Procuraduría identifica primeros hallazgos en polémico acuerdo entre Air-e y empresa china CMC

La Procuraduría General de la Nación ha identificado aspectos que requieren especial seguimiento en el contrato firmado entre la empresa de energía Air-e y la compañía china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC). El acuerdo, valorado en hasta dos billones de pesos, busca financiar proyectos de modernización eléctrica en el Caribe colombiano.

Detalles del contrato y la investigación

El convenio fue anunciado en agosto de 2026 y establece condiciones similares a un crédito con un plazo de 60 meses, una tasa del 5,2 % efectivo anual y un año de gracia. Sin embargo, su estructuración ha levantado alertas sobre sus posibles efectos financieros y operativos en la prestación del servicio público.

Actuaciones bajo la lupa del Ministerio Público

El ente de control avanza en la revisión de las actuaciones de varios agentes especiales involucrados en la negociación y suscripción del negocio:

• Edwin Palma Egea: Exministro de Minas, quien participó en los acercamientos iniciales durante una visita de Estado a China en mayo de 2025.
• Jaime Humberto Mesa Buitrago: Agente interventor que suscribió el contrato con la CMC el 19 de agosto de 2026.
• Otros funcionarios como Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres y Tania Patricia Peñaranda Zuleta.

El objetivo del análisis es reconstruir la trazabilidad completa de la negociación, establecer las decisiones adoptadas durante cada administración y determinar eventuales responsabilidades.

Impacto regional y justificación del acuerdo

El financiamiento está destinado a obras de modernización eléctrica en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Según lo manifestado por la interventoría de Air-e, la decisión de continuar con este camino de financiamiento se tomó ante la dificultad de encontrar otras fuentes de crédito para sacar adelante las inversiones necesarias en la compañía. No obstante, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios también ha sido requerida por el Ministerio Público para aportar documentación que permita evaluar el impacto real de este acuerdo en las tarifas y la estabilidad del servicio para los usuarios de la costa Caribe.