El panorama de seguridad en Colombia ha dado un giro estratégico tras el anuncio del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre la profundización de la cooperación antinarcóticos con los Estados Unidos. Este acuerdo, calificado como «histórico» por las partes, representa una respuesta coordinada y sin precedentes frente al fortalecimiento de organizaciones armadas que han encontrado en la vasta y porosa frontera colombo-venezolana un refugio estratégico para sus actividades ilegales, que van desde el narcotráfico hasta la extorsión y el contrabando de armas.
Un enfoque binacional: la frontera y el ELN en el punto de mira
El núcleo de esta nueva etapa de cooperación es el desmantelamiento sistemático de las redes de logística, financiación y producción de cocaína que alimentan la violencia en la región. El ministro Velasco fue enfático al señalar que la mira está puesta, de manera prioritaria, en debilitar las operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales que controlan territorios fronterizos estratégicos, utilizándolos como corredores para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y Norteamérica.
Colombia y EE.UU. sellan alianza tecnológica para desmantelar al ELN en la frontera
La estrategia pactada no se limita únicamente a la presencia física de tropas o a operaciones militares convencionales, sino que apuesta por una guerra de inteligencia y tecnología de punta. Estados Unidos proveerá asistencia técnica avanzada, incluyendo sistemas de vigilancia satelital, interceptación de comunicaciones y análisis de big data, para identificar, rastrear y destruir de manera más eficiente laboratorios clandestinos, pistas de aterrizaje y centros de acopio.
Coordinación interinstitucional y el flujo de recursos externos
La ejecución de este ambicioso plan antidrogas está siendo liderada de manera conjunta por los ministerios del Interior y de Justicia, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El apoyo de Estados Unidos se traduce no solo en inteligencia, sino en un flujo constante de recursos económicos y equipamiento especializado para operaciones de alto impacto.
El ministro precisó que esta disposición fue comunicada formalmente y aceptada por el Gobierno estadounidense, asegurando que los canales de inteligencia bilaterales están plenamente activos y compartiendo información en tiempo real. Esta inyección de recursos busca optimizar las capacidades de las fuerzas colombianas en un terreno geográficamente complejo y desafiante.
Un contexto regional volátil y la protección de la soberanía nacional
El anuncio se da en un momento de alta sensibilidad regional. Recientemente, el presidente Gustavo Petro ordenó el despliegue masivo de la fuerza pública en la frontera tras eventos críticos en Caracas que alteraron el equilibrio de poder entre actores ilegales. La captura de figuras del régimen venezolano, presuntamente vinculadas al Cartel de los Soles, ha generado un efecto dominó, donde cabecillas del ELN y disidencias de las Farc podrían perder la protección que tenían en el país vecino e intentar un éxodo hacia Colombia, buscando consolidar sus operaciones en territorio nacional.
Ante este escenario de incertidumbre, la cooperación estratégica con Washington actúa como un muro de contención contra el crimen transnacional y la posible expansión descontrolada de estos grupos. Finalmente, las autoridades esperan que esta alianza, más allá de golpear las finanzas del narcotráfico, también permita enfrentar la creciente amenaza de grupos de crimen organizado trasnacional como el Tren de Aragua. En un entorno donde la seguridad regional es frágil, esta alianza se presenta como la principal apuesta del Ejecutivo para neutralizar la violencia en las zonas rurales, proteger a las comunidades y garantizar la soberanía nacional frente a las amenazas híbridas de los carteles y los grupos insurgentes remanentes.
El ataque militar de Estados Unidos en Venezuela, denominado Operación Resolución Absoluta, no solo alteró el mapa político de la región con la captura de Nicolás Maduro; también ha desatado un profundo debate sobre la seguridad energética y la estabilidad comercial de Colombia.
Ante la nueva realidad geopolítica, expertos y exministros coinciden en que la prudencia debe ser la brújula del gobierno de Gustavo Petro, especialmente en lo referente a la dependencia de hidrocarburos venezolanos.
Uno de los datos más alarmantes para Colombia es la disparidad en las reservas de petróleo. Mientras que Colombia tiene reservas probadas para apenas 8 años, Venezuela cuenta con recursos para sostener su explotación actual durante 800 años.
A finales de 2025, la producción colombiana se situaba en 780,000 barriles diarios, una cifra lejana al millón de barriles que se producía en 2015. Por el contrario, se estima que Venezuela podría alcanzar los 1.5 millones de barriles diarios para finales de 2026 bajo un esquema de estabilidad e inversión internacional.
Advertencia experta: «No desactivar nuestro sector», urge José Manuel Restrepo
Sin embargo, poseer las mayores reservas del mundo no garantiza el éxito inmediato. El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, explica que Venezuela ha destruido el 80% de sus capacidades técnicas y ha perdido un capital humano invaluable tras años de gestión deficiente de PDVSA.
Por ello, Restrepo advierte que sería un error estratégico que Colombia desactive su sector de hidrocarburos confiando en una transición rápida en el país vecino.
«El país debe abrir la firma de nuevos contratos de exploración y habilitar fracking para gas y petróleo», sentenció el experto, subrayando la urgencia de no perder soberanía energética durante este periodo de transición.
La propuesta de importar gas desde Venezuela, que el gobierno Petro había impulsado, ahora está bajo una lupa crítica. Expertos como Juan Camilo Restrepo consideran que negocios como la importación de gas o la compra de la empresa de fertilizantes Monómeros eran más «favores políticos» que decisiones económicas sólidas.
José Manuel Restrepo añade que Monómeros es un activo estratégico, pero adquirirlo en medio de litigios y riesgos de reputación resultaría sumamente «costoso para el Estado». Para él, cualquier inversión debe esperar a que existan reglas claras y un blindaje jurídico que hoy no existe.
Oportunidad comercial condicionada y la lección de la cautela
En el ámbito comercial, la reactivación que se venía dando desde 2022 enfrenta un nuevo bache. Aunque el intercambio creció un 8.3% en los primeros meses de 2025, las exportaciones de Venezuela hacia Colombia habían descendido un 19.5%.
El exministro de Comercio sugiere que la normalización institucional en Venezuela podría representar para Colombia un dividendo democrático: un mercado ávido de alimentos, medicinas y productos de aseo que podría añadir un punto porcentual al PIB colombiano.
Pero este beneficio está condicionado a que Venezuela recupere un marco democrático funcional y seguridad jurídica.
Finalmente, el impacto en los precios internos de la gasolina en Colombia parece ser limitado en el corto plazo.
Los precios locales dependen más de la política interna y de los mercados internacionales que de la oferta venezolana inmediata. La lección que queda para el empresariado colombiano es la cautela.
Como resume Restrepo, «la experiencia regional muestra que la cautela bien informada es mejor que el entusiasmo apresurado».
El camino hacia la reconstrucción de las relaciones binacionales será largo y dependerá de que la democracia eche raíces sólidas en Caracas para garantizar que los contratos y las inversiones tengan validez a largo plazo.
La lucha contra la explotación ilegal de los recursos naturales en Cundinamarca sumó un nuevo éxito tras un operativo liderado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Policía Nacional.
En la vía que conecta los municipios de Fusagasugá y Arbeláez, las autoridades lograron la interceptación y decomiso de un cargamento ilegal de guadua, una especie forestal protegida por su inmenso valor ecológico y económico.
El operativo se llevó a cabo el 3 de enero de 2025, cuando un puesto de control vial detectó un camión que transportaba aproximadamente 100 varas de guadua de la especie Guadua angustifolia.
Al solicitar la documentación correspondiente, los agentes constataron que el transportador no contaba con el permiso de aprovechamiento emitido por la autoridad ambiental, ni con el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL), documento indispensable para el transporte de flora en el territorio nacional.
El «acero vegetal»: por qué su protección es crucial para los ecosistemas
Érika Álvarez, directora de la regional CAR Sumapaz, detalló que el volumen del material incautado se estima en 2.3 metros cúbicos.
Álvarez subrayó la gravedad del hecho, recordando que la guadua no es solo una materia prima para la construcción, sino un componente crítico del ecosistema.
Conocida popularmente como el «acero vegetal» por su resistencia y versatilidad, esta planta desempeña funciones vitales como la captura de dióxido de carbono y la regulación de los ciclos hídricos en las cuencas de la región.
La falta de permisos implica que la extracción se realizó sin criterios técnicos de sostenibilidad, lo que pone en riesgo la regeneración natural de los guaduales y la estabilidad de los suelos donde crecen.
«En el operativo, el Grupo de Protección Ambiental de la Policía Nacional llevó a cabo la incautación… las cuales eran trasladadas sin la autorización por parte de la CAR como autoridad ambiental», puntualizó la directora regional.
Sanciones y advertencia: el mensaje de la CAR contra el tráfico de flora
Tras la confiscación, la guadua fue trasladada bajo custodia a la Dirección Regional Sumapaz y posteriormente remitida al Centro de Atención y Valoración de Flora de la Corporación, donde se determinará su destino final.
Por su parte, el individuo que realizaba el transporte fue puesto a disposición de la justicia, mientras que la oficina jurídica de la CAR dio apertura formal a un proceso sancionatorio ambiental que podría acarrear multas económicas considerables.
Este suceso sirve como un recordatorio urgente para todos los actores de la cadena forestal. La normativa colombiana es clara: el aprovechamiento de cualquier producto obtenido de la biodiversidad biológica en su primer grado de transformación debe estar estrictamente regulado.
El SUNL es la herramienta que garantiza que la madera o la guadua provienen de bosques o cultivos manejados de forma legal y técnica.
La CAR Cundinamarca ha intensificado estos controles viales bajo el lema #LaCARactúa, buscando desincentivar la tala indiscriminada y el comercio informal que despoja a los ecosistemas del departamento de sus defensas naturales.
La guadua, esencial para proyectos ambientales y de construcción sostenible, debe ser protegida para asegurar que siga cumpliendo su rol como guardiana del agua y del aire en Cundinamarca.
La vigilancia continuará en las vías del Sumapaz para asegurar que el «acero vegetal» solo se movilice bajo el amparo de la ley.
Bogotá ha amanecido con noticias alentadoras para su movilidad. En un reporte entregado este fin de semana, el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, confirmó que la Línea 1 del Metro de Bogotá ha superado la barrera de los diez kilómetros de viaducto construido.
Este hito, alcanzado el 3 de enero de 2026, marca un punto de no retorno en la ejecución de la obra civil y eleva la cifra exacta de infraestructura elevada a 10,025 metros.
La instalación estratégica del vano identificado como S503 fue la pieza que permitió completar esta cifra redonda, un avance que Galán celebró como una prueba de que el compromiso con el sistema de transporte masivo sigue firme.
«Otro hito para el Metro Bogotá… seguimos avanzando para garantizar que Bogotá tenga Metro», expresó el mandatario a través de sus redes sociales.
El Metro de Bogotá Toma Forma: 10 Kilómetros de Viaducto y Pruebas de Trenes en Marcha
Pruebas dinámicas en Bosa: los trenes cobran vida en el Patio Taller
Pero el progreso no es solo visible en las avenidas donde se levanta el viaducto. En el corazón operativo del proyecto, el Patio Taller de Bosa, se está llevando a cabo un proceso técnico de suma importancia: las pruebas dinámicas de los trenes.
Este paso histórico permite evaluar el comportamiento real de los vehículos antes de que sean puestos en funcionamiento para el público masivo.
El proceso de pruebas comenzó con una maniobra técnica delicada. El primer tren fue energizado mediante el sistema conocido como Stinger, un dispositivo móvil que proporciona la carga eléctrica necesaria para mover el convoy dentro de las instalaciones del taller sin necesidad de utilizar la catenaria principal o el tercer riel definitivo.
Una vez activada la vía de prueba de 905 metros, el tren realizó sus primeros desplazamientos autónomos. Durante estas jornadas de verificación, un equipo de especialistas evalúa minuciosamente el ciclo de arranque y frenado, asegurando que los sistemas electrónicos respondan con precisión a las órdenes de mando.
Asimismo, se ponen a prueba los sistemas de seguridad automatizados, la apertura y cierre de puertas, y la alineación de los vagones con las plataformas de simulación de estaciones.
Esta etapa es fundamental para detectar cualquier desajuste técnico antes de pasar a las pruebas en el viaducto principal.
Rumbo a 2028: el cronograma se consolida mientras la obra avanza en múltiples frentes
El Metro de Bogotá Toma Forma: 10 Kilómetros de Viaducto y Pruebas de Trenes en Marcha
El cronograma del proyecto se mantiene con la mirada puesta en el primer trimestre de 2028, fecha en la que se tiene prevista la inauguración comercial de la Línea 1.
Este metro, que ha sido el sueño de la capital por décadas, promete aliviar los problemas crónicos de transporte en Bogotá, conectando el sur de la ciudad con el centro y el norte de manera eficiente.
La construcción simultánea en múltiples frentes —desde la cimentación y levantamiento de columnas hasta el ensamble de rieles y pruebas de material rodante— demuestra una coordinación logística de alto nivel.
Para los habitantes de Bosa, ver los trenes moverse en las vías de prueba es el primer contacto real con un sistema que cambiará la dinámica urbana.
A pesar de los retos logísticos y los debates políticos que históricamente han rodeado al proyecto, los datos suministrados por la administración distrital sugieren un ritmo de obra constante.
Con más de diez kilómetros de viaducto ya visibles en el paisaje urbano y trenes realizando sus primeras pruebas dinámicas, el Metro de Bogotá ha dejado de ser una promesa en papel para convertirse en una realidad de acero y concreto que avanza hacia su puesta en marcha definitiva.
Bajo el marco del ambicioso Megaproyecto Río Bogotá, la entidad ha logrado consolidar 116 hectáreas destinadas a la restauración ecológica en la cuenca media del afluente.
Estas áreas, denominadas Áreas Multifuncionales, no son simplemente terrenos recuperados, sino espacios estratégicos diseñados para devolverle al territorio su funcionalidad ambiental y su equilibrio ecosistémico original.
Reforestación masiva y biofiltros: las soluciones basadas en la naturaleza toman forma
Las intervenciones se concentran principalmente en el municipio de Soacha y en las localidades bogotanas de Bosa y Engativá.
En estos puntos, la CAR ha implementado lo que denomina «soluciones basadas en la naturaleza», un enfoque que prioriza el uso de procesos naturales para resolver problemas ambientales, como la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad.
Uno de los pilares de esta gestión es la reforestación masiva. Hasta la fecha, se han plantado más de 68,000 árboles de especies nativas, seleccionando cuidadosamente variedades como el roble, el cedro y el sangregado para fortalecer la cobertura vegetal y ofrecer hábitats a la fauna local.
Esta masa forestal actúa como un pulmón y una barrera protectora para la cuenca. No obstante, la restauración no se limita a la superficie terrestre.
La calidad del agua es una preocupación central, por lo que se ha construido un biofiltro natural de gran escala. Este sistema permite la depuración del agua del río mediante procesos biológicos sostenibles, evitando el uso de químicos pesados.
A esto se suma la siembra de 55,000 metros cuadrados de plantas acuáticas. Las raíces de estas plantas albergan microorganismos especializados en descomponer materia orgánica y otros contaminantes, funcionando como una planta de tratamiento natural que trabaja las 24 horas del día.
Conectividad ecológica y resiliencia: el objetivo final del megaproyecto
La infraestructura técnica del proyecto también es robusta. La CAR ha puesto en funcionamiento viveros propios y centros de compostaje, los cuales son esenciales para garantizar un suministro constante de material vegetal joven y para tratar los residuos orgánicos que ayudarán a la recuperación de los suelos erosionados de la cuenca.
Estos centros permiten que el ciclo de restauración sea autosustentable a largo plazo. El objetivo último de estas 116 hectáreas es restablecer la conectividad ecológica.
Históricamente, el río Bogotá ha estado desconectado de sus zonas inundables debido a la urbanización y la agricultura intensiva.
Al recuperar estas áreas multifuncionales, se permite que el río vuelva a interactuar con su entorno natural de manera controlada, reduciendo riesgos de inundación y revitalizando los humedales y espejos de agua asociados.
Esta iniciativa beneficia directamente a millones de habitantes de la región, no solo mejorando el paisaje y la calidad del aire, sino también asegurando servicios ecosistémicos vitales como la regulación hídrica.
La CAR reafirma su compromiso con una recuperación integral que va más allá de la limpieza del cauce, enfocándose en la vida que rodea al río y en la resiliencia del territorio frente al cambio climático. En definitiva, estas 116 hectáreas representan un modelo de convivencia entre la naturaleza y el desarrollo urbano de la sabana de Bogotá.
La arquitectura financiera de Colombia para el año 2025 ha sufrido una modificación estructural profunda debido al reciente recorte de 16,2 billones de pesos anunciado por el Ministerio de Hacienda.
Este ajuste es el resultado directo de una brecha entre las expectativas de gasto y la realidad del recaudo tributario, agravada sustancialmente por la decisión del Congreso de no aprobar la Ley de Financiamiento.
Esta ley era la pieza clave con la que el Gobierno pretendía recaudar 12 billones de pesos adicionales para financiar sus programas.
Priorización estricta del gasto bajo los parámetros de la Regla Fiscal
El decreto 1484 detalla que, al no contar con esos recursos, se hizo necesario reducir las apropiaciones en más de 4,2 billones de pesos que dependían exclusivamente de esa fuente de ingresos.
Esta situación pone de manifiesto la tensión entre las metas sociales del ejecutivo y la realidad fiscal del país, obligando a una priorización estricta del gasto público bajo los parámetros de la Regla Fiscal.
El cumplimiento de esta regla es vital para mantener la confianza de los mercados internacionales y la calificación crediticia de la nación.
Una política de austeridad equilibrada para no frenar la inversión comprometida
Colombia: Impacto de la negativa de la Ley de Financiamiento en el presupuesto 2025
El proceso de ajuste fue rigurosamente analizado por el Consejo de Ministros, evaluando qué sectores podían absorber las reducciones sin generar parálisis en la administración pública.
Aunque el recorte de 16,2 billones es elevado, se sitúa por debajo del techo de 20 billones que se había contemplado inicialmente como medida de choque.
Esta decisión refleja un intento del Ministerio por aplicar una política de austeridad que sea efectiva para reducir el déficit, pero lo suficientemente equilibrada para no frenar la inversión que ya está comprometida.
Transparencia y gestión ajustada: claves para 2025
En conclusión, el panorama económico para el cierre de 2025 y el inicio de 2026 estará marcado por una gestión de recursos mucho más ajustada.
El Gobierno deberá operar con un presupuesto optimizado, asegurando que cada peso invertido contribuya a la sostenibilidad de las finzas.
La transparencia en la aplicación de este recorte será fundamental para que las entidades estatales ajusten sus planes de acción sin afectar la prestación de servicios básicos a la ciudadanía, manteniendo la promesa de respetar los compromisos contractuales previos.
La madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 se produjo un escenario de alta intensidad militar en la capital de Venezuela, Caracas, donde se escucharon múltiples explosiones y fuertes detonaciones en diferentes puntos de la ciudad, así como el sobrevuelo de aeronaves de gran tamaño, lo que generó alarma entre la población civil y provocó el desalojo de parte del principal complejo militar del país, el Fuerte Tiuna.
Cerca de las 02:00 horas locales, residentes de zonas como Fuerte Tiuna, La Carlota, El Valle, La Pastora y Próceres reportaron haber sentido estallidos, columnas de humo y fallas en el servicio eléctrico, mientras vecinos afirmaban que helicópteros y aviones recorrían el espacio aéreo de la capital.
Decenas de habitantes del complejo militar Fuerte Tiuna, que alberga la soberanía castrense venezolana y la sede del Ministerio de Defensa, abandonaron sus residencias ante las explosiones y el temor por su seguridad, según reportaron agencias internacionales.
¿Qué está ocurriendo? Interpretaciones y fuentes internacionales
Este episodio se produce en un contexto de tensión extrema entre Estados Unidos y el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció públicamente que se había ejecutado una operación militar “a gran escala” contra Venezuela, afirmó que Maduro y su esposa habrían sido capturados y trasladados fuera del país, y describió las acciones como un golpe estratégico contra lo que Washington considera un régimen ilegítimo y narcotraficante.
Medios globales como Reuters, Al Jazeera y otros confirman que explosiones y ruido de aviones se escucharon en Caracas y en estados circundantes, incluyendo Miranda, Aragua y La Guaira, mientras que el gobierno bolivariano calificó los hechos como una “agresión militar extranjera” y declaró estado de emergencia nacional.
Testimonios de agencias como la Associated Press señalan que se escucharon al menos siete detonaciones junto con aeronaves que sobrevuelan a baja altura sobre sectores claves de Caracas, lo cual ha sido constatado por periodistas en terreno y residentes que publicaron videos en redes sociales.
Acciones y repercusiones inmediatas
✔ Desalojo parcial de Fuerte Tiuna por seguridad de civiles y personal militar cercano tras las explosiones. ✔ Cortes de energía eléctrica en algunos barrios de la ciudad tras las detonaciones. ✔ Sobrevuelo de aeronaves no identificadas observado por habitantes, posiblemente relacionadas con la operación. ✔ Llamados internacionales de urgencia por parte de mandatarios regionales —por ejemplo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó inmediatamente convocatorias de la OEA y la ONU ante lo que describió como un ataque armado.
Contexto geopolítico y antecedentes
Este episodio se da luego de meses de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, con sanciones, presencia militar estadounidense en el Caribe, y previas operaciones en alta mar contra embarcaciones señaladas como vinculadas al crimen organizado. Analistas internacionales señalan que estas acciones representan una escalada sin precedentes en la región desde la intervención de EE. UU. en Panamá en 1989.
El foco estratégico del complejo militar de Fuerte Tiuna, que históricamente ha sido epicentro de la estructura de defensa y control político en Venezuela, convierte estos eventos en un momento de alta sensibilidad no solo para Venezuela, sino para toda América Latina.
Situación al momento
Aunque los detalles siguen desarrollándose, no existe aún un comunicado oficial único transparente que confirme en su totalidad los objetivos y repercusiones de los ataques reportados en Caracas. Las versiones difieren entre lo que declara el gobierno venezolano como una invasión hostil y la postura de EE. UU. sobre la legitimidad de sus acciones.
Uno de los puntos más críticos del debate sobre el salario mínimo para 2026 es su impacto directo en el empleo informal y la competitividad empresarial. Cifras del DANE indican que cerca del 50% de los trabajadores colombianos se encuentran en la informalidad y, en su mayoría, no alcanzan a percibir siquiera un salario mínimo mensual. Al incrementar la carga prestacional en un 23%, analistas como los de JP Morgan advierten sobre un posible «terremoto» económico que afectará no solo la inflación, sino también las tasas de interés, complicando el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas.
Impacto en la Vida Cotidiana y las Copropiedades
El dilema de la informalidad y la inflación ante el nuevo salario mínimo de 2 millones
El efecto cascada del aumento también llegará a la vida cotidiana en las copropiedades. El pago de las administraciones de edificios y conjuntos residenciales verá reflejado el nuevo costo laboral, al igual que los contratos de servicios tercerizados de vigilancia y aseo. El transporte público y los aportes al SENA son otros rubros que sufrirán ajustes automáticos. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló que los efectos negativos de este incremento de dos dígidos serán «complejos de manejar», sugiriendo que la economía colombiana cierra el 2025 en un estado de vulnerabilidad según análisis de medios como The Economist.
La Defensa Gubernamental y la Realidad del Ciudadano
A pesar de estas advertencias, el Gobierno defiende la medida como un paso necesario hacia la justicia social y el fortalecimiento del consumo interno. Sin embargo, la realidad para el ciudadano de a pie será de un 2026 marcado por el encarecimiento de matrículas de colegios y universidades, así como de las tarifas de parqueaderos.
El éxito de esta política salarial dependerá de que el crecimiento económico sea suficiente para absorber estos nuevos costos sin destruir empleos formales. Por ahora, los colombianos deben preparar sus bolsillos para una oleada de reajustes en servicios básicos que comenzarán a regir desde el primer día del año.
El dilema de la informalidad y la inflación ante el nuevo salario mínimo de 2 millones
Con el inicio de su mandato en el Consejo de Seguridad de la ONU este 1 de enero de 2026, Colombia no solo asume una silla, sino una agenda proactiva que busca llevar temas regionales al centro del debate mundial. Una de las primeras y más ambiciosas acciones anunciadas es la presentación de una proposición formal para el cese de tensiones y ataques en la región del Caribe. Este movimiento subraya la intención del Gobierno de utilizar su nueva posición para proteger la soberanía y la tranquilidad de su entorno geográfico inmediato.
Liderazgo en temas transversales: cambio climático y protección de civiles
El rol de Colombia en este bienio será determinante en la construcción de resoluciones que afectan la seguridad internacional. El país tendrá la oportunidad de liderar discusiones sobre temas transversales como el cambio climático y su impacto en los conflictos, así como la protección de civiles en zonas de guerra. Al contar con 180 votos de respaldo, Colombia inicia su gestión con una legitimidad robusta que le permite dialogar de tú a tú con las naciones más influyentes del planeta en el marco de la diplomacia multilateral.
Experiencia histórica como base para los retos actuales
La experiencia acumulada en sus siete periodos anteriores en el Consejo es una base fundamental para enfrentar los retos actuales. La última vez que el país integró este órgano fue hace más de una década, y desde entonces, el escenario internacional ha cambiado drásticamente. No obstante, la vocación colombiana por la resolución de conflictos permanece vigente, y se espera que el país actúe como un puente entre diferentes bloques de poder para evitar el escalamiento de crisis humanitarias.
Objetivo 2027: un legado de diplomacia efectiva para la paz global
Finalmente, esta participación estratégica fortalecerá la proyección exterior de Colombia, permitiéndole acceder a espacios de decisión que suelen ser restringidos. La meta para 2027 es dejar un legado de diplomacia efectiva que haya contribuido significativamente a la paz global y al fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas como garante de la convivencia entre las naciones. Colombia se prepara así para dos años de intensa actividad diplomática en el corazón de Nueva York.
La lucha contra el retamo espinoso en el territorio de la CAR Cundinamarca ha entrado en una fase de alta precisión técnica gracias a la validación de datos obtenidos por sensores remotos.
La entidad se encuentra actualizando el diagnóstico de esta especie invasora utilizando espectroradiómetros, los cuales permiten diferenciar materiales y tipos de vegetación con una exactitud que antes era inalcanzable a gran escala.
Esta tecnología permite evaluar en tiempo real el estado de la vegetación y monitorear poblaciones de forma constante.
Datos precisos para decidir: erradicación o manejo controlado
Uno de los mayores retos de la gestión ambiental en áreas extensas es la identificación rápida de focos de invasión. La implementación de la firma espectral permite a los técnicos de la CAR determinar no solo dónde está la planta, sino también su edad y estado fenológico.
Estos datos son cruciales para decidir qué tipo de intervención es necesaria, ya sea de erradicación total o de manejo controlado, permitiendo que las acciones sean más efectivas y oportunas.
Monitoreo estratégico reduce desplazamientos a zonas de difícil acceso
La eficiencia es otra de las grandes ventajas señaladas por la Corporación. El uso de software especializado e imágenes satelitales reduce la necesidad de desplazamientos constantes de personal a zonas de difícil acceso, permitiendo un monitoreo estratégico desde centros de análisis.
Según la dirección de la entidad, esta es actualmente la única herramienta capaz de ofrecer una visión completa del impacto de la especie a escala regional, facilitando el análisis de su expansión histórica y futura.
Gestión colaborativa del territorio con información accesible
Finalmente, la CAR ha subrayado que este avance tecnológico no es exclusivo para uso institucional. La información resultante estará a disposición de diversos actores sociales, promoviendo una gestión colaborativa del territorio.
La meta es que, con datos precisos en mano, las comunidades y las autoridades locales puedan diseñar tácticas conjuntas para frenar a esta especie que amenaza la biodiversidad y el equilibrio hídrico de la región.
