Gobierno plantea ahorrar $8 billones en funcionamiento con nuevos ajustes en la Ley de Rescate

El Gobierno Nacional ha puesto sobre la mesa una estrategia de contención del gasto público sin precedentes recientes, buscando reducir $8 billones en gastos de funcionamiento del Estado. Esta medida es el pilar central de las políticas de austeridad contempladas en la denominada Ley de Rescate Económico, actualmente en trámite legislativo.

El anuncio fue realizado por Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público, quien detalló que el ajuste no solo se limita a recortes operativos, sino que incluye reformas profundas en la nómina pública, los contratos por prestación de servicios y un plan agresivo para la venta de activos improductivos. El objetivo declarado es reorganizar las finanzas públicas desde la raíz, priorizando el ahorro interno antes de acudir a nuevas cargas tributarias para la ciudadanía.

Recortes en nómina y contratación de servicios

Uno de los componentes más sensibles y de mayor impacto del ajuste es la reducción del 20% en los gastos de personal del Estado. Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esta medida buscaría generar un ahorro estimado de $11 billones.

Es crucial aclarar que esta meta corresponde al gasto total de nómina y no implica una reducción salarial individual del 20% para todos los servidores públicos. La aplicación de la medida deberá respetar los incrementos salariales mínimos legales. La reducción se aplicaría a partir de 2028 a las entidades del Presupuesto General de la Nación, con la excepción de la Fuerza Pública, y se complementaría con una regla que limita el crecimiento del gasto de personal a la inflación más medio punto porcentual en 2029 y 2030.

En paralelo, la contratación mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) enfrentará una contracción drástica. El proyecto propone reducir en un 50% el gasto en contratos de prestación de servicios durante 2027, tomando como referencia los recursos ejecutados en 2026. Las entidades deberán demostrar previamente que no cuentan con personal de planta suficiente para asumir las tareas antes de contratar externos.

Venta de activos y control del gasto operativo

Además de los recortes en nómina y contratación, la Ley de Rescate contempla un recorte de $4 billones asociado directamente con la eliminación de burocracia innecesaria. Las compras públicas entre 2027 y 2030 no podrán crecer por encima de la inflación, estableciendo un techo duro al gasto operativo.

El proyecto introduce controles estrictos sobre conceptos como horas extras, viáticos, viajes internacionales, teléfonos celulares, vehículos oficiales, esquemas de seguridad y celebraciones financiadas con recursos públicos. En materia de publicidad, se prohíbe el uso de recursos del Estado para promocionar la gestión de funcionarios, partidos políticos o candidatos, limitando la comunicación a fines estrictamente informativos.

El camino legislativo y las proyecciones fiscales

Otra de las medidas anunciadas es la venta de activos improductivos por más de $4 billones. A diferencia de los recortes, esta iniciativa generaría ingresos extraordinarios provenientes de la enajenación de bienes estatales, aunque no equivale directamente a un ahorro del gasto corriente. El Ejecutivo también busca facultades extraordinarias para fusionar o suprimir entidades públicas, aunque aún no se ha presentado una lista definitiva.

El conjunto de estas medidas busca generar ahorros estatales por $44,6 billones en 2027, cifra que escalaría a $76,1 billones en 2030. Sin embargo, estas proyecciones están sujetas a la aprobación del Congreso, donde el proyecto de ley 477 de 2026 enfrenta un escrutinio riguroso. La tensión política es alta, ya que sectores de oposición y sindicatos han expresado preocupaciones sobre el impacto de estos recortes en la calidad de la prestación de servicios públicos esenciales.

La discusión en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes será el campo de batalla donde se definirá si el Estado puede lograr esta "operación rescate" sin comprometer su capacidad de funcionamiento básico, marcando un antes y un después en la historia fiscal de Colombia.