Paz Total de Petro enfrenta crisis por aumento de violencia y suspensión de diálogos con grupos armados

La política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro atraviesa uno de sus momentos más difíciles. En las últimas semanas, varias mesas de negociación se han suspendido o entrado en revisión debido a hechos de violencia atribuidos a los mismos grupos con los que se dialoga. El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, confirmó que se pausaron las conversaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano después del asesinato de tres soldados en Nariño mediante ataques con drones.

También se puso en verificación el proceso con las disidencias de alias Calarcá, pues mientras estaban en la mesa de diálogo siguieron cometiendo delitos y ampliando su control en territorios. Además, el Gobierno suspendió el proceso de paz urbana con cabecillas de bandas criminales de Medellín después de que organizaran una fiesta vallenata dentro de la cárcel de Itagüí, un hecho que generó indignación en todo el país.

El Clan del Golfo, el grupo armado más grande de Colombia, advirtió que aunque sigue interesado en negociar, descartó que se logre un acuerdo durante esta administración. Esto deja en un escenario incierto los avances que se habían construido, como la creación de Zonas de Ubicación Temporal para facilitar la transición de combatientes hacia la legalidad.

Grupos armados crecieron durante el gobierno de Petro

Las cifras de inteligencia militar muestran un panorama preocupante. Al cierre del gobierno de Petro, cerca de 30 mil hombres hacen parte de grupos armados ilegales de alto impacto, lo que representa un aumento de más de 10 mil integrantes durante esta administración. El Clan del Golfo fue el que más creció, pasando de 4.099 a casi 10.000 miembros, con una expansión territorial de 145 a 296 municipios.

El Eln también incrementó su pie de fuerza, pasando de 2.541 hombres en 2022 a 6.450 en 2025. Las disidencias de las Farc, por su parte, pasaron de 4.500 a más de 7.000 combatientes, divididas principalmente entre las facciones de Iván Mordisco y Calarcá, que hoy se enfrentan entre sí por el control de territorios y negocios ilícitos.

Frente a este escenario, la oposición y algunos mandatarios regionales critican que la estrategia de Paz Total no ha logrado reducir la violencia ni desmantelar las estructuras criminales. Mientras tanto, las comunidades en zonas afectadas siguen esperando respuestas concretas del Estado para recuperar la tranquilidad y la seguridad en sus territorios. El debate sobre el futuro de esta política seguirá abierto en los próximos meses, especialmente con la proximidad de nuevas elecciones presidenciales que podrían definir el rumbo de las negociaciones en el país.