Gobierno Petro extiende contrato polémico con firma británica por sanciones de Estados Unidos

El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió prorrogar el contrato con la empresa británica Amadeus Consultancy Limited para seguir recibiendo asesoría legal sobre las sanciones que Estados Unidos ha impuesto al mandatario colombiano. El acuerdo tiene un valor de $10.000 millones y se pagará en cuatro partes de $2.500 millones cada una, pero solo se liberan los recursos si la firma entrega informes técnicos y conceptos jurídicos sobre riesgos internacionales. Lo que genera controversia es que este contrato se hizo sin competencia pública, es decir, sin que otras empresas pudieran presentar propuestas. El Gobierno justificó esta decisión diciendo que se trata de servicios "altamente calificados" y de confianza, pero muchos cuestionan si realmente era necesario pagar tanto dinero a una sola compañía. Además, la Procuraduría General de la Nación está investigando el proceso para ver si hubo irregularidades en la forma como se eligió a la consultora y si el monto acordado es proporcional al servicio prestado. Mientras esa revisión continúa, el contrato sigue vigente y el Gobierno sigue pagando por la asesoría.

Qué se sabe de la empresa y qué pasa con la investigación

Otro punto que genera dudas es el perfil de Amadeus Consultancy Limited. Según registros del Reino Unido, esta firma fue creada en 2017 y reporta tener solo dos empleados y activos limitados. Esto ha llevado a preguntarse si una empresa tan pequeña tiene la capacidad técnica para manejar un contrato de esta importancia y con recursos tan altos. La Procuraduría, en su indagación preliminar, está analizando varios aspectos: el monto comprometido, cómo se seleccionó a la consultora y si la empresa cumple con los requisitos para prestar el servicio. Mientras la investigación no termine, no se puede decir que hubo irregularidades, pero tampoco se puede descartar que existan. Por ahora, el contrato sigue funcionando y el Gobierno recibe la asesoría que considera necesaria para enfrentar el escenario de sanciones internacionales. La ciudadanía espera que las autoridades aclaren pronto si el proceso fue transparente y si el dinero público se está usando de forma responsable. Este caso recuerda la importancia de que todas las contrataciones del Estado sean claras, competitivas y estén bien justificadas, para que la gente confíe en que sus impuestos se invierten en lo que realmente necesita el país. Mientras tanto, el debate sigue abierto y la vigilancia ciudadana es fundamental para garantizar que las decisiones del Gobierno se tomen con transparencia y responsabilidad.