El debate económico en Colombia ha entrado en una fase crítica y de tensión técnica tras la propuesta del Gobierno nacional de modificar radicalmente el manejo de los fondos de pensiones privados. El proyecto de decreto, que buscaba incentivar la repatriación masiva de capitales invertidos por los Fondos de Pensiones Obligatorias (AFP) en mercados globales, fue recibido con escepticismo y alertas por parte de economistas, gremios financieros y, finalmente, motivó la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación, poniendo en pausa una de las reformas financieras más polémicas del gobierno Petro.
El objetivo gubernamental y la sombra de la estrechez fiscal
La administración del presidente Gustavo Petro argumenta que el ahorro de los trabajadores colombianos, uno de los más grandes del país, debe servir prioritariamente para dinamizar la economía interna mediante la «inversión productiva nacional» en infraestructura, vivienda y proyectos del Estado.
Esta intención surge en un contexto de dificultades fiscales apremiantes, donde la necesidad de liquidez en pesos es urgente para financiar proyectos sociales y de desarrollo. El decreto, en su formulación inicial, planteaba fortalecer el mercado de capitales local ampliando su profundidad y liquidez a través de la canalización forzosa, en plazos cortos, del ahorro privado hacia activos locales, reduciendo la exposición internacional de los portafolios.
Alertas técnicas y una renuncia que encendió las alarmas
La viabilidad y los riesgos de esta medida fueron cuestionados internamente desde un principio, provocando la salida de Mónica Higuera, directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF). Fuentes del sector financiero señalaron a la prensa que una repatriación acelerada, planteada incluso para un plazo de seis meses, obligaría a las AFP a liquidar posiciones de largo plazo (30 a 50 años) en mercados internacionales, asumiendo pérdidas sustanciales por desbalances de mercado, costos de transacción y un momento desfavorable en los ciclos financieros globales.
Los técnicos alertaron sobre el peligro de sacrificar la rentabilidad futura de las pensiones, que depende de la diversificación y de inversiones en economías más estables, para solucionar un problema de caja del gobierno de corto plazo, poniendo en riesgo el patrimonio de millones de afiliados.
La intervención de la Procuraduría y un aplazamiento forzoso
Ante la magnitud de las advertencias, la Procuraduría General, en ejercicio de su función de control preventivo, convocó mesas técnicas de emergencia con expertos independientes, supervisores financieros y representantes de las AFP para analizar a fondo los riesgos de mercado, el impacto en el rendimiento histórico y la necesaria diversificación de los portafolios.
El ente de control, liderado por la Procuradora Margarita Cabello Blanco, busca anticipar riesgos sistémicos que comprometan la estabilidad del sistema financiero y la protección constitucional del ahorro pensional, basándose en leyes como la Ley 100 de 1993. El foco está en blindar los recursos de los afiliados frente a posibles impactos económicos adversos y en evitar decisiones que pudieran considerarse una expropiación encubierta o una socialización de pérdidas.
Debido a la profunda controversia técnica y legal, el Gobierno decidió aplazar la expedición del decreto hasta, al menos, el segundo trimestre de 2026. Este tiempo permitirá, en teoría, ajustar el articulado para que sea consistente con una adecuada gestión de riesgos y no vulnere los principios de seguridad y rentabilidad del sistema. La Procuraduría mantendrá su papel de observador técnico permanente, señalando que su misión es asegurar que la arquitectura futura del ahorro pensional no sacrifique la protección patrimonial de millones de colombianos en favor de metas de política pública de corto plazo, en lo que se perfila como un pulso crucial entre política económica y técnica financiera.
La gestión ambiental en el centro de Colombia ha alcanzado un hito institucional bajo el liderazgo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). En su más reciente balance del año 2025, la entidad reveló un resultado contundente: en colaboración estrecha con la Fuerza Pública, se asestaron 73 golpes judiciales contra la explotación ilegal de recursos naturales, marcando un récord en decomisos y capturas que desarticulan redes criminales que depredan el ecosistema.
La UIGA: un modelo de unidad estratégica contra la ilegalidad ambiental
El brazo operativo que ha hecho posible estos resultados es la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA). Esta unidad especial, creada como un piloto de éxito, ha logrado articular de manera eficiente el conocimiento técnico y jurídico de la CAR con la capacidad operativa, logística y de inteligencia del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial (FAC).
Según el director de la corporación, Alfred Ignacio Ballesteros, este modelo de «unión de esfuerzos» ha permitido ejecutar misiones de inteligencia planificadas meticulosamente, utilizando tecnología de punta como drones, imágenes satelitales y aeronaves de vigilancia para monitorear el territorio y actuar con precisión. La sinergia ha permitido pasar de la denuncia a la acción judicial efectiva en tiempo récord.
Los recursos naturales bajo ataque: un balance que preocupa
El balance detallado de la CAR muestra una tendencia clara y preocupante hacia el ataque contra el recurso suelo, que constituye el 49% de los casos intervenidos. La minería ilegal de materiales como arena, grava y carbón es la actividad predominante en esta categoría, causando daños paisajísticos y contaminación irreversibles.
En segundo lugar, se encuentran los delitos contra el aire (23%), relacionados principalmente con emisiones contaminantes de quemas y maquinaria pesada sin control. Les siguen la afectación al agua (17%), por vertimientos y desviación de cauces, y el tráfico de fauna silvestre (4%). Estas cifras reflejan una presión constante y multifacética sobre el ecosistema, con focos críticos especialmente en las provincias de Ubaté, Almeidas y la zona de la laguna de Guatavita, donde la extracción ilícita ha avanzado significativamente.
Tecnología, comunidad y fortalecimiento institucional: la fórmula del éxito
Uno de los pilares fundamentales del éxito operativo fue la integración activa de la ciudadanía en la red de vigilancia ambiental. La CAR enfatizó que las denuncias reportadas a través de sus canales de atención, como líneas telefónicas y aplicaciones móviles, fueron el detonante de múltiples operativos exitosos.
Este respaldo social, sumado al uso de tecnología forense y conocimiento jurídico especializado para consolidar la flagrancia y asegurar las pruebas, ha sido fundamental para lograr condenas. Ante la persistencia y adaptación de los delitos ambientales, la corporación anunció el fortalecimiento de sus equipos técnicos y jurídicos regionales en las zonas más afectadas, con mayor presupuesto y personal.
El objetivo es claro: reducir el impacto de la ilegalidad ambiental mediante un ejercicio de autoridad oportuno, permanente y disuasivo. La CAR reafirma así su compromiso con el cuidado del ambiente como objetivo primordial de su gestión en los 98 municipios de Cundinamarca, 6 de Boyacá y la ruralidad de Bogotá, proyectando replicar el modelo UIGA en otras regiones del país.
El panorama de seguridad en Colombia ha dado un giro estratégico tras el anuncio del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre la profundización de la cooperación antinarcóticos con los Estados Unidos. Este acuerdo, calificado como «histórico» por las partes, representa una respuesta coordinada y sin precedentes frente al fortalecimiento de organizaciones armadas que han encontrado en la vasta y porosa frontera colombo-venezolana un refugio estratégico para sus actividades ilegales, que van desde el narcotráfico hasta la extorsión y el contrabando de armas.
Un enfoque binacional: la frontera y el ELN en el punto de mira
El núcleo de esta nueva etapa de cooperación es el desmantelamiento sistemático de las redes de logística, financiación y producción de cocaína que alimentan la violencia en la región. El ministro Velasco fue enfático al señalar que la mira está puesta, de manera prioritaria, en debilitar las operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales que controlan territorios fronterizos estratégicos, utilizándolos como corredores para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y Norteamérica.
Colombia y EE.UU. sellan alianza tecnológica para desmantelar al ELN en la frontera
La estrategia pactada no se limita únicamente a la presencia física de tropas o a operaciones militares convencionales, sino que apuesta por una guerra de inteligencia y tecnología de punta. Estados Unidos proveerá asistencia técnica avanzada, incluyendo sistemas de vigilancia satelital, interceptación de comunicaciones y análisis de big data, para identificar, rastrear y destruir de manera más eficiente laboratorios clandestinos, pistas de aterrizaje y centros de acopio.
Coordinación interinstitucional y el flujo de recursos externos
La ejecución de este ambicioso plan antidrogas está siendo liderada de manera conjunta por los ministerios del Interior y de Justicia, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El apoyo de Estados Unidos se traduce no solo en inteligencia, sino en un flujo constante de recursos económicos y equipamiento especializado para operaciones de alto impacto.
El ministro precisó que esta disposición fue comunicada formalmente y aceptada por el Gobierno estadounidense, asegurando que los canales de inteligencia bilaterales están plenamente activos y compartiendo información en tiempo real. Esta inyección de recursos busca optimizar las capacidades de las fuerzas colombianas en un terreno geográficamente complejo y desafiante.
Un contexto regional volátil y la protección de la soberanía nacional
El anuncio se da en un momento de alta sensibilidad regional. Recientemente, el presidente Gustavo Petro ordenó el despliegue masivo de la fuerza pública en la frontera tras eventos críticos en Caracas que alteraron el equilibrio de poder entre actores ilegales. La captura de figuras del régimen venezolano, presuntamente vinculadas al Cartel de los Soles, ha generado un efecto dominó, donde cabecillas del ELN y disidencias de las Farc podrían perder la protección que tenían en el país vecino e intentar un éxodo hacia Colombia, buscando consolidar sus operaciones en territorio nacional.
Ante este escenario de incertidumbre, la cooperación estratégica con Washington actúa como un muro de contención contra el crimen transnacional y la posible expansión descontrolada de estos grupos. Finalmente, las autoridades esperan que esta alianza, más allá de golpear las finanzas del narcotráfico, también permita enfrentar la creciente amenaza de grupos de crimen organizado trasnacional como el Tren de Aragua. En un entorno donde la seguridad regional es frágil, esta alianza se presenta como la principal apuesta del Ejecutivo para neutralizar la violencia en las zonas rurales, proteger a las comunidades y garantizar la soberanía nacional frente a las amenazas híbridas de los carteles y los grupos insurgentes remanentes.
El ataque militar de Estados Unidos en Venezuela, denominado Operación Resolución Absoluta, no solo alteró el mapa político de la región con la captura de Nicolás Maduro; también ha desatado un profundo debate sobre la seguridad energética y la estabilidad comercial de Colombia.
Ante la nueva realidad geopolítica, expertos y exministros coinciden en que la prudencia debe ser la brújula del gobierno de Gustavo Petro, especialmente en lo referente a la dependencia de hidrocarburos venezolanos.
Uno de los datos más alarmantes para Colombia es la disparidad en las reservas de petróleo. Mientras que Colombia tiene reservas probadas para apenas 8 años, Venezuela cuenta con recursos para sostener su explotación actual durante 800 años.
A finales de 2025, la producción colombiana se situaba en 780,000 barriles diarios, una cifra lejana al millón de barriles que se producía en 2015. Por el contrario, se estima que Venezuela podría alcanzar los 1.5 millones de barriles diarios para finales de 2026 bajo un esquema de estabilidad e inversión internacional.
Advertencia experta: «No desactivar nuestro sector», urge José Manuel Restrepo
Sin embargo, poseer las mayores reservas del mundo no garantiza el éxito inmediato. El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, explica que Venezuela ha destruido el 80% de sus capacidades técnicas y ha perdido un capital humano invaluable tras años de gestión deficiente de PDVSA.
Por ello, Restrepo advierte que sería un error estratégico que Colombia desactive su sector de hidrocarburos confiando en una transición rápida en el país vecino.
«El país debe abrir la firma de nuevos contratos de exploración y habilitar fracking para gas y petróleo», sentenció el experto, subrayando la urgencia de no perder soberanía energética durante este periodo de transición.
La propuesta de importar gas desde Venezuela, que el gobierno Petro había impulsado, ahora está bajo una lupa crítica. Expertos como Juan Camilo Restrepo consideran que negocios como la importación de gas o la compra de la empresa de fertilizantes Monómeros eran más «favores políticos» que decisiones económicas sólidas.
José Manuel Restrepo añade que Monómeros es un activo estratégico, pero adquirirlo en medio de litigios y riesgos de reputación resultaría sumamente «costoso para el Estado». Para él, cualquier inversión debe esperar a que existan reglas claras y un blindaje jurídico que hoy no existe.
Oportunidad comercial condicionada y la lección de la cautela
En el ámbito comercial, la reactivación que se venía dando desde 2022 enfrenta un nuevo bache. Aunque el intercambio creció un 8.3% en los primeros meses de 2025, las exportaciones de Venezuela hacia Colombia habían descendido un 19.5%.
El exministro de Comercio sugiere que la normalización institucional en Venezuela podría representar para Colombia un dividendo democrático: un mercado ávido de alimentos, medicinas y productos de aseo que podría añadir un punto porcentual al PIB colombiano.
Pero este beneficio está condicionado a que Venezuela recupere un marco democrático funcional y seguridad jurídica.
Finalmente, el impacto en los precios internos de la gasolina en Colombia parece ser limitado en el corto plazo.
Los precios locales dependen más de la política interna y de los mercados internacionales que de la oferta venezolana inmediata. La lección que queda para el empresariado colombiano es la cautela.
Como resume Restrepo, «la experiencia regional muestra que la cautela bien informada es mejor que el entusiasmo apresurado».
El camino hacia la reconstrucción de las relaciones binacionales será largo y dependerá de que la democracia eche raíces sólidas en Caracas para garantizar que los contratos y las inversiones tengan validez a largo plazo.
La arquitectura financiera de Colombia para el año 2025 ha sufrido una modificación estructural profunda debido al reciente recorte de 16,2 billones de pesos anunciado por el Ministerio de Hacienda.
Este ajuste es el resultado directo de una brecha entre las expectativas de gasto y la realidad del recaudo tributario, agravada sustancialmente por la decisión del Congreso de no aprobar la Ley de Financiamiento.
Esta ley era la pieza clave con la que el Gobierno pretendía recaudar 12 billones de pesos adicionales para financiar sus programas.
Priorización estricta del gasto bajo los parámetros de la Regla Fiscal
El decreto 1484 detalla que, al no contar con esos recursos, se hizo necesario reducir las apropiaciones en más de 4,2 billones de pesos que dependían exclusivamente de esa fuente de ingresos.
Esta situación pone de manifiesto la tensión entre las metas sociales del ejecutivo y la realidad fiscal del país, obligando a una priorización estricta del gasto público bajo los parámetros de la Regla Fiscal.
El cumplimiento de esta regla es vital para mantener la confianza de los mercados internacionales y la calificación crediticia de la nación.
Una política de austeridad equilibrada para no frenar la inversión comprometida
Colombia: Impacto de la negativa de la Ley de Financiamiento en el presupuesto 2025
El proceso de ajuste fue rigurosamente analizado por el Consejo de Ministros, evaluando qué sectores podían absorber las reducciones sin generar parálisis en la administración pública.
Aunque el recorte de 16,2 billones es elevado, se sitúa por debajo del techo de 20 billones que se había contemplado inicialmente como medida de choque.
Esta decisión refleja un intento del Ministerio por aplicar una política de austeridad que sea efectiva para reducir el déficit, pero lo suficientemente equilibrada para no frenar la inversión que ya está comprometida.
Transparencia y gestión ajustada: claves para 2025
En conclusión, el panorama económico para el cierre de 2025 y el inicio de 2026 estará marcado por una gestión de recursos mucho más ajustada.
El Gobierno deberá operar con un presupuesto optimizado, asegurando que cada peso invertido contribuya a la sostenibilidad de las finzas.
La transparencia en la aplicación de este recorte será fundamental para que las entidades estatales ajusten sus planes de acción sin afectar la prestación de servicios básicos a la ciudadanía, manteniendo la promesa de respetar los compromisos contractuales previos.
