A tres meses del terremoto, gobierno De La Espriella rinde cuentas del Fondo Milagro

Faltando dos días para que se cumplan tres meses del terremoto que afectó gravemente el suroccidente del país, y ante los recientes cuestionamientos por el manejo de los recursos, la Presidencia de la República emitió este domingo una rendición de cuentas detallada sobre los fondos públicos destinados a levantar las zonas devastadas. A través de su vocero, Miller Soto, el Ejecutivo buscó poner en perspectiva las cifras de inversión y aclarar la naturaleza de los aportes recibidos, en un ejercicio de transparencia necesario para restaurar la confianza de la ciudadanía.

Desglose de la inversión pública en la reconstrucción

El vocero de Presidencia de la República fue enfático en señalar que el Estado no administra ni interviene en los aportes provenientes del sector privado. "El sector privado ha comprometido más de un billón de su propio bolsillo para ayudar a los damnificados, pero esos recursos son administrados de manera independiente y directa por las propias empresas y las propias organizaciones. El Gobierno Nacional no recibe, no administra ni toca un solo peso de esas donaciones privadas", aclaró Soto, delimitando claramente las cuentas del Estado de las iniciativas filantrópicas.

Vivienda, apoyos económicos y demoliciones seguras

El Fondo Milagro arrancó con una partida inicial de $624.656 millones provenientes de un crédito con el Banco Mundial, cifra que sumada a la atención inicial de la emergencia ronda cerca del billón de pesos de recursos estatales, con nuevas adiciones presupuestales previstas. Según Soto, estos recursos se han distribuido en tres frentes clave de recuperación:

• Intervención de viviendas: Se han destinado más de $332.000 millones para intervenir 7.385 viviendas, abarcando construcción desde cero, reparaciones locativas y labores de rehabilitación estructural para garantizar la habitabilidad.
• Apoyos económicos directos: Se han asignado $4.600 millones para entregar 920 apoyos económicos directos, de $5 millones de pesos cada uno, orientados a pequeños comerciantes que perdieron sus locales o mercancías, permitiéndoles reactivar sus medios de vida.
• Demoliciones seguras: Se han invertido más de $50.000 millones en la demolición controlada y segura de edificaciones que quedaron colapsadas o representan un riesgo inminente para la comunidad, previniendo nuevas tragedias.

La claridad sobre las donaciones del sector privado

La distinción entre los recursos públicos y privados es fundamental para evitar malentendidos en la opinión pública. Mientras el Estado ejecuta el presupuesto a través de los mecanismos legales de contratación y subsidio, las empresas y organizaciones de la sociedad civil canalizan sus ayudas de forma directa o a través de fundaciones, lo que agiliza la respuesta en ciertos sectores pero no forma parte de la contabilidad fiscal del Fondo Milagro. Esta claridad busca desmontar narrativas que confunden la magnitud de la inversión estatal con los aportes voluntarios.

El compromiso del Estado con la transparencia y la recuperación

Soto concluyó señalando que el compromiso con la reconstrucción se mantendrá firme y con supervisión estricta. "El Gobierno de Colombia garantiza resultados reales que devuelven la tranquilidad, la seguridad y la esperanza a miles de familias damnificadas. Este fondo es una realidad y ya está ejecutándose", agregó. A tres meses de la tragedia, el desafío sigue siendo enorme, pero la estructura de ejecución del Fondo Milagro busca demostrar que, con gestión eficiente y transparencia, es posible reconstruir no solo las estructuras físicas, sino también el tejido social de las comunidades afectadas.