Uno de los puntos más polémicos de la agenda es el Premio Nobel de la Paz recientemente otorgado a Machado. En una muestra de deferencia, la líder opositora sugirió que le gustaría entregar el galardón a Trump, atribuyéndole el mérito de haber facilitado el camino hacia la democracia en su país.
El presidente estadounidense respondió que sería «un gran honor» recibirlo, pero la burocracia en Oslo ha frenado cualquier intento de transferencia simbólica o física del premio.
El Instituto Nobel, a través de su portavoz Erik Aasheim, fue categórico al afirmar que un Nobel es una decisión permanente, intransferible y que no puede ser revocada, aunque el galardonado tiene libertad total sobre el uso del dinero del premio.
La controversia del Nobel no termina ahí. Trump, quien ha mencionado en repetidas ocasiones sus propios méritos para recibir dicho galardón, calificó como «vergonzoso para Noruega» el hecho de que Machado fuera la elegida.
El mandatario argumentó que él ha «terminado ocho guerras» y que su trabajo ha sido ignorado por el comité noruego, al que acusó de estar influenciado por intereses externos.
Ante estas acusaciones, el gobierno noruego respondió aclarando que las autoridades del país no tienen ninguna injerencia en las decisiones independientes del Comité Nobel.
El fondo del asunto: desconfianza sobre el liderazgo de la transición
Más allá de los premios, el núcleo del conflicto radica en la visión de Trump sobre el gobierno de transición en Venezuela. A pesar de haber facilitado la captura de Maduro, el presidente estadounidense ha sido mordaz al referirse a Machado, afirmando que «no goza de apoyo ni de respeto en su país» y sentenciando que no posee las cualidades necesarias para ejercer el poder ejecutivo.
Estas declaraciones contrastan con el tono conciliador que Machado ha intentado mantener, agradeciendo públicamente a Trump por la captura del dictador y reafirmando su intención de regresar pronto a Venezuela para liderar el cambio.
El encuentro de la próxima semana será determinante para esclarecer si Trump está dispuesto a reconocer a Machado como la líder legítima de la transición o si buscará otras figuras que se alineen mejor con su visión pragmática de la región.
Mientras Machado viaja con el respaldo de un Nobel que Trump cuestiona, el presidente estadounidense se prepara para una reunión donde la gratitud y la crítica política caminarán de la mano.
Venezuela observa con cautela, sabiendo que el resultado de esta cita en Washington marcará el rumbo de las relaciones bilaterales y la estabilidad del nuevo orden político tras la caída del chavismo.
El inicio del año 2026 trae consigo un ajuste significativo en el costo de vida para los habitantes de la capital colombiana. La Alcaldía de Bogotá oficializó que, a partir del 14 de enero, la tarifa del sistema TransMilenio tendrá un incremento del 10,6% al 10,9%, fijando el valor del pasaje en $3.550.
Esta decisión ha desatado una fuerte controversia política, especialmente tras las declaraciones del Ministerio de Trabajo, que calificó la medida como una «canallada» destinada a atacar el reciente aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.
La explicación técnica: un salario mínimo que desajusta los cálculos
Desde la perspectiva técnica, la administración distrital explicó que el ajuste no es una decisión discrecional, sino una respuesta forzada a la realidad macroeconómica del país.
Inicialmente, las modelaciones financieras de TransMilenio S.A. proyectaban un aumento de solo $250 (un 7,4%), basándose en la expectativa de que el salario mínimo subiría cerca del 11%.
Sin embargo, el decreto del Gobierno Petro, que fijó un alza del 23% en el salario mínimo, obligó a rehacer todos los cálculos de operación del sistema. Dado que el transporte público es un servicio esencial que moviliza más de cuatro millones de viajes diarios, la sostenibilidad financiera del sistema se vio comprometida por el aumento en los costos de personal y mantenimiento.
Pulso por el transporte en Bogotá: TransMilenio sube a $3.550 impulsado por el salario mínimo
Medidas de alivio y una guerra de fondos por la flota eléctrica
Para mitigar el impacto en los bolsillos de los ciudadanos, el Distrito anunció que mantendrá los esquemas de protección social. Las poblaciones vulnerables, que incluyen a adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios de los grupos A y B del Sisbén, seguirán gozando de pasajes gratuitos o subsidiados.
Una de las noticias más relevantes para los viajeros frecuentes es que el valor del TransMiPass (el abono mensual) no tendrá modificaciones durante todo el año 2026.
Con esto, la administración busca incentivar el uso legal del sistema y proteger a quienes dependen exclusivamente del transporte masivo para su movilidad laboral.
A pesar de estas medidas, el enfrentamiento entre el Palacio de Liévano y la Casa de Nariño es evidente. El Ministro de Trabajo anunció que, como respuesta al alza tarifaria, el Gobierno nacional no aportará recursos para la integración de la nueva flota eléctrica de buses en Bogotá, lo que añade una capa de incertidumbre sobre la transición energética del sistema.
Mientras tanto, la gerencia de TransMilenio insiste en que el ajuste garantiza la operación ininterrumpida frente a un escenario económico más exigente.
La protección de la biodiversidad en Cundinamarca celebró un nuevo triunfo con la emotiva liberación de una perezosa de dos dedos (Choloepus hoffmanni) y su cría en los bosques del municipio de Pacho.
Esta historia de conservación comenzó con un acto de alerta ciudadana y acción institucional. La Policía de Carabineros encontró a los dos especímenes en una vía rural cercana a Villagómez, donde se encontraban en inminente riesgo de ser atropellados o capturados de manera ilegal.
Inmediatamente, los entregaron a la Dirección Regional Rionegro de la CAR, dando inicio a un protocolo de atención para fauna silvestre en condición de vulnerabilidad.
La carrera contra el tiempo: 72 horas de cuidados intensivos
Al momento de la recepción, el diagnóstico inicial del equipo veterinario de la CAR encendió las alarmas. Ambos animales presentaban un cuadro severo de deshidratación, y la madre, además, tenía una laceración en la parte frontal de su cabeza.
Fueron sometidos a un período de custodia y observación técnica de 72 horas, donde se implementó un riguroso protocolo de estabilización.
Este incluyó la limpieza y desinfección quirúrgica de la herida y un régimen constante de hidratación oral y alimentación especializada.
La respuesta positiva de la madre y su cría al tratamiento fue rápida y alentadora, lo que permitió al equipo técnico autorizar su reintegración al medio natural en un tiempo récord, minimizando su estrés por cautiverio.
Regreso a un santuario forestal: el hábitat ideal para su supervivencia
El lugar seleccionado para la liberación fue meticulosamente elegido. Se trató de una zona de bosque húmedo tropical, ubicada entre las veredas de Pacho, caracterizada por su alta densidad forestal y la abundante presencia de especies vegetales nativas que forman parte esencial de la dieta de la Choloepus hoffmanni, como hojas de guarumo y frutos silvestres.
Este entorno no solo les provee alimento, sino también el refugio y la seguridad necesarios, lejos de la intervención humana directa.
Aprovechando este evento, el director de la regional Rionegro envió un mensaje contundente a la comunidad: «La fauna silvestre no es mascota y su protección es una responsabilidad de todos».
La CAR recordó que estos animales son patrimonio de la Nación y que cualquier hallazgo o situación de riesgo debe ser reportado de inmediato a las autoridades ambientales, evitando siempre el manejo indebido por parte de personas no autorizadas.
La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026, que definirán al sucesor de Gustavo Petro, ha superado su primer filtro oficial y determinante.
Bajo la dirección de Hernán Penagos, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha concluido la fase de verificación de apoyos ciudadanos para aquellos candidatos que buscan la presidencia mediante el mecanismo de firmas, alternativa a la postulación por partidos políticos.
Este proceso administrativo, minucioso y técnico, ha servido como un «colador» que separa a quienes demuestran una base de respaldo real de aquellos cuya aspiración carece del piso ciudadano necesario.
La lista de los habilitados: periodistas, exgobernadores y exciclistas en la contienda
El resultado de este escrutinio ha habilitado a un grupo diverso de políticos y personajes públicos, quienes ya cuentan con el aval formal para continuar su camino hacia la Casa de Nariño, ya sea en campaña directa o mediante consultas interpartidistas.
El listado de los que superaron el exigente umbral técnico incluye nombres como la periodista y comunicadora Vicky Dávila, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el senador David Luna, y los exministros Mauricio Cárdenas y Mauricio Lizcano, este último junto al exciclista Santiago Botero.
La validación de sus firmas es el producto de un riguroso cruce de datos y revisión manual liderado por la Dirección del Censo Electoral, diseñado para garantizar la autenticidad de cada respaldo.
El umbral no es menor: se requiere el apoyo del 3% de los votos válidos de la última elección presidencial, lo que equivale a superar los 635,000 respaldos verificables.
Los que no lograron el aval y los nombres que aún están pendientes
Por el contrario, la jornada también dejó un saldo de aspirantes cuyos sueños presidenciales, al menos por la vía de firmas, se truncaron en esta fase.
Personajes como Ernesto Sánchez Herrera y Pedro Pablo Díaz García no alcanzaron la cifra mágica requerida, lo que, según la normativa vigente, les impide continuar con su inscripción presidencial por esta vía.
Estos tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar recursos y controvertir la decisión, aunque las posibilidades de revertir un fallo técnico son históricamente escasas.
El panorama electoral, sin embargo, aún no está completo. La atención se centra ahora en varios «pesos pesados» de la política nacional.
La Registraduría tiene hasta el 21 de enero de 2026 para certificar los paquetes de apoyos entregados por figuras como la excaldesa de Bogotá Claudia López, el actual canciller Luis Gilberto Murillo, el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo y el abogado Abelardo de la Espriella.
Este proceso de certificación es, en esencia, la primera gran aduana electoral y dibuja el mapa inicial de quienes tienen la tracción ciudadana demostrable para competir en la primera vuelta presidencial de mayo de 2026.
Lo que se proyectaba como una temporada invernal convencional se ha convertido en un prolongado fenómeno climático que mantiene a Cundinamarca en un estado de alerta máxima.
Según el gobernador Jorge Emilio Rey, el departamento vive una anomalía climática de ocho meses, donde la ausencia de la tradicional temporada seca de fin de año ha sido determinante.
Los suelos, completamente saturados, han perdido su capacidad de absorción, y los niveles de los ríos y quebradas se mantienen persistentemente altos y volátiles.
El balance humano de esta crisis es trágico: diez personas han perdido la vida y 21 más han resultado lesionadas en diversos incidentes relacionados con la fuerza desatada del agua.
Las zonas prohibidas que siguen cobrando vidas
El mandatario detalló que gran parte de la tragedia se ha concentrado en las llamadas «rondas hídricas», áreas de manejo especial que, durante episodios de lluvias intensas, no deberían ser habitadas ni transitadas.
Sin embargo, se han registrado al menos seis accidentes críticos en estos puntos, evidenciando la vulnerabilidad persistente de la población.
La afectación económica y social es profunda: más de 1.200 familias han visto sus hogares, cultivos y medios de vida seriamente impactados por inundaciones y crecientes súbitas.
«Incluso cuando los ríos aparenten estar en calma, la amenaza es real», enfatizó Rey, explicando cómo una lluvia fuerte en las partes altas de una cuenca puede generar aludes de agua que bajan en cuestión de minutos, atrapando a desprevenidos.
Medidas extremas: cierres, prohibiciones y un llamado a la acción
En respuesta a esta emergencia prolongada, el gobierno departamental ha activado un plan de choque que demanda la cooperación total y el ejercicio de autoridad por parte de los gobiernos locales.
El gobernador instó de manera enfática a los alcaldes a no vacilar en el uso de sus facultades policivas para restringir o cerrar por completo el acceso a puentes, pasarelas peatonales, balnearios y cualquier zona recreativa natural que, en las condiciones actuales, se han convertido en trampas mortales.
Entre las advertencias más estrictas se encuentra la prohibición absoluta de intentar cruzar cuerpos de agua, ya sea a pie, a caballo o en vehículos livianos, y la necesidad de una vigilancia especial sobre niños y jóvenes en sectores ribereños.
Con los organismos de socorro en alerta permanente, Cundinamarca se prepara para seguir enfrentando un clima hostil que pone a prueba tanto la infraestructura como la resiliencia de sus habitantes.
El panorama geopolítico de las Américas ha dado un giro radical tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la consolidación de un acuerdo petrolero masivo con las autoridades provisionales de Venezuela. Este pacto contempla la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad para ser comercializados a precios de mercado. El anuncio marca el inicio de una nueva etapa de influencia estadounidense sobre los recursos naturales venezolanos, apenas setenta y dos horas después del fin de la era de Nicolás Maduro.
¿Qué incluye el acuerdo y quién controlará los ingresos?
A través de su plataforma Truth Social, Trump detalló que el petróleo se transportará en buques de almacenamiento directamente hacia los muelles de descarga en Estados Unidos. Un punto crucial del acuerdo es que el propio presidente de EE. UU. ha afirmado que él controlará el flujo de dinero resultante de las ventas. El objetivo declarado es garantizar que los beneficios se distribuyan entre el pueblo venezolano y el estadounidense, evitando el desvío de fondos que caracterizó a administraciones anteriores. Para operativizar esta orden, se ha instruido al secretario de Energía, Chris Wright, para que ejecute el plan sin dilaciones.
Nueva era energética: El impacto del acuerdo Trump-Rodríguez en Venezuela
El trasfondo: la captura de Maduro y el nuevo escenario político
Este acuerdo petrolero no es un evento aislado, sino la consecuencia económica directa de la operación militar en Caracas y sus alrededores, la cual culminó con la captura de Nicolás Maduro y dejó un saldo de más de cincuenta personas fallecidas. Maduro, derrocado tras la intervención, ya ha sido trasladado a Nueva York, donde se declaró «no culpable» de los cargos de narcoterrorismo ante la justicia estadounidense. Tras su caída, Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada ante la Asamblea Nacional, siendo reconocida de inmediato por la Administración Trump como la interlocutora legítima para el gobierno de transición.
Preparativos logísticos y el interés de las petroleras estadounidenses
Incluso antes del anuncio formal de Trump, la maquinaria petrolera ya mostraba signos de reactivación. Según informes de Bloomberg, la compañía Chevron —la única firma estadounidense que mantenía licencias de exportación vigentes bajo el régimen de sanciones— envió al menos once buques cisterna hacia puertos en el Caribe venezolano durante la primera semana de enero. Esta cifra supera la actividad registrada en diciembre, lo que sugiere una preparación logística previa para el flujo masivo de crudo. Grandes petroleras como ExxonMobil también han mostrado un interés renovado en reactivar la industria venezolana, viendo la situación actual como una oportunidad para expandir negocios en un país que ostenta las mayores reservas de crudo del mundo.
Nueva era energética: El impacto del acuerdo Trump-Rodríguez en Venezuela
¿Cooperación o tensión? La compleja relación bilateral
A pesar de la disposición para trabajar en una agenda conjunta, la relación entre el gobierno interino de Rodríguez y la Casa Blanca no está exenta de conflictos. Delcy Rodríguez ha mantenido un discurso firme de rechazo a la intervención externa y ha asegurado que no hay agentes extranjeros dentro de su gobierno. Sorprendentemente, mientras firma acuerdos energéticos con Trump, Rodríguez no ha dejado de exigir el regreso de Maduro a Venezuela. Por su parte, el equipo de Trump, encabezado en comunicaciones por figuras como Marco Rubio, ha presionado por un «acceso total» a los recursos naturales bajo la amenaza de nuevas oleadas de ataques si no hay cooperación plena.
La producción petrolera de Venezuela se encuentra muy por debajo de su potencial histórico debido a años de desinversión y sanciones internacionales. El éxito de este acuerdo de 50 millones de barriles dependerá de la estabilidad del gobierno de transición y de la capacidad de las petroleras estadounidenses para rehabilitar la infraestructura dañada en suelo venezolano. Por ahora, el crudo venezolano vuelve a ser el eje central de la política exterior de Washington en el hemisferio.
Nueva era energética: El impacto del acuerdo Trump-Rodríguez en Venezuela
La arquitectura financiera del Mercado de Energía Mayorista (MEM) de Colombia enfrenta su prueba más severa, derivada de la crítica situación de la empresa Air-e. Con una deuda vencida que supera los 2.5 billones de pesos al cierre de 2025, esta compañía, que atiende a aproximadamente el 12% de la demanda nacional de energía (principalmente en la región Caribe), se ha convertido en un elemento de riesgo sistémico.
El Gobierno Nacional, en un intento por evitar un colapso en cascada, ha presentado un proyecto de resolución que propone un mecanismo extraordinario de recaudo.
La medida busca inyectar liquidez al sistema cobrando a todos los usuarios finales del país un valor adicional temporal por la energía que consumen.
El impuesto invisible en tu factura de la luz
La propuesta gubernamental establece que, de manera transitoria, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) integrará un cobro adicional de $8 por kilovatio-hora (kWh) en las facturas de luz de todos los colombianos. Este valor se sumaría al componente de «restricciones» de la factura.
La justificación del Ministerio de Minas y Energía se centra en garantizar la «confiabilidad y continuidad» del servicio eléctrico nacional.
Según sus análisis, el incumplimiento de pago de Air-e tiene el potencial de arrastrar financieramente a otras comercializadoras y generadoras, poniendo en jaque a empresas que atienden a casi el 40% del país.
Escenarios simulados por el administrador del sistema, XM, muestran que, bajo condiciones de precios altos, al menos 20 comercializadoras entrarían en graves dificultades debido a su exposición financiera en el mercado.
Un debate que cuestiona la justicia y la gestión del sistema
Esta medida ha desatado una ola de críticas y un profundo debate. Distintos actores del sector energético y analistas acusan al Gobierno de trasladar a los bolsillos de los ciudadanos la responsabilidad que le corresponde por fallas en la supervisión, la intervención tardía de la empresa y el pago oportuno de subsidios.
El argumento central es que se está socializando una pérdida privada y penalizando a usuarios eficientes y cumplidos por el fracaso de una empresa en específico.
La resolución propuesta estará en periodo de consulta pública hasta finales de enero, y otorga a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) un plazo de seis meses para diseñar un esquema de confiabilidad financiera definitivo.
Mientras tanto, la crisis de Air-e deja al descubierto vulnerabilidades estructurales en el sistema de pagos del MEM y plantea una pregunta incómoda: ¿Deben todos los colombianos financiar el rescate de una empresa regional para evitar un apagón nacional?
La respuesta a este interrogante no solo definirá la estabilidad del sistema en el corto plazo, sino que sentará un precedente crucial sobre la gestión de riesgos y la justicia tarifaria en Colombia para 2026 y los años siguientes.
La recuperación del río Bogotá, una prioridad de orden judicial y ambiental en Colombia, sigue siendo un compromiso de las autoridades.
En una acción reciente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), junto con el grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, ejecutó un operativo de control en el municipio de Chocontá, específicamente en la vereda Chingacio.
El objetivo era claro: frenar una fuente de contaminación que afectaba directamente el cauce del río. Durante la diligencia, se logró captar en flagrancia a una curtiembre local que realizaba vertimientos de aguas residuales sin ningún tipo de control, provenientes del proceso industrial de curtido de pieles.
Este hallazgo representa un paso significativo en la lucha por descontaminar esta importante arteria hídrica de la sabana.
La evasión deliberada: la trampa de la planta de tratamiento «fantasma»
Lo más preocupante del caso, según explicó Bryan Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR, no fue la falta de infraestructura, sino la evasión deliberada.
La curtiembre en cuestión contaba con un permiso de vertimiento legal y, en apariencia, con una planta de tratamiento operativa.
Sin embargo, la inspección técnica reveló una maniobra calculada: las descargas contaminantes observadas no provenían del punto autorizado.
Los técnicos descubrieron que existía una distancia de aproximadamente 40 metros entre el punto de vertimiento legal y el punto de descarga ilegal detectado.
Esta desconexión permitía a la empresa liberar directamente al río un cóctel químico de alta toxicidad, sin someterlo al proceso de descontaminación requerido, burlando así la ley y los controles ambientales.
Impacto confirmado y un mensaje de cero tolerancia
Las pruebas de laboratorio realizadas por la Unidad de Investigación y Gestión Ambiental (UIGA) de la CAR confirmaron el grave impacto.
Los análisis indicaron que las aguas vertidas superaban con creces los límites permisibles de contaminantes establecidos por la normativa nacional.
La afectación es multidimensional: el agua del río recibe una carga química tóxica que daña la vida acuática, mientras el suelo circundante sufre degradación por la filtración de estas sustancias. Además, se evidenció un manejo negligente de residuos peligrosos y de los envases de los productos químicos utilizados.
Frente a esto, Martínez fue enfático: «Nuestras acciones de control y vigilancia en el río Bogotá no se detienen». Reiteró que estas intervenciones son parte de una estrategia integral que busca hacer cumplir la Sentencia del río Bogotá, asegurando que los esfuerzos y la inversión pública en la recuperación del afluente no se vean saboteados por actores industriales irresponsables.
El 2026 presenta cambios importantes para los conductores en Colombia, derivados del nuevo salario mínimo de $1.750.905. Entre ellos destaca el costo de las multas de tránsito, en especial la relacionada con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Circular sin este documento vigente es una infracción grave tipo D.2. No contar con el SOAT al día implica una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (Smdlv), que para este año asciende a aproximadamente $1.750.890. Además, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo de inmediato. Esto genera costos adicionales por grúa y estadía en patios autorizados, con un valor estimado de $58.363 diarios. Estos gastos se acumulan hasta que se cancele la multa y se presente el seguro actualizado.
Guía completa del SOAT 2026: Nuevos costos, multas y cifras del sector
Ajustes en tarifas y alcance de la cobertura
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) estableció dos tipos de ajuste para las tarifas del SOAT en 2026:
Categorías con rango diferencial por riesgo: incremento del 5,17%, ligado a la variación de la Unidad de Valor Tributario (UVT).
Para el 50% restante del parque automotor: aumento del 0,38%.
Es fundamental recordar que el SOAT es un seguro de daños corporales, no de daños materiales. Cubre gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios, funerarios y compensaciones por incapacidad permanente para ocupantes del vehículo y peatones afectados, sin importar quién causó el accidente.
Datos del sector asegurador
Según el análisis de la SFC:
El parque automotor asegurado creció un 7%, pasando de 9,9 millones a cerca de 10,6 millones de pólizas expedidas.
La frecuencia de accidentes (afectados por cada 100 pólizas) bajó del 9,3% en 2024 al 8,2% en 2025.
No obstante, la severidad aumentó: el costo promedio por víctima subió de $2.600.000 a $2.800.000.
La siniestralidad general del seguro (porcentaje de la prima usada para atender víctimas) disminuyó un 4,9% entre 2024 y 2025.
Opciones para adquirir el SOAT
Guía completa del SOAT 2026: Nuevos costos, multas y cifras del sector
Para evitar multas y garantizar la protección, los conductores pueden adquirir el seguro a través de múltiples canales:
Virtual: Aplicaciones de aseguradoras (Seguros del Estado, SURA, AXA Colpatria), entidades bancarias (Davivienda, Scotiabank) o billeteras digitales (Nequi, Rappi).
Físico: Puntos de venta en bancos y sedes de aseguradoras.
Cumplir con esta obligación no solo prevé sanciones económicas, sino que asegura una red de atención médica inmediata en las vías del país.
La región del Sumapaz, con Fusagasugá como su eje político y geográfico, se prepara para una de las contiendas electorales más relevantes de los últimos años. La meta es clara: recuperar la representación directa en la Cámara de Representantes para asegurar que las decisiones nacionales tengan en cuenta las necesidades locales en materia de salud, infraestructura vial y desarrollo agropecuario. Según analistas locales, no se trata solo de nombres, sino de una inversión estratégica en gestión de presupuesto y control político.
¿Quiénes son los candidatos en competencia?
La baraja de candidatos ofrece una mezcla entre experiencia administrativa, liderazgos tradicionales y relevos generacionales.
1. Jairo Hortúa Villalba (Alianza Verde): El exalcalde y abogado llega a la competencia con el impulso de su reciente mandato en la «Ciudad Jardín». Su juventud y preparación técnica lo posicionan como un candidato de proyección. Cuenta con el respaldo político del senador Ariel Ávila. Su objetivo principal es consolidar la votación más alta de la ciudad para fortalecer su peso en el escenario nacional.
Elecciones al Congreso: La disputa estratégica por el liderazgo del Sumapaz
2. Iván Parrado (Cambio Radical): Representa la experiencia en la gestión pública. Con dos periodos en el Concejo de Fusagasugá y un paso por la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca bajo la administración de Jorge Emilio Rey, Parrado busca fortalecer la estructura de su partido en la región. Tiene el respaldo del actual alcalde, William García.
Elecciones al Congreso: La disputa estratégica por el liderazgo del Sumapaz
3. Edgar Cruz García (Partido Liberal): El exdiputado se enfrenta a lo que muchos llaman su «prueba de fuego». Habiendo militado anteriormente en filas uribistas, su reto actual es demostrar autonomía y un caudal electoral propio dentro del liberalismo. Cruz es reconocido por su trabajo social y una hoja de vida sin escándalos ni investigaciones, liderando las banderas liberales en el Sumapaz.
Elecciones al Congreso: La disputa estratégica por el liderazgo del Sumapaz
4. Julio Roberto Salazar (Conservador): Como congresista actual, Salazar basa su campaña en resultados legislativos tangibles. Ha radicado 13 proyectos de ley, entre los que destacan el fortalecimiento de las UMATA, la creación de la Agencia de Comercialización y Dignidad Agropecuaria, y la estampilla para la atención integral de personas con discapacidad. Su enfoque principal es la protección del campesino y la comercialización justa de productos.
Elecciones al Congreso: La disputa estratégica por el liderazgo del Sumapaz
5. Divier Rodrigo Rodríguez (Partido de la U): Es la apuesta joven de su partido. Fue edil y obtuvo una de las votaciones más altas al Concejo en elecciones pasadas. Su trayectoria incluye la coordinación del Partido Ecologista y asesorías en el despacho del gobernador Jorge Emilio Rey. Rodríguez destaca por su cercanía con los sectores culturales y grupos de danza del departamento, prometiendo ser una sorpresa en las urnas.
Elecciones al Congreso: La disputa estratégica por el liderazgo del Sumapaz
¿Por qué es crucial tener un representante regional propio?
Líderes de la zona insisten en que tener un representante «de la casa» es vital por tres razones fundamentales:
Gestión de Presupuesto: Un congresista tiene voz directa en la repartición de fondos para hospitales y escuelas.
Control Político: Es la figura encargada de exigir cuentas sobre obras nacionales, como la necesaria doble calzada hacia el sur.
Identidad Regional: Evita que el territorio dependa de líderes externos que solo visitan la zona durante las campañas.
El clima político en Fusagasugá se encuentra «al rojo vivo», y la participación ciudadana será el factor determinante para transformar estas aspiraciones en una realidad legislativa que impulse el desarrollo del sur de Cundinamarca.
