Ley de Sometimiento avanza a contrarreloj en la Cámara de Representantes

En medio de una caldeada sesión en la Cámara de Representantes, avanza el debate de la iniciativa de la Ley de Sometimiento, con la que se busca poner fin a la "paz total" y poner en marcha un nuevo modelo de justicia para los criminales sin negociaciones previas y con condenas ejemplares. Con una votación de 99 votos a favor y 39 en contra, fue avalado continuar el debate que aún debe superar la discusión de su articulado antes del vencimiento de la Ley de Orden Público.

Avance legislativo y polémica en el trámite

Luego de que la mesa directiva ordenó repetir la votación del informe de ponencia, se logró el respaldo para continuar el proceso. Sin embargo, la sesión estuvo marcada por duros cuestionamientos del Pacto Histórico, que argumentó que la jornada estuvo llena de vicios de trámite por aprobar artículos sin dar paso al debate y por posibles amañamientos en la votación.

También hubo señalamientos contra funcionarios. El representante Santiago Osorio, de Alianza Verde, cuestionó la iniciativa señalando: "A nosotros no nos pueden pedir que votemos con tranquilidad esta Ley de Sometimiento, luego de las graves denuncias que hay en contra de la señora Diana Patricia Bravo, directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)".

El congresista afirmó, sin presentar pruebas en el momento, que existen denuncias sobre la devolución de bienes a comandantes vinculados a la vida del actual presidente, cuestionando la entrega de la responsabilidad de la extinción de dominio a dicha entidad.

Postura del ponente y el cambio de paradigma

Por su parte, el senador ponente, Daniel Briceño del Centro Democrático, aseguró que esta iniciativa plantea una nueva forma en que los colombianos verán a los criminales y a los terroristas.

"Yo creo que aquí al país le tiene que quedar algo absolutamente claro: hay un cambio en la forma en que nos vamos a relacionar con los delincuentes. Aquí, el delincuente recibe una oferta clara, que define este Congreso de la República, y decide si se somete. Pero ese delincuente no puede negociar absolutamente nada de lo que apruebe este Congreso", dijo el militante del Centro Democrático.

Otras voces en contra, como la del representante Óscar Benavides, de Afrodescendientes, afirmaron que hay intereses escondidos del Gobierno para favorecer a delincuentes vinculados a delitos de lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

Aspectos relevantes de la ponencia aprobada

Entre los aspectos más relevantes del proyecto está la posibilidad de otorgar reducciones de penas, sujetas al cumplimiento de obligaciones concretas:

• Reducción de hasta el 50% de las penas a integrantes sin responsabilidades de dirección.
• Reducción de hasta el 30% a quienes hayan ejercido funciones de mando dentro de las estructuras criminales.

Estos beneficios estarían condicionados a:

• La entrega de armas y el abandono definitivo de las actividades ilegales.
• La identificación y entrega de bienes de origen ilícito.
• La colaboración efectiva con las autoridades judiciales.

El texto también incorpora disposiciones para combatir las fuentes de financiación de las organizaciones y establece que los responsables de delitos como el reclutamiento de menores no tendrían acceso a las mismas condiciones de beneficios.

El reto del tiempo y los próximos pasos

Aunque el respaldo al informe de ponencia representa un avance, el proyecto todavía no puede considerarse aprobado por la Cámara de Representantes.

Durante la sesión más reciente se alcanzaron a aprobar los artículos 5 y 14, pero la discusión general tuvo que suspenderse y quedó pendiente de continuación para este martes 3 de noviembre.

Una vez termine su trámite en la Cámara, la propuesta deberá completar las etapas legislativas correspondientes en el Senado. El calendario constituye el mayor obstáculo: el Congreso de la República tiene como fecha límite el 4 de noviembre para completar el trámite relacionado con la prórroga de la Ley de Orden Público, cuya vigencia está próxima a finalizar.