Fiscalía investiga ciberataque contra Ecopetrol que robó información sensible de 15 empresas

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por el ciberataque contra Ecopetrol tras la divulgación ilegal de información sensible de 15 empresas vinculadas con la petrolera estatal. El ataque ocurrió el 17 de julio y comprometió información reservada de compañías aliadas. La pesquisa quedó en manos de la Dirección Especializada para los Delitos Fiscales, que ya recopila evidencia digital con apoyo de peritos forenses, investigadores del CTI y dos fiscales con experiencia en delitos de naturaleza fiscal y tecnológica.

Según fuentes del ente acusador, los atacantes se llevaron más de una tera de información, incluidos datos de funcionarios y material vinculado con la Junta Directiva. El grupo de ciberdelincuencia The Gentlemen opera con un esquema de ransomware: recluta piratas informáticos para ejecutar ataques y cobra comisiones a cambio de esos servicios. Se presume que sus integrantes son rusos, aunque no hay claridad sobre ese origen. Los atacantes advirtieron a la compañía con un mensaje claro: pórtense bien o en 7 días sacamos la información. Una semana después, tras la falta de respuesta de la empresa, comenzó la exposición de los datos.

La investigacion busca a los responsables

La reconstrucción del caso señaló que la intrusión se originó en una refinería de Ecopetrol y se concretó a través de un tercero con privilegios de administrador. Tras vulnerar la seguridad, usaron Kali Linux para ingresar al área de Tecnologías de la Información y extraer información mediante el directorio activo. La investigación ya fue formalmente abierta y tiene un objetivo inmediato doble: establecer el origen del ataque y respaldar a la empresa en las labores de contención.

Ecopetrol activó sus protocolos internos para colaborar con las autoridades en la identificación de los responsables y contener la reproducción de los datos en plataformas digitales. La empresa mantiene la investigación en etapa de indagación mientras trabaja de la mano con la Fiscalía para frenar la circulación de la información robada y advertir legalmente a quienes usen o compartan estos datos. Este caso representa uno de los ciberataques más graves contra una empresa estatal en Colombia.