El Ministerio de Hacienda dio un paso hacia una transformación profunda del manejo de los ahorros pensionales al publicar un borrador de decreto que modifica el Decreto 2555 de 2010.
La norma busca obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a repatriar gradualmente los ahorros invertidos en el exterior, estableciendo un límite máximo del 35% en tres años y del 30% en cinco años para las inversiones en activos extranjeros.
El objetivo es inyectar capital al mercado local, pero la medida ha generado preocupación sobre la estabilidad y rentabilidad de los fondos.
A noviembre de 2025, los activos administrados por las AFP sumaban $527,3 billones, de los cuales el 48,8% ($257,1 billones) estaba en mercados internacionales.
Proyecciones de Itaú y Credicorp Capital indican que cumplir los nuevos topes obligaría a una monetización masiva de unos US$26.000 millones en cinco años, con un flujo de venta de divisas promedio de US$528 millones mensuales.
Esta cifra representa cerca del 2% del volumen spot del mercado cambiario, lo que podría generar presiones sobre el precio del dólar.
Advierten riesgos de concentración y menor rentabilidad
Las reacciones en contra no se hicieron esperar. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, calificó la norma como perjudicial, argumentando que «limita la diversificación y compromete la rentabilidad» al reducir las opciones de inversión global.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, recordó que el ahorro pensional es «sagrado» y alertó sobre riesgos de liquidez, precio y reinversión al concentrar el capital en un mercado local más pequeño y menos diversificado.
Otro punto de controversia es el destino de los recursos repatriados. Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), instó a evaluar con claridad los parámetros de inversión, señalando los riesgos asociados a la corrupción en la contratación estatal.
Advirtió que financiar obra pública en Colombia es complejo por los históricos retrasos e incumplimientos, lo que podría poner en peligro el capital de las jubilaciones sin un seguimiento riguroso.
Bajo la estrategia#LaCARactúa, la entidad implementó un rediseño que incluyó la creación de la Subdirección de Autoridad Ambiental, una unidad estratégica para robustecer la capacidad técnica y jurídica, garantizando un seguimiento normativo más ágil.
Bryan Martínez, subdirector del área, señaló que su misión es actuar como garante del manejo equitativo y racional de los recursos naturales.
Durante el año, la gestión administrativa alcanzó hitos significativos al emitir más de 5.000 decisiones de fondo sobre trámites de permisos, procesos sancionatorios y exoneraciones. Este volumen permitió atender con mayor rigor las solicitudes de personas naturales y jurídicas.
Paralelamente, la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA), en colaboración con la Fuerza Pública, lideró más de 70 operativos de alto impacto contra actividades ilícitas que amenazan el patrimonio ambiental.
Vigilancia del agua y gestión de residuos: ejes técnicos prioritarios
El compromiso técnico se reflejó en la protección del recurso hídrico, con la elaboración de unos 4.000 informes técnicos para verificar el cumplimiento de normativas de calidad y uso eficiente por parte de industrias y servicios públicos.
Además, la corporación definió nuevas metodologías para compensaciones ambientales, obligando a los ejecutores de proyectos a resarcir de manera efectiva los impactos que no se pudieron mitigar.
En materia de planificación, la autoridad ambiental analizó más de 200 evaluaciones técnicas para licencias ambientales en diversos sectores.
El control de la contaminación fue prioritario, con seguimiento detallado a más de 100 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y cerca de 600 planes para residuos peligrosos.
Con estas acciones, la CAR busca utilizar la innovación y los recursos tecnológicos para asegurar un desarrollo sostenible en su jurisdicción.
Bogotá enfrenta un nuevo reto en su plan de movilidad luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán confirmara que la licitación de la Línea 2 del Metro fue declarada desierta el pasado 20 de enero.
A pesar de que el proceso contaba con el respaldo de la banca multilateral (BID, Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones), los dos únicos consorcios que permanecían habilitados declinaron presentar sus propuestas económicas y técnicas al cierre del plazo.
El alcalde aseguró, no obstante, que el dinero del proyecto está «blindado» y que la banca internacional mantiene firme su apoyo a la obra.
Las razones del fracaso de esta fase licitatoria son diversas. Inicialmente había cuatro precalificados, pero dos fueron excluidos por la banca multilateral debido a señalamientos de conflicto de interés.
De los dos restantes, un consorcio chino manifestó desde octubre de 2025 que no participaría debido a los altos riesgos cambiarios.
Por último, el grupo español conformado por Sacyr, Acciona y CAF no pudo formalizar su oferta porque la firma Acciona Concesiones S.L. se retiró del consorcio a última hora, imposibilitando legalmente la reconfiguración del grupo para cumplir con los plazos de la Empresa Metro. «Fue un tema ajeno a la licitación», aclaró el mandatario.
Nuevo cronograma y relanzamiento del proyecto
Este contratiempo implica un retraso estimado de 12 meses en el cronograma original. Aunque la administración esperaba dejar avances del 10% al finalizar el periodo de gobierno, ahora la meta se centra en adjudicar y dejar el acta de inicio firmada.
Se espera que el proceso se reabra en febrero de 2026 con una nueva fase de divulgación internacional para atraer a empresas de Japón, Corea y otros países, aprovechando que el proyecto está ahora «más maduro» tras recibir y contestar más de 3.300 observaciones técnicas.
Con este nuevo escenario, la adjudicación se desplazaría al primer trimestre de 2027, con el objetivo de suscribir el acta de inicio a finales de ese mismo año.
Según las proyecciones actualizadas, la Línea 2 del Metro, que beneficiará a las localidades de Suba y Engativá, entraría en operación comercial en el año 2035. Galán concluyó que esta es una oportunidad para fortalecer los pliegos y garantizar que la futura construcción cumpla con los sueños de movilidad de los bogotanos bajo condiciones técnicas más sólidas.
El desarrollo de las zonas rurales en el departamento de Cundinamarca ha dado un paso firme en el municipio de Sasaima.
El gobernador Jorge Rey lideró una jornada de trabajo en la que se formalizaron inversiones estratégicas por un total de $2.500 millones, enfocadas en resolver dos de los desafíos más apremiantes para los habitantes del campo: la conectividad vial y el acceso a fuentes de energía económicas y sostenibles.
Placa huella: conectividad para el progreso agropecuario
El primer eje de esta intervención consiste en la construcción masiva de tramos de placa huella en diversas veredas del municipio.
Según explicó el mandatario departamental, estas vías son fundamentales para el progreso agropecuario, ya que su construcción garantiza que el transporte de las cosechas sea más eficiente y seguro, evitando pérdidas por el mal estado de los caminos y asegurando que los campesinos reciban un pago justo por sus productos al mejorar la cadena logística.
Para la ejecución de estos proyectos, se han establecido alianzas con el municipio y entidades clave como el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) y el Instituto de Acción Comunal y Capital Social (Idaco).
Rey destacó que estas obras no solo se distinguen por su calidad técnica, sino por el componente humano, ya que se realizan con el aporte de la propia comunidad, lo que ayuda a reconstruir el tejido social local.
Energía circular: del estiércol a la cocina y la calefacción
Sasaima a la vanguardia rural: Infraestructura de placa huella y transformación de residuos en energía
Por otro lado, Sasaima se ha convertido en el epicentro de un ambicioso proyecto de economía circular y sostenibilidad ambiental. La iniciativa busca transformar un residuo tradicionalmente problemático, la porcinaza (estiércol de cerdo), en una fuente de energía limpia para el hogar.
A través de una técnica sencilla pero altamente efectiva, los desechos orgánicos de la cría de cerdos se procesan para producir gas doméstico gratuito, una solución que impacta directamente en el ahorro mensual de las familias productoras.
Este programa piloto beneficia actualmente a 29 productores distribuidos en varios sectores, incluyendo casos exitosos como los de Yesid y Mercedes en la vereda La Granja.
Gracias a esta tecnología, los beneficiarios no solo pueden cocinar sus alimentos, sino que también cuentan con calefacción para optimizar sus propios procesos productivos en las granjas, elevando los estándares de bienestar y competitividad.
El proyecto es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Gobernación de Cundinamarca y Porkcolombia, organizaciones que han aportado los recursos necesarios para que esta tecnología sea una realidad accesible para el pequeño productor. Uno de los aspectos más valorados por el gobernador es que la iniciativa no se limita a la entrega de equipos.
El compromiso institucional incluye asistencia técnica y acompañamiento permanente, lo que garantiza que los sistemas de gas limpio sigan funcionando correctamente a largo plazo y que los campesinos se apropien de la tecnología de manera efectiva.
Al finalizar su recorrido, Jorge Rey agradeció a la Alcaldía de Sasaima por la gestión transparente y eficiente de los recursos, reafirmando que el objetivo final de su administración es llevar progreso tangible al campo colombiano.
Con esta combinación de vías modernas y energía renovable, Sasaima proyecta un modelo de desarrollo rural que equilibra el crecimiento económico con la preservación ambiental y la dignificación de la vida campesina.
Sasaima a la vanguardia rural: Infraestructura de placa huella y transformación de residuos en energía
El panorama del consumo en Colombia ha experimentado una transformación radical impulsada por gigantes del comercio digital como Shein y Temu.
Esta tendencia no solo ha modificado los hábitos de compra, sino que ha captado la atención de las autoridades fiscales debido al volumen de dinero y mercancía que circula fuera de los canales tradicionales de importación.
De acuerdo con las cifras reveladas por la DIAN, las importaciones de bajo valor (entre US$50 y US$200) se han consolidado como un pilar del comercio electrónico, sumando un valor en aduanas de $3,96 billones durante el año 2024.
El comportamiento de estas compras muestra una curva ascendente preocupante para quienes buscan estabilidad en la balanza comercial. Mientras que en el primer semestre de 2024 se registraron $1,5 billones en envíos, la cifra saltó a $2,3 billones en la segunda mitad del año.
Este frenesí comprador alcanzó su punto máximo en diciembre, impulsado por las festividades de fin de año, mes en el que se reportaron ingresos de mercancía por valor de $526.461 millones.
La respuesta del gobierno: un IVA del 19% y grandes expectativas de recaudo
Ante esta realidad, el Gobierno Nacional ha decidido intervenir mediante la aplicación de un IVA del 19% para envíos en este rango de precios, apostando a un recaudo de $406.000 millones para el año 2026.
Sin embargo, la implementación de este impuesto enfrenta serios cuestionamientos técnicos y de mercado. Juan Pablo Díaz Castaño, asociado tributario en Holland & Knight, sugiere que el impacto será parcial.
Según su análisis, aunque el encarecimiento de los productos podría disuadir la compra de bienes prescindibles, la demanda estructural se mantendrá firme en categorías como tecnología y moda que no tienen competencia local fuerte.
Díaz también advierte sobre un posible «efecto rebote», donde los usuarios simplemente migren sus compras hacia el umbral inferior a los US$50 para evitar el gravamen, lo que volvería inciertos los resultados fiscales.
El gran desafío: evasión y la colosal tarea de fiscalización
Desde una perspectiva legal, Karen Hernández, socia de Galo Estudio Legal, plantea un escenario de riesgo mayor: la evasión.
Hernández señala que la presión fiscal en un entorno de crecimiento moderado incentiva a los ciudadanos a buscar mecanismos para eludir el pago, tales como el fraccionamiento de pedidos o el uso de intermediarios.
Para la experta, el costo operativo que la DIAN tendría que asumir para fiscalizar millones de paquetes pequeños podría terminar superando el beneficio neto del recaudo, desvirtuando el objetivo de la medida.
La magnitud del reto de fiscalización queda en evidencia al observar los datos del sector postal. Según la Cuenta Satélite citada por el DANE, en el tercer trimestre de 2025 ingresaron al país 12,4 millones de paquetes, un incremento del 97,3% frente al mismo periodo de 2024.
En el acumulado anual de 2025, la cifra superó los 37 millones de envíos, casi duplicando la actividad del año anterior. Esta avalancha de paquetes internacionales pone a prueba no solo la logística nacional, sino la capacidad del Estado para regular un mercado digital que fluye mucho más rápido que sus leyes.
En conclusión, mientras el Gobierno ve en Shein y Temu una fuente necesaria de ingresos tributarios, los expertos advierten que el consumidor colombiano siempre encontrará la forma de adaptar su bolsillo a la nueva realidad digital.
