Inseguridad jurídica en propiedad rural afecta al 52% de la tierra en Colombia

La informalidad en la tenencia de la tierra continúa siendo uno de los principales desafíos para el desarrollo rural en Colombia. De acuerdo con cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, para el año 2020 el 52,2% de la tenencia de la tierra rural presentaba algún grado de informalidad. Esta situación evidencia que cerca de la mitad del campo colombiano enfrenta dificultades para que la relación entre las personas y los predios que habitan quede plenamente reconocida ante el Estado. Juan Camilo Ortega, docente de la Especialización en Derecho Procesal Agrario de UNIAGRARIA, aseguró que esta realidad no debe confundirse con ilegalidad y advirtió sobre los efectos que esa interpretación puede generar. Aunque la informalidad suele asociarse con actuaciones al margen de la ley, Ortega explicó que esa equivalencia resulta equivocada y puede afectar a miles de familias rurales. Es posible que una persona o una comunidad haya vivido y producido durante décadas en un predio, actuando de buena fe, heredando la tierra, comprándola o realizando mejoras, sin que su situación jurídica haya quedado completamente saneada.

Las causas históricas y las soluciones propuestas

El documento también plantea que la inseguridad jurídica agraria tiene su origen, en buena medida, en una historia de Estado incompleto en las zonas rurales, donde durante años la información sobre la tierra fue construida de manera fragmentada. Durante muchos años, el país no logró construir una información rural completa, confiable y articulada. La medición de los predios, los registros, las adjudicaciones, los procesos de restitución y el ordenamiento ambiental avanzaron de manera independiente, sin que esas decisiones dialogaran entre sí. Frente a este panorama, el académico sostiene que la solución no consiste únicamente en acelerar la entrega de títulos de propiedad, sino en fortalecer los procesos de formalización. Para ello propone una ruta que contemple el diagnóstico individual de cada caso, la actualización del catastro multipropósito, la incorporación de la lectura territorial de las comunidades, la aclaración de la naturaleza jurídica de la tierra, la adopción de decisiones de fondo y el adecuado registro de todas las actuaciones. Además, considera que la nueva jurisdicción agraria y rural representa una oportunidad para que los conflictos relacionados con la tierra sean conocidos por jueces especializados y con mayor comprensión de las realidades territoriales.