Gobierno propone nuevos delitos por manejo de drones, asonadas y minería ilegal

El Gobierno Nacional prepara una reforma al Código Penal que crea nuevos delitos y endurece las penas por conductas ligadas a grupos armados. El proyecto, impulsado por la administración de Abelardo de la Espriella, busca ampliar el alcance de la justicia para enfrentar el terrorismo y la criminalidad organizada con herramientas legales actualizadas.

Endurecimiento de penas y nuevas figuras

El borrador del estatuto antiterrorista combina nuevos delitos, modalidades agravadas y aumentos de penas. Las propuestas más relevantes se centran en el uso de tecnologías emergentes y la protección de la Fuerza Pública.

• Manejo de drones con fines terroristas: Podría castigarse con hasta 30 años de prisión si se incorporan explosivos o se dirige la conducta contra civiles o uniformados.
• Retención o desarme de uniformados: Conocidas como asonadas, estas conductas tendrían penas de hasta 42 años, equiparándolas al secuestro simple.
• Instrumentalización de población civil: Organizar multitudes para obstruir operaciones de la Fuerza Pública en beneficio de una organización terrorista supondría entre 10 y 18 años de cárcel.
• Apoyo material a organizaciones: Sancionaría con 13 a 22 años a quien preste servicios, logística o capacidades cibernéticas a grupos listados, sin necesidad de que participe en un atentado.

El Registro Nacional de Actores Terroristas

Una pieza central del proyecto es la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, manejado por el Consejo de Seguridad Nacional. Este registro incorporará listas de Naciones Unidas y permitirá inclusiones provisionales basadas en designaciones extranjeras o autónomas.

La inclusión en esta lista será decisiva para aplicar agravantes en delitos como la comercialización de oro sin trazabilidad, el suministro de insumos a minas ilegales o la explotación ilícita de yacimientos en áreas protegidas.

Controles preventivos y debate jurídico

El proyecto permitiría a un juez imponer controles, como restricciones de residencia o vigilancia electrónica, a personas con motivos fundados de colaboración con organizaciones listadas, incluso sin mérito para imputar. Incumplir estas órdenes sería un nuevo delito con penas de 2 a 6 años, un punto que ha abierto el debate sobre los límites de la presunción de inocencia en Colombia.