El Pacto Histórico muestra su fuerte rechazo a la sancionada Ley de Sometimiento del Gobierno De La Espriella

La sanción presidencial de la nueva Ley de Sometimiento por parte de Abelardo De La Espriella ha desatado una ola de críticas y malestar profundo en las filas del Pacto Histórico, la colectividad política que durante el gobierno de Gustavo Petro defendió la estrategia de "paz total". Esta nueva normativa representa un cambio de paradigma radical en la política de seguridad de Colombia, pasando de un modelo de negociación y concesiones a uno de exigencia de desmantelamiento estructural y sometimiento pleno a la justicia ordinaria.

El cambio de paradigma: de la paz total al sometimiento

Los pilares de la nueva Ley de Sometimiento

La ley, que ya cuenta con la aprobación de ambas cámaras del Congreso de la República, establece un marco jurídico específico y riguroso para que las organizaciones armadas ilegales y criminales se sometan a la Constitución y la ley. A diferencia de los modelos anteriores, esta normativa condiciona cualquier beneficio a la entrega verificable de las estructuras de mando y la liquidación de las economías ilícitas que financian la violencia.

El objetivo central es claro: desmantelar las redes criminales desde sus cimientos financieros y operativos, eliminando la impunidad que caracterizó a los procesos de negociación del pasado. La Presidencia de la República ha sido enfática en que no habrá espacios para la impunidad ni para la reincidencia sin una colaboración efectiva y demostrable con la justicia.

El fin de los beneficios automáticos y la extradición

Uno de los puntos que más ha generado fricción es la eliminación de los mecanismos que, según el oficialismo anterior, facilitaban la suspensión de órdenes de captura y extradición de manera preventiva. La nueva ley establece que los beneficios jurídicos son progresivos y están supeditados al cumplimiento estricto de las condiciones de sometimiento, evaluadas por jueces especializados y no por decisiones políticas discrecionales.

La reacción del Pacto Histórico y sus argumentos

Las críticas de Isabel Zuleta y la defensa de modelos anteriores

Entre las voces más disonantes se encuentra la senadora Isabel Zuleta, quien ha expresado su desacuerdo con la norma, argumentando que la paz no se construye condenando a los firmantes a ser "postulados eternos" sin un lugar en la sociedad. La congresista invocó los procesos anteriores como fuente de aprendizaje, aunque sus declaraciones han sido cuestionadas por sectores que recuerdan su participación en eventos controvertidos, como el llamado "tarimazo" en Medellín en 2025, donde se cuestionó la presencia de cabecillas criminales en un acto público.

Zuleta y otros miembros de la colectividad insisten en que la normativa actual carece de los componentes de justicia restaurativa que, a su juicio, son necesarios para una transición efectiva, ignorando que el contexto de violencia actual exige respuestas de autoridad y no de condescendencia.

La postura de Gabriel Becerra sobre la criminalización de la protesta

Por su parte, el congresista Gabriel Becerra ha manifestado su preocupación por lo que considera una posible criminalización de la protesta social. Becerra propuso enmiendas para eliminar expresiones que, según su interpretación, podrían ser utilizadas para perseguir a líderes sociales, y abogó por que sea un juez, y no el Presidente, quien determine la pertenencia de un individuo a un grupo armado ilegal.

Sin embargo, los defensores de la ley argumentan que la normativa distingue claramente entre la protesta legítima y la acción criminal, y que la exigencia de sometimiento aplica exclusivamente a quienes han tomado las armas o financiado estructuras al margen de la ley.

La perspectiva del Centro Democrático y el oficialismo

El desmonte de la bandera política de la izquierda

Congresistas del Centro Democrático, como Daniel Briceño y Hernán Cadavid, han analizado la molestia del Pacto Histórico como una reacción natural ante el desmonte de su principal bandera política. Cadavid señaló que la "paz total" no era más que un acuerdo criminal que buscaba otorgar sostenibilidad política a ciertas estructuras en regiones específicas de Colombia.

"Es natural que, apenas encuentren que esto ha sido un gran fracaso, se sientan muy aludidos e incómodos y en un lugar de desventaja frente a lo que venían haciendo", afirmó Cadavid, destacando que la nueva política de seguridad restaura la autoridad del Estado frente a la negociación con el crimen organizado.

El respaldo a la firmeza del Ejecutivo

El oficialismo ha respaldado la firmeza del Presidente De La Espriella al sancionar esta ley, considerándola un mensaje claro a la ciudadanía y a los grupos armados: el Estado no negociará su soberanía ni la seguridad de los ciudadanos a cambio de treguas temporales que solo sirven para que las bandas criminales se reorganicen.

Implicaciones para la seguridad y la justicia en el país

El futuro de los grupos armados ante la nueva normativa

La entrada en vigencia de la Ley de Sometimiento obliga a los grupos armados a tomar una decisión: desmovilizarse de manera integral y entregar sus activos, o enfrentar la fuerza legítima del Estado con todo el peso de la ley, incluyendo la extradición para los delitos que así lo ameriten.

Este marco legal proporciona a las fuerzas militares y de Policía las herramientas jurídicas necesarias para intensificar las operaciones contra las finanzas del narcotráfico y la minería ilegal, pilares fundamentales de estas organizaciones.

Un nuevo capítulo para la justicia colombiana

La sanción de esta ley marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia judicial de Colombia. Si bien el camino de la implementación será complejo y estará sujeto a revisiones constitucionales, representa un compromiso firme con la verdad, la justicia y la no repetición, alejándose de los modelos que, en la práctica, terminaron fortaleciendo a los victimarios en lugar de proteger a las víctimas.