Nacionales
22-noviembre-2026
Abelardo de la Espriella prohíbe el café importado en entidades estatales y reabre debate sobre compras públicas

Credito imagen: Imagen generada con IA
El Gobierno nacional anunció que las entidades estatales deberán consumir exclusivamente café colombiano y dejar de comprar producto importado. Esta instrucción, atribuida directamente al presidente Abelardo de la Espriella por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, busca ampliar el consumo interno y respaldar la rentabilidad de los productores nacionales.
Sin embargo, el anuncio abre preguntas fundamentales sobre su alcance real, los mecanismos de contratación y el efecto que tendría sobre los ingresos de los caficultores colombianos. La medida no opera en el vacío, sino que se cruza con un marco legal preexistente que ya regulaba estas adquisiciones.
El antecedente legal: La Ley 2504 de 2025 y las compras públicas
La instrucción presidencial se alinea con una disposición que ya existe en el ordenamiento jurídico. El artículo 6 de la Ley 2504 de 2025 regula las compras de café colombiano por parte de entidades públicas o de economía mixta, sujetándose al régimen jurídico de contratación aplicable.
Esta norma, expedida el 28 de julio de 2025, establece que las entidades deben considerar los mecanismos de la Ley 816 de 2003 al comprar café. También señala explícitamente que las adquisiciones deben apoyar a la industria nacional, priorizando el origen del grano.
El artículo dispone dar prioridad a pequeños productores, en particular mujeres rurales y campesinas, emprendedores rurales e indígenas. Además, ordena buscar compras eficientes y justas, sin perjuicio directo sobre la competencia, y establece que el Gobierno definirá mecanismos de calificación para verificar el origen.
El antecedente legal modifica la lectura del anuncio reciente. La preferencia por el café colombiano no aparece por primera vez con la instrucción del ministro Dangond; ya estaba contemplada en la ley. La discusión se concentra ahora en su aplicación efectiva y en la fiscalización de los contratos.
El debate económico: costos, comercialización y el mercado interno
Expertos en política agrícola han señalado que el café 100 por ciento colombiano puede costar más que las mezclas que incorporan granos de otros orígenes. Esa diferencia plantea una pregunta crucial: ¿cuánto aumentaría el gasto público si las entidades reemplazan sus compras actuales por producto nacional?
Sin embargo, fuentes cafeteras cercanas al sector destacaron que en Colombia no solo existe un precio. Se pueden encontrar granos que se acomoden, en materia de costos, a la necesidad del consumidor, desde cafés de origen hasta mezclas comerciales de menor precio.
No obstante, analistas ponen en duda que el beneficio llegue directamente a los productores primarios. Los caficultores no suelen participar en la comercialización del café tostado y molido, un segmento dominado por grandes proveedores y marcas posicionadas en el mercado.
Marcas tradicionales explican buena parte del mercado interno de café tostado y molido. Si esos proveedores sustituyen café extranjero por materia prima colombiana para atender contratos públicos, podría aumentar la demanda de café verde nacional.
Aun así, expertos consideran que el volumen adicional probablemente no sería significativo para alterar sustancialmente los precios en finca, dada la escala del mercado global de commodities.
La postura de la Federación Nacional de Cafeteros
El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, respaldó la decisión. Vinculó la medida con la declaratoria del café colombiano como producto y bebida nacional, incluida en la Ley 2504 de 2025.
Para Bahamón, que las entidades públicas consuman café nacional convierte ese reconocimiento simbólico en un respaldo concreto para los caficultores. Sostuvo que la medida puede impulsar la industrialización regional, abrir mercado a marcas locales y contribuir a generar empleo en las zonas productoras.
El dirigente cafetero advirtió que la contratación será determinante. En su opinión, Colombia Compra Eficiente debe ajustar las condiciones de los procesos para facilitar la participación de marcas nacionales. Esto permitiría que compitan efectivamente y que los recursos se queden en el territorio.
El punto conecta el origen del café con la estructura de los contratos. Una compra estatal puede beneficiar a grandes proveedores o abrir espacio a tostadores regionales. La ley contempla prioridad para pequeños productores de determinados grupos, lo que requiere un diseño de licitación inclusivo.
Medidas complementarias para el fortalecimiento del sector cafetero
El anuncio estuvo acompañado por otras medidas que el ministro Dangond presentó como parte del respaldo gubernamental al agro. Entre ellas mencionó una línea de crédito para capital de trabajo e inversión dirigida a pequeños y medianos caficultores.
El ministro explicó que el crédito se canalizaría mediante compradores y vendedores, con tasas de interés bajas y una garantía estatal. El Fondo Agropecuario de Garantías respaldaría anticipos destinados a fertilización y aumento de productividad en las fincas.
También anunció el reperfilamiento de la deuda cafetera antes de la llegada del fenómeno de El Niño. Dijo que buscaría congelar amortizaciones y extender plazos para reducir las cuotas y aliviar la caja de los productores frente a la volatilidad climática.
Dangond agregó que el Gobierno contempla subsidiar hasta el 60 por ciento del costo de las pólizas de seguro contra riesgos climáticos. También anunció un incentivo de ICR de hasta el 30 por ciento para la renovación de cafetales envejecidos.
El ministro señaló que la propuesta de subsidio al seguro sería discutida en la Comisión Nacional de Crédito. Las declaraciones no precisaron los recursos disponibles, las condiciones de acceso ni el calendario para poner en marcha estos instrumentos financieros.
Por ahora, será clave conocer cómo se traducirá la disposición legal en los procesos de compra. La prioridad a la industria nacional deberá convivir con los criterios de eficiencia, competencia y participación previstos en la Ley 2504, garantizando que el beneficio llegue realmente a quienes cultivan la tierra.
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