El Ministerio de Hacienda dio un paso hacia una transformación profunda del manejo de los ahorros pensionales al publicar un borrador de decreto que modifica el Decreto 2555 de 2010.
La norma busca obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a repatriar gradualmente los ahorros invertidos en el exterior, estableciendo un límite máximo del 35% en tres años y del 30% en cinco años para las inversiones en activos extranjeros.
El objetivo es inyectar capital al mercado local, pero la medida ha generado preocupación sobre la estabilidad y rentabilidad de los fondos.
A noviembre de 2025, los activos administrados por las AFP sumaban $527,3 billones, de los cuales el 48,8% ($257,1 billones) estaba en mercados internacionales.
Proyecciones de Itaú y Credicorp Capital indican que cumplir los nuevos topes obligaría a una monetización masiva de unos US$26.000 millones en cinco años, con un flujo de venta de divisas promedio de US$528 millones mensuales.
Esta cifra representa cerca del 2% del volumen spot del mercado cambiario, lo que podría generar presiones sobre el precio del dólar.
Advierten riesgos de concentración y menor rentabilidad
Las reacciones en contra no se hicieron esperar. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, calificó la norma como perjudicial, argumentando que «limita la diversificación y compromete la rentabilidad» al reducir las opciones de inversión global.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, recordó que el ahorro pensional es «sagrado» y alertó sobre riesgos de liquidez, precio y reinversión al concentrar el capital en un mercado local más pequeño y menos diversificado.
Otro punto de controversia es el destino de los recursos repatriados. Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), instó a evaluar con claridad los parámetros de inversión, señalando los riesgos asociados a la corrupción en la contratación estatal.
Advirtió que financiar obra pública en Colombia es complejo por los históricos retrasos e incumplimientos, lo que podría poner en peligro el capital de las jubilaciones sin un seguimiento riguroso.
Bajo la estrategia#LaCARactúa, la entidad implementó un rediseño que incluyó la creación de la Subdirección de Autoridad Ambiental, una unidad estratégica para robustecer la capacidad técnica y jurídica, garantizando un seguimiento normativo más ágil.
Bryan Martínez, subdirector del área, señaló que su misión es actuar como garante del manejo equitativo y racional de los recursos naturales.
Durante el año, la gestión administrativa alcanzó hitos significativos al emitir más de 5.000 decisiones de fondo sobre trámites de permisos, procesos sancionatorios y exoneraciones. Este volumen permitió atender con mayor rigor las solicitudes de personas naturales y jurídicas.
Paralelamente, la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA), en colaboración con la Fuerza Pública, lideró más de 70 operativos de alto impacto contra actividades ilícitas que amenazan el patrimonio ambiental.
Vigilancia del agua y gestión de residuos: ejes técnicos prioritarios
El compromiso técnico se reflejó en la protección del recurso hídrico, con la elaboración de unos 4.000 informes técnicos para verificar el cumplimiento de normativas de calidad y uso eficiente por parte de industrias y servicios públicos.
Además, la corporación definió nuevas metodologías para compensaciones ambientales, obligando a los ejecutores de proyectos a resarcir de manera efectiva los impactos que no se pudieron mitigar.
En materia de planificación, la autoridad ambiental analizó más de 200 evaluaciones técnicas para licencias ambientales en diversos sectores.
El control de la contaminación fue prioritario, con seguimiento detallado a más de 100 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y cerca de 600 planes para residuos peligrosos.
Con estas acciones, la CAR busca utilizar la innovación y los recursos tecnológicos para asegurar un desarrollo sostenible en su jurisdicción.
El departamento de Cundinamarca será por primera vez la sede oficial de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito, que se disputarán del 5 al 8 de febrero de 2026. El evento fue presentado oficialmente por el gobernador Jorge Emilio Rey, junto a figuras del ciclismo como Egan Bernal y Brandon Rivera.
Se espera la participación de más de 500 ciclistas en las categorías juvenil, sub-23 y élite. El gobernador Rey resaltó la logística dispuesta para posicionar a la región como un epicentro del turismo deportivo, aprovechando la capacidad hotelera y gastronómica de la Sabana Centro.
El certamen contará con figuras de renombre como Daniel Martínez, Santiago Buitrago, Harold Tejada y Paula Patiño.
La delegación anfitriona de Cundinamarca presentará una nómina de 39 deportistas distribuidos en seis equipos. Luz Marina Chuquen, gerente de Indeportes Cundinamarca, afirmó que albergar este evento es una oportunidad única para visibilizar el talento local y consolidar al departamento como el principal referente del ciclismo nacional.
Recorridos exigentes por siete municipios
La competencia iniciará el jueves 5 de febrero con las pruebas de contrarreloj individual en Zipaquirá. El viernes 6, la acción se trasladará al Autódromo de Tocancipá para las pruebas de ruta en circuito cerrado.
El sábado 7, el pelotón enfrentará un recorrido de 124,5 kilómetros entre Sopó y Guasca, pasando por el Alto del Sisga.
El cierre será el domingo 8 de febrero con la «prueba reina»: una ruta de 209,9 kilómetros para la categoría élite masculina, con salida y llegada en el emblemático Mirador de las Salinas de Zipaquirá.
El trazado, que pondrá a prueba la resistencia de los mejores ciclistas del país, atravesará siete municipios, incluyendo Gachancipá, Chocontá y Villapinzón, integrando a las comunidades en esta fiesta del deporte nacional.
Cundinamarca se alista para ser sede de los Nacionales de Ruta 2026
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el marco de sus 65 años de gestión territorial, ejecutó un contundente operativo en la zona rural del municipio de Madrid para frenar un foco de deterioro ambiental generado por una empresa minera.
La intervención, que contó con el apoyo de la Policía Nacional y diversas direcciones técnicas de la entidad, resultó en la imposición de una medida preventiva de suspensión inmediata de actividades debido al incumplimiento sistemático de las normativas vigentes.
El equipo interdisciplinario, compuesto por las direcciones de Modelamiento Ambiental y Técnica Operativa, constató que la empresa operaba en contravía del Plan de Manejo y Recuperación Ambiental que le fue otorgado originalmente en 1997.
Los hallazgos más críticos incluyen la disposición irregular de escombros (residuos de construcción y demolición – RCD) y la realización de vertimientos de aguas no domésticas directamente sobre el suelo, careciendo de los permisos legales necesarios para tal fin.
Adicionalmente, se identificó la afectación directa de 31 árboles de la especie eucalipto dentro del predio intervenido, lo que constituye una infracción ambiental adicional.
Interceptación en tiempo real y muestreo técnico
Según Lina Camila Cortés Acosta, Directora Regional Sabana Occidente, la medida no solo detiene la extracción de materiales de construcción, sino que clausura el predio para la recepción y disposición de cualquier tipo de residuo sólido.
Un momento clave de la diligencia ocurrió cuando los funcionarios de la CAR avistaron el ingreso de dos vehículos tipo volqueta cargados con material que pretendía ser dispuesto sobre el suelo de forma irregular.
El personal de la Dirección Técnica Científica procedió a realizar una toma de muestras de la carga para determinar su composición y el impacto potencial en el ecosistema, reforzando la evidencia técnica de la infracción.
Llamado a la comunidad y próximos pasos sancionatorios
La CAR reiteró que estas acciones responden a denuncias presentadas por la comunidad, subrayando la importancia de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos naturales.
La entidad recordó a la ciudadanía que la gestión de residuos de construcción debe realizarse exclusivamente a través de gestores autorizados y avalados por la corporación para evitar daños irreversibles en el agua, el suelo y la flora de la región.
«Identificamos un aprovechamiento que no cuenta con permiso y vertimientos generados por toda esta actividad», enfatizó la directora Cortés para justificar la urgencia de la medida.
La empresa sancionada deberá ahora enfrentar procesos administrativos que podrían derivar en sanciones mayores, mientras la suspensión se mantenga vigente hasta que se subsanen los hallazgos técnicos.
Bogotá enfrenta un nuevo reto en su plan de movilidad luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán confirmara que la licitación de la Línea 2 del Metro fue declarada desierta el pasado 20 de enero.
A pesar de que el proceso contaba con el respaldo de la banca multilateral (BID, Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones), los dos únicos consorcios que permanecían habilitados declinaron presentar sus propuestas económicas y técnicas al cierre del plazo.
El alcalde aseguró, no obstante, que el dinero del proyecto está «blindado» y que la banca internacional mantiene firme su apoyo a la obra.
Las razones del fracaso de esta fase licitatoria son diversas. Inicialmente había cuatro precalificados, pero dos fueron excluidos por la banca multilateral debido a señalamientos de conflicto de interés.
De los dos restantes, un consorcio chino manifestó desde octubre de 2025 que no participaría debido a los altos riesgos cambiarios.
Por último, el grupo español conformado por Sacyr, Acciona y CAF no pudo formalizar su oferta porque la firma Acciona Concesiones S.L. se retiró del consorcio a última hora, imposibilitando legalmente la reconfiguración del grupo para cumplir con los plazos de la Empresa Metro. «Fue un tema ajeno a la licitación», aclaró el mandatario.
Nuevo cronograma y relanzamiento del proyecto
Este contratiempo implica un retraso estimado de 12 meses en el cronograma original. Aunque la administración esperaba dejar avances del 10% al finalizar el periodo de gobierno, ahora la meta se centra en adjudicar y dejar el acta de inicio firmada.
Se espera que el proceso se reabra en febrero de 2026 con una nueva fase de divulgación internacional para atraer a empresas de Japón, Corea y otros países, aprovechando que el proyecto está ahora «más maduro» tras recibir y contestar más de 3.300 observaciones técnicas.
Con este nuevo escenario, la adjudicación se desplazaría al primer trimestre de 2027, con el objetivo de suscribir el acta de inicio a finales de ese mismo año.
Según las proyecciones actualizadas, la Línea 2 del Metro, que beneficiará a las localidades de Suba y Engativá, entraría en operación comercial en el año 2035. Galán concluyó que esta es una oportunidad para fortalecer los pliegos y garantizar que la futura construcción cumpla con los sueños de movilidad de los bogotanos bajo condiciones técnicas más sólidas.
