Retrasos en Supervigilancia ponen en riesgo 400.000 empleos del sector de seguridad privada en Colombia

Las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia viven una crisis sin precedentes. Más de 1.300 procesos están represados ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, afectando la operación de las compañías, la contratación de personal y el cumplimiento de contratos en todo el país. Según Fedeseguridad, el gremio que representa al sector, existen 811 trámites represados únicamente en acreditaciones de personal operativo, un número que pone en riesgo la estabilidad de las empresas.

El problema se ha profundizado durante los últimos cuatro años. Las cifras muestran que 776 trámites tienen más de tres meses de retraso, cerca de 300 llevan más de un año esperando decisión, alrededor de 80 acumulan más de dos años pendientes y unos 25 superan los tres años de espera. Estos retrasos afectan acreditaciones de vigilantes, blindaje de vehículos, permisos de armas, medios caninos y apertura de sucursales.

La situación es especialmente grave porque sin la acreditación oficial, las empresas no pueden asignar vigilantes a sus puestos de trabajo. Esto significa que tienen el personal contratado pero no pueden ponerlo a trabajar, generando pérdidas económicas y poniendo en riesgo la continuidad del negocio.

Sanciones injustas y pérdida de contratos

Las demoras están generando un problema grave: las empresas cumplen con presentar toda la documentación requerida, pero la falta de respuesta de la Superintendencia las expone a sanciones. Las compañías quedan atrapadas entre dos opciones: retirar personal de la operación y dejar de prestar servicios, o continuar operando bajo el riesgo de multas millonarias, suspensión de licencias e incluso el cierre de operaciones.

Este sector es muy importante para Colombia. Tiene cerca de 1.200 empresas formales, genera alrededor de 400.000 empleos y aporta cerca del 1.6% del producto interno bruto del país. Además, son empresas que tradicionalmente han servido como puerta de entrada al mercado laboral para miles de colombianos que buscan su primer empleo.

La situación se vuelve más compleja porque la demanda de seguridad privada ha aumentado debido al deterioro de las condiciones de seguridad en el país. En ciudades como Bogotá hay 11 vigilantes privados por cada policía, y en Medellín la relación es de cinco a uno. Puertos, aeropuertos, hospitales, plantas de energía y centros comerciales dependen de estos servicios para funcionar normalmente. Fedeseguridad ya presentó quejas formales ante la Procuraduría y la Contraloría para buscar una solución urgente a esta crisis que afecta a todo el sector.