Bukele queda atrapado en su propia paradoja de "mano dura" al evaluar liberación de presos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está evaluando un programa de libertad anticipada para cerca del 50 % de los presos encarcelados bajo su régimen de "mano dura". Esta propuesta deja al descubierto las profundas contradicciones de un modelo que, en su rigidez, ahora carece de herramientas legales claras para liberar a personas que fueron detenidas, muchas de ellas, por error.

Fracaso institucional y muertes bajo custodia

Organizaciones de derechos humanos documentan que más de 575 personas han muerto bajo custodia del Estado sin ninguna condena desde que se inició el régimen de excepción.

• Detenciones arbitrarias: Se ha encarcelado a más de 93.000 personas, y distintas ONG advierten que miles eran inocentes y han sufrido abusos sistemáticos.
• Negación de derechos: Se han denunciado brutales castigos físicos y negación del derecho a la salud, derivando en cuadros de insuficiencia renal irreversible entre la población carcelaria.
• Reconocimiento implícito: La propuesta de liberar a los "colaboradores de menor responsabilidad" es vista por activistas como una admisión de la incapacidad institucional para determinar culpabilidades reales.

Obstáculos jurídicos y presiones internacionales

El primer gran obstáculo del plan radica en el vacío institucional de origen. En 2025, la Asamblea reformó la Ley Contra el Crimen Organizado para prohibir expresamente la libertad condicional a condenados por esa modalidad.

• Presión de la CIDH: Organizaciones de derechos humanos llevarán el tema de las muertes bajo custodia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aumentando la presión sobre el gobierno salvadoreño.
• Riesgo ante la CPI: Al haber ratificado el Estatuto de Roma, El Salvador podría enfrentar investigaciones de la Corte Penal Internacional si la justicia local no sanciona las torturas o muertes sistemáticas.
• Falta de reparación integral: Expertos jurídicos advierten que las víctimas de detenciones arbitrarias merecen indemnización y la limpieza de sus expedientes, no solo una "liberación condicional" que mantiene antecedentes penales.