Política
17-noviembre-2026
Alternativas y debates en el Congreso para enderezar la Ley de Ajuste Fiscal tras el giro del Gobierno sobre el IVA

Credito imagen: Imagen generada con IA
Tras la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de descartar la implementación del IVA a los productos de la canasta familiar en la reforma tributaria, el Gobierno se enfrenta al desafío inmediato de reemplazar los recursos que esta medida habría generado. Se estima que el impuesto suponía un recaudo de al menos $3,6 billones para 2027 y hasta $25,5 billones anuales a partir de 2028. Este giro político, aunque popular, deja una meta de $44,6 billones por conseguir para sanear las finanzas públicas, obligando a buscar alternativas creativas y, en algunos casos, impopulares.
El debate de las tarifas y la propuesta gremial
Paralelamente al desmonte del IVA, el presidente evaluó bajar la tarifa general de este impuesto del 19% al 18% o 17%. Sin embargo, reducir un solo punto porcentual representa un costo fiscal adicional de hasta $7 billones que también deben ser compensados. Ante este escenario, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, propuso una alternativa sólida: frenar la reducción gradual de la tarifa de renta para las empresas, que buscaba bajar al 33% en 2027 y al 31% en 2028.
La líder gremial aseguró que, durante un encuentro con el ministro de Hacienda, coincidieron en la gravedad del desequilibrio estructural de las finanzas públicas. La propuesta busca asegurar los recursos necesarios sin tocar el consumo de los hogares, manteniendo la competitividad del país y evitando una presión inflacionaria adicional sobre la población más vulnerable.
Ajuste del gasto público y eficiencia administrativa
Otro elemento central en el diseño de la Ley de Rescate Económico es la reducción drástica del gasto estatal. La iniciativa original contemplaba reducir en un 50% los contratos de prestación de servicios y en un 20% los gastos de funcionamiento. El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que el recorte del Estado aportará solo uno de cada cuatro pesos del ajuste previsto para 2027, unos $12,4 billones.
Este recorte se desglosa en $4 billones provenientes de la reducción a la mitad del gasto en contratos de prestación de servicios, y $8,3 billones de lo que Hacienda denomina "eficiencia del gasto". Esto incluye un tope a las compras estatales atado a la inflación, el aplazamiento de ciertas transferencias y el uso de "plata quieta" en fondos públicos. Curiosamente, la nómina pública, la medida más visible para el ciudadano, aportará cero en 2027, lo que ha generado críticas sobre la profundidad real del ajuste.
La venta de activos estratégicos como alternativa
Ante la insuficiencia de las medidas de gasto, ha cobrado fuerza la idea de monetizar activos del Estado. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha señalado que el Gobierno podría vender el 8,75% restante de su participación en Ecopetrol, autorizado previamente por el Congreso. Esta operación, sin arriesgar el control patrimonial del Estado, podría generar alrededor de US$4.000 millones (aproximadamente $9,71 billones).
Adicionalmente, el presidente de ANIF, José Ignacio López, propuso analizar la venta de la participación del Estado en ISA. Se estima que esta operación podría generar entre $12 billones y $15 billones. Combinadas, estas dos ventas alcanzarían los $25 billones, cubriendo más de la mitad del déficit fiscal total de $91,2 billones, y permitiendo alcanzar el 70% de la meta de la reforma sin aumentar la carga tributaria a las personas naturales.
Impacto en la nómina y recomendaciones de expertos
A pesar de la posible reducción en la tarifa general de renta, el proyecto introduce modificaciones relevantes en los aportes a salud, Sena e ICBF asociados con la nómina. Actualmente, las sociedades están exoneradas de aportes patronales a salud para trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos. El proyecto propone disminuir esta exoneración, lo que podría aumentar el costo mensual por trabajador.
Expertos de firmas como KPMG advierten que las compañías intensivas en mano de obra deben cruzar desde ahora su proyección tributaria con su estructura salarial. Dos empresas con la misma utilidad podrían experimentar efectos muy distintos dependiendo de su nómina, por lo que el eventual ahorro tributario por la baja en la tarifa de renta podría verse completamente neutralizado por el aumento de los costos laborales asociados.
El camino hacia la aprobación en el Congreso
El proyecto, que reúne 105 artículos distribuidos en cinco pilares (recaudo, liquidez, gasto público, seguridad social y salud), deberá avanzar con rapidez, ya que el periodo ordinario de sesiones del Congreso concluye el 16 de diciembre. Analistas, mercados y partidos políticos coinciden en que la iniciativa sufrirá cambios sustanciales durante su tránsito por las comisiones económicas.
El éxito de la Ley de Ajuste Fiscal dependerá de la capacidad de negociación del Gobierno para construir un consenso que combine una focalización inteligente de los subsidios, una venta responsable de activos no estratégicos y un compromiso real de reducción del gasto, evitando asfixiar al sector productivo que es el motor de la recuperación económica de Colombia.
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