Empresas de transporte en Colombia alertan crisis por exceso de normas e informalidad

Las empresas formales de transporte intermunicipal en Colombia enviaron una carta de alerta a la Superintendencia de Transporte. Explican que enfrentan una carga muy pesada de reglas, reportes y exigencias tecnológicas que hacen más costoso operar. Mientras tanto, el transporte informal sigue creciendo sin los mismos controles. Esta diferencia, dicen los gremios, crea una competencia injusta que pone en riesgo a quienes trabajan dentro de la legalidad.

Los constantes pedidos de información y la obligación de usar plataformas digitales complejas han subido los costos sin mejorar la eficiencia. Esto ha generado lo que llaman una "burocracia asfixiante" que debilita al sector formal. Además, señalan que las autoridades suelen fiscalizar más a las empresas que cumplen las normas, mientras el transporte ilegal, que no paga impuestos ni garantiza seguridad, opera con poca vigilancia.

Qué piden para equilibrar la balanza

Ante esta situación, el gremio del transporte formal solicita tres medidas urgentes. Primero, simplificar los trámites y requerimientos administrativos para que sean más claros y menos costosos. Segundo, crear una estrategia nacional coordinada para combatir el transporte informal en todas las regiones. Y tercero, garantizar que la ley se aplique de forma equilibrada, sin castigar solo a quienes operan legalmente.

También piden mayor articulación entre la autoridad nacional y los entes territoriales. Según el documento, muchas alcaldías y secretarías de tránsito no ejercen un control efectivo frente al llamado "transporte pirata", lo que agrava el problema en distintas zonas del país.

El sector reiteró su compromiso con el cumplimiento normativo, pero advirtió que sin cambios estructurales en la política de regulación y control, la viabilidad del transporte intermunicipal formal podría verse seriamente comprometida. La invitación es a que el Estado actúe con equilibrio: fortalecer la lucha contra la informalidad y, al mismo tiempo, aliviar la carga administrativa para las empresas que sí cumplen las reglas.

Al final, se trata de proteger a los usuarios y garantizar un servicio de transporte seguro, confiable y justo para todos. Si las condiciones no cambian, el riesgo es que más empresas formales cierren, lo que dejaría a los viajeros con menos opciones y más expuestos a servicios que no ofrecen garantías. Por eso, el llamado es a actuar a tiempo, con diálogo y medidas concretas que beneficien tanto al sector como a la ciudadanía.