Debate en el Concejo: Polémica concesión de tránsito y fotomultas en Fusagasugá

La propuesta de concesionar los servicios de tránsito y transporte municipal en Fusagasugá por un periodo de doce años avanza hacia el debate en plenaria del Concejo Municipal, dijo la concejala Rosa Ballesteros. Señaló que el modelo 70/30, que favorece al operador privado, ha generado escepticismo entre la oposición y la ciudadanía debido a la dependencia del recaudo mediante fotomultas y la falta de transparencia en las proyecciones financieras.

Detalles del modelo de concesión y la inversión privada

Tras el fracaso de la gestión anterior con la empresa Digitec, donde se evidenció un vacío institucional por la falta de poder real de supervisión, la administración actual apuesta por externalizar el servicio. Agreeggó que las cifras presentadas proyectan ingresos iniciales cercanos a los 12.900 millones de pesos anuales, mientras que la inversión privada se limita a aproximadamente 4.000 millones de pesos.

Esta inversión del operador cubrirá específicamente:

• Seis motos para patrullaje.
• Una camioneta de apoyo operativo.
• Adecuación de una oficina administrativa.
• Ampliación de las ventanillas de atención al usuario.

Preocupación por el modelo de fotomultas

El principal punto de controversia radica en cómo se garantizarán esos ingresos millonarios. La oposición cuestiona que el modelo económico de estas empresas suele maximizar utilidades mediante la multiplicación de comparendos fotográficos, trasladando el costo social directamente al bolsillo del contribuyente local.

Ubicación de los dispositivos de control

Se contempla la instalación de dos cámaras fijas en la vía Panamericana, además de dispositivos móviles y fijos en el casco urbano.

Exigencias de transparencia y derechos del conductor

Los ediles exigen un desglose claro y transparente que diferencie los ingresos por renovación de matrículas y trámites legales frente a los provenientes de sanciones electrónicas. El objetivo es garantizar un equilibrio real entre la prevención vial y la cultura punitiva.

Es fundamental proteger los derechos de los conductores frente a posibles abusos de agentes externos. Existe el riesgo de que la motivación económica incentive el aumento desmedido de multas para cumplir metas contractuales, sin priorizar la verdadera seguridad vial.