Exconcejal de Lebrija destituido e inhabilitado por 12 años por robo de recursos públicos

La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de destituir e inhabilitar por 12 años a Alexander Porras Marín, quien fue concejal y presidente del Concejo Municipal de Lebrija, en el departamento de Santander. La sanción llega después de que las investigaciones comprobaran que, entre julio y agosto de 2023, el exfuncionario se apropió de manera irregular de siete millones de pesos que pertenecían a la corporación. Para lograr esto, Porras Marín utilizó su cargo como ordenador del gasto y emitió dos cheques debitados de la cuenta corriente institucional que estaba bajo su custodia y administración. La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, encargada del caso, determinó que con estas acciones el exconcejal violó los principios de moralidad y legalidad que deben guiar a todos los servidores públicos. Por esta razón, calificó su conducta como una falta gravísima cometida con intención, es decir, a título de dolo. Además de la sanción disciplinaria, la Fiscalía General de la Nación también imputó cargos contra Porras Marín y contra Jennifer Angarita, quien era la secretaria del concejo en ese momento, por presuntos delitos de corrupción. Angarita habría sido la persona que cobró los cheques expedidos por el exconcejal. Ninguno de los dos aceptó los cargos durante las audiencias realizadas ante un juez de control de garantías, por lo que el proceso judicial continúa su curso. Este caso es un ejemplo de que las autoridades están vigilando el manejo de los recursos públicos y que quienes cometan irregularidades tendrán que enfrentar las consecuencias.

Qué significa esta sanción y qué pasa ahora con el caso

La destitución implica que Alexander Porras Marín fue removido de su cargo de manera definitiva. La inhabilidad por 12 años significa que no podrá ejercer ningún cargo público ni celebrar contratos con el Estado durante ese periodo de tiempo. Esta medida busca proteger los recursos de todos los colombianos y enviar un mensaje claro a otros funcionarios: el dinero público no es de nadie en particular y debe usarse solo para el bien de la comunidad. Mientras tanto, el proceso penal adelantado por la Fiscalía sigue en marcha. Esto quiere decir que un juez deberá determinar si el exconcejal y la exsecretaria son responsables de los delitos de corrupción que se les imputan. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión adicionales a la sanción disciplinaria ya impuesta. La comunidad de Lebrija y de Santander observa con atención este caso, porque refuerza la confianza en que las instituciones actúan cuando se presentan actos de corrupción. Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que conozca en el manejo de los recursos públicos, ya que la participación de la gente es fundamental para construir una sociedad más transparente y justa. Este fallo también sirve como recordatorio para todos los servidores públicos de que deben actuar con honestidad, respeto y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. La lucha contra la corrupción es tarea de todos, y cada decisión como esta acerca a Colombia a un futuro con más ética y más oportunidades para su gente.