Ley de Rescate Económico plantea ahorro estatal de $44,6 billones a 2027 para frenar el default

El proyecto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público plantea un ahorro estatal sin precedentes de $44,6 billones para el año 2027 y una meta acumulada de $76,1 billones a 2030. Esta iniciativa está enfocada en reducir drásticamente el gasto público y apretar el cinturón del sector oficial, respondiendo a la severa crisis fiscal en la que quedó sumido el país tras la administración anterior.

Al respecto, el vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió con contundencia que el hueco fiscal que recibe el Gobierno de Colombia del presidente Abelardo de la Espriella es de tal dimensión que no permite la inacción. Según sus declaraciones, quedarse quietos significaría que el país enfrentara un escenario de inviabilidad económica para el año 2027, exigiendo por tanto un ajuste fiscal inmediato y estructural.

Plan de austeridad fiscal y metas de recorte del gasto público

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, aseguró que esta es la primera vez que en la historia reciente del país se realiza un ajuste fiscal de esta naturaleza, arrancando por donde debe ser: apretando el cinturón del Estado. El funcionario precisó que el ajuste busca reducir los gastos en 45 billones de pesos, de los cuales entre 30 y 35 billones provendrán directamente de la austeridad gubernamental.

El ajuste presupuestal establece que dos de cada tres pesos del ahorro saldrán de recortar los egresos estatales. En ese sentido, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 ya incorpora $17,4 billones en austeridad, afectando compras públicas, transferencias y proyectos de inversión no prioritarios. Asimismo, la iniciativa fija una reducción general del 15% en el gasto público total para controlar las cuentas nacionales y restaurar la confianza de los mercados.

La norma limita además el crecimiento de las compras de bienes y servicios entre 2027 y 2030, estableciendo estrictos controles administrativos y la reorganización de entidades públicas. Del mismo modo, prohibirá el uso de publicidad oficial para promocionar la gestión del Gobierno de Colombia o de sus funcionarios, eliminando gastos superfluos. Tampoco se financiarán eventos ni celebraciones que no sean indispensables, y las entidades rendirán cuentas semestrales ante el Congreso de la República.

Reducción de nómina estatal y contratos por prestación de servicios

En el frente laboral, la Ley de Rescate frena el crecimiento burocrático registrado entre 2023 y 2027, cuando los cargos en la Rama Ejecutiva aumentaron un 25,9%, al pasar de 85.755 a 107.927 plazas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público detalló incrementos desproporcionados, destacando que entidades como la DIAN pasaron de 10.000 a 16.000 empleados en esos cuatro años sin cumplir proporcionalmente con las metas de recaudo.

Para solucionar esta distorsión, la iniciativa contempla recortar en un 50% las contrataciones por Orden de Prestación de Servicios (OPS) para 2027, tras haber subido un 33,9% durante el gobierno previo. Además, dispone una reducción del 20% en los gastos de nómina de las entidades del Presupuesto General de la Nación durante 2028, exceptuando a la Fuerza Pública, generando ahorros por $9,6 billones al ajustar salarios con la inflación.

Entre 2029 y 2030, los gastos de nómina estatales únicamente podrán crecer hasta un máximo equivalente a la inflación más 0,5 puntos porcentuales. El vicepresidente enfatizó que el esfuerzo fiscal debe iniciar en el sector público, dando el ejemplo y disminuyendo el tamaño de lo que realiza el Estado.

Desmonte de exenciones tributarias a magistrados

En materia de equidad tributaria, el proyecto elimina los tratamientos especiales en el impuesto de renta sobre gastos de representación de magistrados, jueces, fiscales y rectores de universidades públicas. Dichos ingresos quedarán sujetos al régimen general de retención en la fuente. En la actualidad, un magistrado de tribunal paga cerca de $40 millones menos al año en impuestos que un trabajador con ingresos similares, una brecha que esta ley busca cerrar para garantizar la justicia fiscal.

El ministro Miguel Gómez concluyó que el proyecto atiende a un déficit estructural profundo que no admite demoras, afirmando que cada día en el Estado se encuentra un nuevo reto que requiere intervención inmediata. De ser aprobada la ley, las facultades extraordinarias permitirán al Ejecutivo consolidar la sostenibilidad fiscal del país.