La arquitectura financiera del Mercado de Energía Mayorista (MEM) de Colombia enfrenta su prueba más severa, derivada de la crítica situación de la empresa Air-e. Con una deuda vencida que supera los 2.5 billones de pesos al cierre de 2025, esta compañía, que atiende a aproximadamente el 12% de la demanda nacional de energía (principalmente en la región Caribe), se ha convertido en un elemento de riesgo sistémico.
El Gobierno Nacional, en un intento por evitar un colapso en cascada, ha presentado un proyecto de resolución que propone un mecanismo extraordinario de recaudo.
La medida busca inyectar liquidez al sistema cobrando a todos los usuarios finales del país un valor adicional temporal por la energía que consumen.
El impuesto invisible en tu factura de la luz
La propuesta gubernamental establece que, de manera transitoria, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) integrará un cobro adicional de $8 por kilovatio-hora (kWh) en las facturas de luz de todos los colombianos. Este valor se sumaría al componente de «restricciones» de la factura.
La justificación del Ministerio de Minas y Energía se centra en garantizar la «confiabilidad y continuidad» del servicio eléctrico nacional.
Según sus análisis, el incumplimiento de pago de Air-e tiene el potencial de arrastrar financieramente a otras comercializadoras y generadoras, poniendo en jaque a empresas que atienden a casi el 40% del país.
Escenarios simulados por el administrador del sistema, XM, muestran que, bajo condiciones de precios altos, al menos 20 comercializadoras entrarían en graves dificultades debido a su exposición financiera en el mercado.
Un debate que cuestiona la justicia y la gestión del sistema
Esta medida ha desatado una ola de críticas y un profundo debate. Distintos actores del sector energético y analistas acusan al Gobierno de trasladar a los bolsillos de los ciudadanos la responsabilidad que le corresponde por fallas en la supervisión, la intervención tardía de la empresa y el pago oportuno de subsidios.
El argumento central es que se está socializando una pérdida privada y penalizando a usuarios eficientes y cumplidos por el fracaso de una empresa en específico.
La resolución propuesta estará en periodo de consulta pública hasta finales de enero, y otorga a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) un plazo de seis meses para diseñar un esquema de confiabilidad financiera definitivo.
Mientras tanto, la crisis de Air-e deja al descubierto vulnerabilidades estructurales en el sistema de pagos del MEM y plantea una pregunta incómoda: ¿Deben todos los colombianos financiar el rescate de una empresa regional para evitar un apagón nacional?
La respuesta a este interrogante no solo definirá la estabilidad del sistema en el corto plazo, sino que sentará un precedente crucial sobre la gestión de riesgos y la justicia tarifaria en Colombia para 2026 y los años siguientes.
El 2026 presenta cambios importantes para los conductores en Colombia, derivados del nuevo salario mínimo de $1.750.905. Entre ellos destaca el costo de las multas de tránsito, en especial la relacionada con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Circular sin este documento vigente es una infracción grave tipo D.2. No contar con el SOAT al día implica una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (Smdlv), que para este año asciende a aproximadamente $1.750.890. Además, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo de inmediato. Esto genera costos adicionales por grúa y estadía en patios autorizados, con un valor estimado de $58.363 diarios. Estos gastos se acumulan hasta que se cancele la multa y se presente el seguro actualizado.
Guía completa del SOAT 2026: Nuevos costos, multas y cifras del sector
Ajustes en tarifas y alcance de la cobertura
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) estableció dos tipos de ajuste para las tarifas del SOAT en 2026:
Categorías con rango diferencial por riesgo: incremento del 5,17%, ligado a la variación de la Unidad de Valor Tributario (UVT).
Para el 50% restante del parque automotor: aumento del 0,38%.
Es fundamental recordar que el SOAT es un seguro de daños corporales, no de daños materiales. Cubre gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios, funerarios y compensaciones por incapacidad permanente para ocupantes del vehículo y peatones afectados, sin importar quién causó el accidente.
Datos del sector asegurador
Según el análisis de la SFC:
El parque automotor asegurado creció un 7%, pasando de 9,9 millones a cerca de 10,6 millones de pólizas expedidas.
La frecuencia de accidentes (afectados por cada 100 pólizas) bajó del 9,3% en 2024 al 8,2% en 2025.
No obstante, la severidad aumentó: el costo promedio por víctima subió de $2.600.000 a $2.800.000.
La siniestralidad general del seguro (porcentaje de la prima usada para atender víctimas) disminuyó un 4,9% entre 2024 y 2025.
Opciones para adquirir el SOAT
Guía completa del SOAT 2026: Nuevos costos, multas y cifras del sector
Para evitar multas y garantizar la protección, los conductores pueden adquirir el seguro a través de múltiples canales:
Virtual: Aplicaciones de aseguradoras (Seguros del Estado, SURA, AXA Colpatria), entidades bancarias (Davivienda, Scotiabank) o billeteras digitales (Nequi, Rappi).
Físico: Puntos de venta en bancos y sedes de aseguradoras.
Cumplir con esta obligación no solo prevé sanciones económicas, sino que asegura una red de atención médica inmediata en las vías del país.
La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento de alta fricción tras las declaraciones de Donald Trump sobre el supuesto avance del narcotráfico en el país sudamericano.
El presidente Gustavo Petro, lejos de retroceder, ha utilizado sus redes sociales y canales oficiales para defender su política antidrogas, calificando las acusaciones de «irracionalidad política» y exhibiendo resultados que considera sin precedentes.
¿En qué cifras se basa la defensa del Gobierno Petro?
Tensión diplomática: Petro exhibe cifras históricas contra el narcotráfico ante críticas de Trump
El eje central de la defensa de Petro reside en el volumen de estupefacientes decomisados.
Según el mandatario, su administración ha logrado la incautación certificada de 2.800 toneladas de cocaína, una cifra que ningún otro gobierno colombiano o extranjero habría alcanzado anteriormente.
La meta establecida para el cierre de su cuatrienio es de 3.500 toneladas. Petro sostiene que estas operaciones han tenido un impacto directo en la salud pública de Estados Unidos, al impedir que 32.000 millones de dosis llegaran a los consumidores de ese país.
Un cambio de estrategia: incautación sobre erradicación
Petro enfatizó que su estrategia difiere radicalmente de las anteriores al haber ordenado, desde el inicio de su mandato, priorizar la interceptación de cargamentos y el desmantelamiento de mafias sobre la aspersión con glifosato en territorios rurales.
«Di la orden de dejar de envenenar campesinos pobres», afirmó, defendiendo el enfoque de sustitución voluntaria frente a la erradicación forzosa.
Según el presidente, el ritmo de incautación crece hoy más rápido que los propios cultivos, lo que debilita la rentabilidad de las organizaciones criminales, resultando en 700 extraditados durante su gestión.
Comparativa con gobiernos anteriores y movilización ciudadana
Tensión diplomática: Petro exhibe cifras históricas contra el narcotráfico ante críticas de Trump
En su argumentación, Petro incluyó una comparativa estadística con la administración de Iván Duque.
Aseguró que en sus tres años de gobierno los cultivos ilícitos crecieron unas 14.500 hectáreas (aproximadamente un 5%), mientras que en un solo año del periodo anterior (2020-2021), el incremento fue de casi 15.000 hectáreas.
Atribuyó el fracaso del control de cultivos en el pasado al abandono del programa PNIS (sustitución voluntaria) debido a lo que llamó «el odio uribista a los acuerdos de paz».
Ante lo que percibe como una falta de reconocimiento, el presidente colombiano lamentó que, en lugar de recibir agradecimiento por el sacrificio de soldados y policías colombianos, se le acuse falsamente.
En este contexto, el gabinete ministerial convocó a una movilización ciudadana para el miércoles 7 de enero, con el fin de reafirmar la soberanía del país y mostrar apoyo popular al Gobierno frente a las presiones externas.
Finalmente, Petro concluyó que el problema de las drogas no se soluciona solo con pagos desde Bogotá o con críticas internacionales, sino mediante la transformación real de los territorios más pobres y excluidos de Colombia, donde la hoja de coca es vista como la única solución para subsistir.
Criticó que Estados Unidos retire apoyos mientras cuestiona la eficacia de un aliado que, según sus datos, está entregando los mejores resultados de la historia en la lucha contra el tráfico de cocaína.
Mientras el ambiente político entre Bogotá y Washington atraviesa uno de sus momentos más complejos debido a las declaraciones cruzadas entre sus mandatarios, los números cuentan una historia de estabilidad y pragmatismo empresarial. Según el último reporte de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), el vínculo económico cerró el año 2025 con una solidez envidiable, reafirmando a Estados Unidos como el aliado comercial indispensable para el desarrollo colombiano.
Exportaciones: Diversificación y beneficios arancelarios El volumen de las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense alcanzó los US$12.411,4 millones entre enero y octubre de 2025, lo que equivale al 30% del total nacional. Sin embargo, la noticia más alentadora para la industria local es la composición de estas ventas: el 65% corresponde a bienes no minero-energéticos. Este avance en la diversificación permite que la economía colombiana sea menos dependiente de los precios internacionales del petróleo y el carbón. Un factor decisivo ha sido la vigencia del Tratado de Libre Comercio, que hoy habilita 11.497 partidas arancelarias para exportar, y el programa PTAAP, que ofrece exenciones adicionales para productos agrícolas y farmacéuticos.
Inversión y remesas: El flujo constante que sostiene la economía
El blindaje económico: Por qué la relación comercial Colombia-EE. UU. resiste a la diplomacia
El capital estadounidense sigue fluyendo hacia Colombia con fuerza. Entre enero y septiembre de 2025, la inversión desde el país norteamericano sumó US$3.375,4 millones, representando el 37% del total. Los sectores beneficiados son diversos: desde comercio y telecomunicaciones hasta industria manufacturera y agricultura.
A esto se suma el papel vital de las remesas, que crecieron un 7% y aportaron US$7.200 millones a la economía de los hogares colombianos solo en el primer semestre de 2025.
Un flujo bidireccional vital: Insumos tecnológicos y turismo
Importaciones y Turismo: Un flujo bidireccional La relación no es solo de venta, sino de abastecimiento crítico. AmCham resalta que cerca del 70% de los bienes importados desde EE. UU. son insumos que no se fabrican en Colombia y que resultan esenciales para las cadenas productivas tecnológicas e industriales del país. Por el lado del turismo, el vínculo también es estrecho: 974.783 estadounidenses visitaron Colombia hasta octubre de 2025, consolidándose como el principal origen de turistas extranjeros no residentes con una participación del 26%.
Conclusión: Un socio histórico Históricamente, Colombia ha sido el mayor receptor de asistencia económica de EE. UU. en el Hemisferio Occidental durante las últimas cinco décadas. A pesar de los discursos beligerantes en el ámbito político, las más de 3.000 compañías colombianas que exportan cada año a este destino demuestran que el tejido empresarial ha logrado construir un ecosistema de negocios que opera con una lógica de largo plazo, independiente de las coyunturas presidenciales.
En resumen, la economía bilateral funciona como un buque de gran calado: aunque las olas políticas en la superficie sean turbulentas, su estructura sumergida es lo suficientemente fuerte para mantener el rumbo de la prosperidad compartida.
Colombia vive un momento de máxima tensión diplomática e interna tras los sucesos ocurridos en Venezuela y las posteriores declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Como respuesta a lo que considera una amenaza directa a la integridad del país y a su propia investidura, el presidente Gustavo Petro ha decidido acudir a su escenario predilecto: la movilización popular.
La cita por la soberanía Bajo el lema «la soberanía popular se mantiene cuando el pueblo actúa unido», el jefe de Estado convocó a una manifestación nacional para este miércoles 7 de enero.
El epicentro de la jornada será la Plaza de Bolívar en Bogotá, citada para las 4:00 p. m., aunque se espera que existan concentraciones similares en las plazas principales de todos los municipios del país.
Petro ha solicitado a los asistentes llevar la bandera de Colombia como un mensaje simbólico hacia el gobierno estadounidense, reafirmando que el país es una nación independiente que no acepta injerencias extranjeras.
El detonante: Las declaraciones de Trump y la amenaza de intervención
El detonante: La sombra de Trump sobre Bogotá La relación entre Petro y Trump ha pasado de la frialdad a la hostilidad abierta.
Luego de la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026, el mandatario norteamericano no ha ahorrado calificativos contra su homólogo colombiano, llamándolo «enfermo» y «líder del narcotráfico».
La preocupación en la Casa de Nariño aumentó cuando Trump, al ser consultado por la prensa, no descartó una acción militar similar en territorio colombiano, afirmando que Petro podría ser «el siguiente». Ante esto, el presidente colombiano ha denunciado que se le mantiene en listas restrictivas (como la lista Clinton/Ofac) como método de presión política.
Críticas de la oposición: Desescalar la tensión, no agitar las calles
Reacciones y críticas de la oposición La convocatoria no ha sido bien recibida por todos los sectores. Representantes de la oposición, como Carolina Arbeláez, han pedido al mandatario que «desescale la tensión» y recurra a los canales diplomáticos tradicionales en lugar de agitar las calles.
Otros líderes, como el expresidente Andrés Pastrana, han sugerido que el llamado a las plazas es una muestra de temor: «Petro es el canciller de Maduro…
Tiene que estar muy asustado», afirmó tras la caída del líder chavista. Asimismo, se han levantado voces críticas que ven en estas marchas una estrategia adelantada de campaña para las elecciones presidenciales de 2026, buscando consolidar un apoyo popular en medio de una crisis internacional.
Notas de protesta y defensa de la política antidrogas
Un gobierno a la defensiva En paralelo al llamado a marchar, el Ejecutivo ha salido a defender sus políticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota de protesta a Washington y ha defendido la política antidrogas de la actual administración, asegurando que se está cerrando el paso al crimen organizado a pesar de las críticas de Trump.
No obstante, la polémica sigue creciendo, alimentada por denuncias penales contra congresistas de oposición y advertencias de gremios municipales sobre el respeto al orden constitucional.
La jornada del 7 de enero se perfila como un termómetro político crucial. Más allá de la defensa de la soberanía, será una prueba de la capacidad de convocatoria de Gustavo Petro en un momento donde la estabilidad regional parece pender de un hilo y las relaciones con el principal socio comercial y militar del país están en su punto más bajo.
