Nacionales
19-noviembre-2026
Los tres flancos clave de la crisis carcelaria: hacinamiento, financiación y el reto de las APP

Credito imagen: www.medellin.gov.co
El Gobierno nacional se prepara para convocar una mesa técnica interinstitucional con la asistencia del Ministerio de Justicia, el Inpec, el Departamento Nacional de Planeación, la Sociedad de Activos Especiales, así como delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. El objetivo es analizar y diseñar un plan de acción que permita enfrentar la crisis carcelaria, motivado por una reciente orden de la Corte Constitucional que busca solucionar el hacinamiento en penales y el alto número de privados de la libertad en estaciones de Policía y de la Fiscalía.
El bloqueo institucional y la falta de recursos
Cumplir con los requerimientos del Alto Tribunal no será una tarea sencilla. El problema central es de naturaleza financiera. El modelo tradicional de financiación pública directa y ejecución estatal ha resultado estructuralmente insuficiente para superar el déficit de cupos y mejorar las condiciones físicas de los establecimientos.
Los gobernadores y alcaldes han manifestado de manera reiterada, a través de organizaciones como Fedepartamentos, Fedemunicipios y Asocapitales, que no cuentan con los recursos necesarios para ampliar cupos en cárceles o construir nuevas instalaciones. Esta realidad fiscal limita severamente la capacidad de respuesta de las entidades territoriales, que actualmente enfrentan obligaciones crecientes frente a más de 21.000 personas sindicadas, sin contar con competencias claramente definidas ni fuentes de financiación suficientes.
Las Alianzas Público-Privadas como alternativa con límites constitucionales
Ante la insuficiencia del gasto público, la Corte Constitucional ha abierto la puerta a la posibilidad de que los penales se construyan bajo la modalidad de Alianzas Público-Privadas (APP). Sin embargo, la providencia establece límites infranqueables para cualquier esquema que contemple participación privada:
- Las funciones de seguridad, vigilancia, custodia y tratamiento penitenciario son responsabilidad exclusiva del Estado y no pueden ser delegadas a particulares.
- Los proyectos deberán sujetarse a los estándares constitucionales aplicables a las condiciones de reclusión.
- Se debe garantizar la primacía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad sobre cualquier consideración de rentabilidad económica.
- Cualquier contrato deberá incorporar indicadores de desempeño verificables, cláusulas que impidan el hacinamiento y mecanismos de supervisión suficientes.
A pesar de este marco, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha informado que no adelanta ninguna estructuración de proyectos penitenciarios porque el Ministerio de Justicia no se lo ha solicitado. La Corte Constitucional señaló que esta falta de coordinación constituye el bloqueo institucional que la providencia busca remover.
El Plan Maestro de Infraestructura y la deuda con los territorios
En el documento de las bases del Plan Nacional de Desarrollo que el Gobierno radicó ante el Congreso, se señala que se apostará por un plan de formulación y ejecución del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria. Este plan contempla nuevos complejos penitenciarios o "megacárceles", mediante figuras como el derecho real de superficie para cárceles, el traspaso de bienes fiscales y la diversificación de fuentes de financiación bajo criterios de costo-eficiencia y sostenibilidad.
No obstante, Asocapitales advierte que el problema estructural radica en la redacción vigente del artículo 17 de la Ley 65 de 1993. Esta norma establece la concurrencia entre la nación y los territorios en materia de detención preventiva, pero no define con precisión los roles operativos ni las fuentes de financiación de cada nivel. Esto permite que, en la práctica, los municipios capitales asuman costos de infraestructura, alimentación, salud y custodia que corresponden legalmente al Inpec y a la Uspec.
Superar esta crisis requiere una reforma integral que redefina las responsabilidades entre la nación y los territorios, fortalezca los mecanismos de concurrencia y garantice la sostenibilidad financiera para el cumplimiento de las órdenes constitucionales. De lo contrario, la brecha entre el dicho y el hecho seguirá ampliándose en un sistema que ya opera al borde del colapso humanitario.
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