Se agrava el cruce de acusaciones en la cúpula del exgobierno de Petro

Las denuncias y señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro, su entorno familiar y antiguos funcionarios continúan escalando en Colombia. Nuevas declaraciones han puesto sobre la mesa presuntas irregularidades relacionadas con la vida privada del exmandatario y el funcionamiento de la Casa de Nariño.

Declaraciones de Angie Rodríguez y Laura Sarabia

Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), lanzó graves acusaciones contra Petro, asegurando tener pruebas sobre presuntos encuentros con menores de edad.

Posteriormente, sus abogados difundieron un comunicado indicando que:

• No se retractará de sus señalamientos bajo ninguna circunstancia.
• Dejará de conceder entrevistas por temores a su seguridad personal.
• Tramitará sus denuncias exclusivamente por vías judiciales.

Por su parte, Laura Sarabia, exembajadora en el Reino Unido, rechazó los rumores sobre videos o fotografías. Exigió que cualquier evidencia que afecte a menores sea entregada de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, sin convertir el asunto en un espectáculo mediático.

Investigación a Verónica Alcocer y Eva Ferrer

Eva Ferrer, exasesora, rindió declaración virtual ante la Fiscalía General de la Nación por las acusaciones relacionadas con la ex primera dama, Verónica Alcocer. Hasta el momento, no se han hecho públicas pruebas que establezcan su participación.

Además, Ferrer deberá comparecer ante la Procuraduría General de la Nación la próxima semana. Deberá entregar documentos y evidencias sobre sus denuncias de supuesto transporte de drogas y dinero en un avión oficial.

Nuevas denuncias desde el Dapre

En un debate de control político en el Senado, el actual director del Dapre, Carlos Ríos, formuló nuevos señalamientos contra la administración anterior. Ríos aseguró que:

• Se instrumentalizó a 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios (OPS).
• La Casa de Nariño habría sido utilizada para fiestas y actividades ajenas a las funciones oficiales.

Las autoridades competentes deberán evaluar estos elementos para determinar si existen fundamentos que permitan avanzar en las investigaciones.