Nacionales
18-noviembre-2026
Diez años del Acuerdo de Paz: Colombia evalúa avances institucionales y desafíos territoriales hacia la reconciliación

Credito imagen: Imagen generada con IA
A diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, el país se encuentra en un punto de inflexión crítico. El proceso permitió la dejación de armas y abrió caminos sin precedentes para la justicia transicional, dando origen a instituciones fundamentales para las víctimas. Sin embargo, la implementación de los 578 puntos pactados avanza a ritmos desiguales, enfrentando obstáculos estructurales en materia de seguridad, reforma rural integral y presencia efectiva del Estado en las regiones históricamente marginadas.
Balance institucional y justicia transicional
El balance de esta década presenta matices que requieren un análisis riguroso. Por un lado, mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han logrado hitos significativos, dictando sus primeras sentencias restaurativas que buscan la verdad y la no repetición. De manera paralela, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha entregado dignamente a sus familias los cuerpos identificados de 861 personas, ofreciendo respuestas concretas a un dolor que ha marcado a la nación.
No obstante, según el décimo informe del Instituto Kroc, con datos consolidados hasta finales de 2025, solo el 36 % de las disposiciones del Acuerdo estaba plenamente implementado. La reforma rural, considerada la génesis del conflicto, sigue rezagada en la asignación de tierras y la construcción de infraestructura social. Esta brecha entre lo pactado y lo ejecutado demuestra que la firma de un documento no transforma por sí sola la realidad de los territorios.
La paz se construye en las regiones: un desafío descentralizado
Colombia es un país profundamente diverso, y el conflicto se ha vivido de manera distinta en cada rincón de su geografía. Expertos en construcción de paz, como Demian David Regehr de la Fundación Hanns Seidel, enfatizan que descentralizar las acciones es fundamental. Fortalecer las capacidades de los líderes comunitarios en 26 departamentos ha permitido avanzar en iniciativas locales, como la Mesa Sucreña por la Paz en Sincelejo o los programas de prevención del reclutamiento en Buenaventura.
La participación de las nuevas generaciones es otro pilar insustituible. Muchos de quienes hoy participan en la vida pública eran niños cuando se firmó el Acuerdo. Programas como Politik han formado a miles de jóvenes, algunos de los cuales hoy son ediles, concejales o asesores en el Congreso. La memoria no se hereda automáticamente; cada generación debe conquistarla a través del diálogo, el análisis crítico y la participación activa en las decisiones que afectan su futuro, más allá de las grandes urbes.
Retos de seguridad y presencia estatal
Uno de los desafíos más urgentes sigue siendo garantizar la seguridad en las regiones. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz, las estructuras armadas ilegales han incrementado su presencia, pasando de 15.120 integrantes en 2022 a más de 28.800 en 2026. Esta expansión ilustra la magnitud del vacío estatal que grupos criminales aprovechan para imponer sus propias reglas, controlar economías ilícitas y limitar la libertad de las comunidades.
La seguridad es indispensable, pero no basta por sí sola. El Estado debe garantizar derechos fundamentales, servicios públicos de calidad y posibilidades reales de desarrollo económico. Para consolidar la paz, se requieren instituciones territoriales capaces de responder con eficiencia y una implementación que trascienda los ciclos políticos de cada gobierno de turno. La responsabilidad de sostener este compromiso recae, ante todo, en el Estado colombiano como un proyecto de nación a largo plazo.
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