por user | Ene 5, 2026 | DEPARTAMENTAL, LOCALES
La gestión ambiental en el centro de Colombia ha alcanzado un hito institucional bajo el liderazgo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). En su más reciente balance del año 2025, la entidad reveló un resultado contundente: en colaboración estrecha con la Fuerza Pública, se asestaron 73 golpes judiciales contra la explotación ilegal de recursos naturales, marcando un récord en decomisos y capturas que desarticulan redes criminales que depredan el ecosistema.
La UIGA: un modelo de unidad estratégica contra la ilegalidad ambiental
El brazo operativo que ha hecho posible estos resultados es la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA). Esta unidad especial, creada como un piloto de éxito, ha logrado articular de manera eficiente el conocimiento técnico y jurídico de la CAR con la capacidad operativa, logística y de inteligencia del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial (FAC).
Según el director de la corporación, Alfred Ignacio Ballesteros, este modelo de «unión de esfuerzos» ha permitido ejecutar misiones de inteligencia planificadas meticulosamente, utilizando tecnología de punta como drones, imágenes satelitales y aeronaves de vigilancia para monitorear el territorio y actuar con precisión. La sinergia ha permitido pasar de la denuncia a la acción judicial efectiva en tiempo récord.
Los recursos naturales bajo ataque: un balance que preocupa
El balance detallado de la CAR muestra una tendencia clara y preocupante hacia el ataque contra el recurso suelo, que constituye el 49% de los casos intervenidos. La minería ilegal de materiales como arena, grava y carbón es la actividad predominante en esta categoría, causando daños paisajísticos y contaminación irreversibles.
En segundo lugar, se encuentran los delitos contra el aire (23%), relacionados principalmente con emisiones contaminantes de quemas y maquinaria pesada sin control. Les siguen la afectación al agua (17%), por vertimientos y desviación de cauces, y el tráfico de fauna silvestre (4%). Estas cifras reflejan una presión constante y multifacética sobre el ecosistema, con focos críticos especialmente en las provincias de Ubaté, Almeidas y la zona de la laguna de Guatavita, donde la extracción ilícita ha avanzado significativamente.
Tecnología, comunidad y fortalecimiento institucional: la fórmula del éxito
Uno de los pilares fundamentales del éxito operativo fue la integración activa de la ciudadanía en la red de vigilancia ambiental. La CAR enfatizó que las denuncias reportadas a través de sus canales de atención, como líneas telefónicas y aplicaciones móviles, fueron el detonante de múltiples operativos exitosos.
Este respaldo social, sumado al uso de tecnología forense y conocimiento jurídico especializado para consolidar la flagrancia y asegurar las pruebas, ha sido fundamental para lograr condenas. Ante la persistencia y adaptación de los delitos ambientales, la corporación anunció el fortalecimiento de sus equipos técnicos y jurídicos regionales en las zonas más afectadas, con mayor presupuesto y personal.
El objetivo es claro: reducir el impacto de la ilegalidad ambiental mediante un ejercicio de autoridad oportuno, permanente y disuasivo. La CAR reafirma así su compromiso con el cuidado del ambiente como objetivo primordial de su gestión en los 98 municipios de Cundinamarca, 6 de Boyacá y la ruralidad de Bogotá, proyectando replicar el modelo UIGA en otras regiones del país.
por user | Ene 1, 2026 | DEPARTAMENTAL, LOCALES, NACIONALES
Un hallazgo sorprendente durante la inspección técnica de la CAR en Silvania fue el uso de una supuesta fachada legal para encubrir la explotación minera a gran escala. En el predio intervenido por las autoridades, se encontró fijada una valla de licencia de construcción otorgada por la alcaldía municipal. Sin embargo, al verificar los documentos, los profesionales de la Dirección Regional Sumapaz constataron que dicha licencia estaba vencida desde el mes de mayo de 2025. Además, el permiso solo autorizaba la construcción de una vivienda de apenas 115 metros cuadrados, una superficie ínfima en comparación con los más de 5.400 metros cuadrados que fueron brutalmente afectados por la maquinaria pesada para la minería.
Una Licencia de Baja Escala como Escudo Ilegal
Este caso pone de manifiesto una modalidad delictiva donde se utilizan permisos de construcción de baja escala como escudo para realizar actividades industriales extractivas sin control ambiental. Aunque al momento de imponer la medida preventiva el predio se encontraba nivelado y aparentemente plano, el análisis de los ingenieros ambientales permitió desmentir la supuesta naturaleza original del terreno.
La Evidencia Irrefutable del Volumen Extraído
La técnica de «aplanar» el sitio busca camuflar los frentes de explotación, pero la evidencia recolectada en campo sobre el volumen de material extraído (más de 52.000 toneladas) es irrefutable.
La autoridad ambiental ha hecho un llamado urgente a las administraciones municipales para fortalecer la vigilancia sobre las licencias de construcción otorgadas, evitando que se conviertan en herramientas para eludir la ley minera y ambiental. El impacto en el suelo, la flora y la fauna de Silvania tardará décadas en repararse, lo que subraya la necesidad de una intervención temprana y rigurosa. La medida preventiva busca detener de inmediato cualquier avance adicional en la destrucción de este sector rural, protegiendo así el patrimonio natural de los cundinamarqueses frente a la voracidad de la minería no regulada.
por user | Dic 29, 2025 | DEPARTAMENTAL, LOCALES
En una acción ejecutiva para salvaguardar los recursos naturales, la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) ordenó el cierre inmediato de una operación minera ilegal ubicada en la vereda Tibita, municipio de Villapinzón. La actividad se desarrollaba sin contar con la más mínima autorización o registro ambiental ante la entidad.
Hallazgos de una operación ilícita
El equipo de la Regional Almeidas y Guatavita constató en el predio una explotación rudimentaria. Se identificó una bocamina o túnel inclinado con entibado de madera inadecuado y un sistema de extracción (malacate) accionado por un motor de tractor. A pesar de estar en una zona con potencial minero regulado, esta excavación en particular carecía por completo del estatus de “minería tradicional”, situándola en la ilegalidad absoluta.
El daño ecológico ya es palpable. Camilo Poveda, director de la regional, señaló que la disposición incorrecta de escombros y estériles está causando una pérdida irreversible del suelo, erosionando su fertilidad y eliminando toda posibilidad de regeneración vegetal en el área intervenida.
Evidencias de un delito ambiental integral
En el lugar también se incautaron 27 rollos de madera de eucalipto sin documentación que legalizara su tala o transporte, evidenciando una cadena de irregularidades.
Bajo el marco de la Resolución 212 de 2016, la CAR advirtió sobre las compensaciones obligatorias por pérdida de biodiversidad. La institución, reafirmando su compromiso de acción, hizo un llamado a la conciencia colectiva: las decisiones de hoy definirán el patrimonio natural que heredarán los ciudadanos del mañana. Esta intervención busca paralizar de raíz el continuo deterioro de un ecosistema estratégico.
