Concesión de tránsito en Fusagasugá: Debate sobre fotomultas y retención de recursos locales

El proceso de concesión de los servicios de tránsito y transporte en Fusagasugá genera división de opiniones en el Concejo Municipal. Mientras la administración defiende la necesidad de modernizar el control vehicular ante el aumento de accidentes fatales por imprudencia, sectores opositores cuestionan el modelo financiero basado predominantemente en fotomultas y la fuga de ingresos hacia operadores privados. El concejal Willinton Hortúa, dijo que desde 2019, la ciudad opera con una empresa externa, pero la nueva licitación busca condiciones más estrictas que beneficien territorialmente al municipio.

Accidentes fatales y necesidad de control reforzado

Agregó que el argumento principal para sostener la concesión es la emergencia en seguridad vial. Hortúa dijo que en los últimos días, Fusagasugá registró fallecimientos causados por conductores que ignoran señales de tránsito y semáforos. La autoridad local reconoce que la vigilancia humana es insuficiente para cubrir toda la malla vial urbana y periurbana. Por ello, se contempla la instalación de cámaras de fotodetección en puntos críticos del casco urbano y en el corredor vial nacional, buscando disuadir comportamientos de riesgo mediante sanción automática.

Controversia por distribución de ingresos y competencia regional

Sin embargo, existe temor fundado de que la maximización de ganancias del operador privado dependa exclusivamente del volumen de comparendos impuestos, convirtiendo la seguridad vial en negocio lucrativo a costa del bolsillo ciudadano. Además, el concejal Hortúa señaló que municipios cercanos como Silvania, Girardot y Mosquera ofrecen trámites más ágiles y económicos, provocando que los fusagasugueños prefieran realizar sus gestiones vehiculares fuera de su ciudad. Esto implica una pérdida directa de regalías y tasas municipales que deberían reinvertirse en mantenimiento de vías públicas.

La Corporación Edilicia advierte que, si bien la tecnología es necesaria, el contrato debe garantizar que un porcentaje significativo de los recursos permanezca en arcas municipales para financiar políticas de prevención, educación vial y mejora de señalética, evitando así la dependencia total de la recaudación punitiva.