CNE prepara cambios a ley de encuestas electorales en Colombia tras polémicas con encuestadoras

El Consejo Nacional Electoral de Colombia, conocido como CNE, anunció que trabaja en un proyecto para cambiar la ley que regula las encuestas electorales en el país. Esta norma, llamada Ley 2494 de 2025, entró en vigencia el año pasado y exige que los sondeos usen muestras probabilísticas y puedan ser revisados por cualquier ciudadano. Sin embargo, su aplicación ha generado tensiones entre el organismo electoral y las empresas que hacen encuestas. Algunas firmas incluso han decidido dejar de publicar sus estudios en Colombia porque consideran que los requisitos son muy difíciles de cumplir. Por eso, el CNE convocó a un foro con encuestadoras y medios de comunicación para escuchar sus preocupaciones. Álvaro Mauricio Montenegro, de la Comisión Técnica de Encuestas, confirmó que ya preparan un documento para proponer ajustes al Congreso en la próxima legislatura. Los puntos que podrían cambiar incluyen los márgenes de error exigidos para mediciones por departamentos y la posibilidad de usar métodos estadísticos más modernos que la ley actual no contempla. La idea es encontrar un equilibrio entre transparencia y viabilidad técnica para que las encuestas sigan siendo una herramienta útil para la democracia.

Preocupaciones de las empresas y el camino a seguir

Durante el foro, las encuestadoras expusieron sus principales objeciones. Una de las más repetidas fue la exigencia de tener marcos muestrales representativos para las encuestas telefónicas. James Patiño, de JPG Investigación de Mercados, explicó que en Colombia hay alrededor de 96 millones de líneas telefónicas registradas, un volumen que ninguna empresa puede comprar como base de trabajo. Por su parte, Narciso Michavila, de la firma española GAD3, anunció que su empresa suspendería la publicación de encuestas en el país porque las reglas actuales hacen inviable trabajar con rigor científico. Frente a esto, los comisionados del CNE aclararon que el objetivo no es pedir listas completas de números, sino demostrar que la muestra se eligió de forma aleatoria y representa la diversidad de los votantes. También explicaron que solo se publican los documentos que la ley define como públicos y que la información sensible se protege. El magistrado Álvaro Echeverry recordó que la multa mínima por incumplir la norma supera los 40 millones de pesos, pero que el CNE prefiere el diálogo pedagógico antes de aplicar sanciones. El propósito central de la ley, insistieron, es que cualquier persona pueda revisar cómo se hicieron las encuestas y que los resultados no manipulen el voto. Mientras se definen los cambios, los requisitos actuales siguen vigentes para todas las firmas que quieran publicar sondeos de intención de voto. Este debate refleja el reto de adaptar las normas a la realidad técnica sin perder de vista la transparencia que exige la democracia.