Gobierno de Petro pide suspender órdenes de captura a 29 miembros del Clan del Golfo

El gobierno del presidente Gustavo Petro pidió suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo. Esta medida, revelada el 8 de mayo, busca permitir que estos miembros se trasladen a las Zonas de Ubicación Temporal en Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá, en el Chocó. El proceso está programado para el 25 de junio y forma parte de la política de paz del actual gobierno. La resolución acepta un listado entregado por el grupo armado, conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia, para facilitar diálogos y avanzar en el sometimiento a la justicia. Entre los beneficiados está Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, considerado uno de los cabecillas de la estructura. La medida no significa impunidad, sino que busca crear condiciones para que estos actores participen en conversaciones que puedan llevar a la desmovilización y al fin de la violencia en las regiones donde operan.

Condiciones y controles para el proceso

El documento oficial establece reglas claras para esta suspensión temporal de órdenes de captura. Las personas incluidas en el listado deberán mantener comunicación constante con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Además, se debe informar sobre rutas, fechas y destinos de cada movimiento. La suspensión aplica solo para fines relacionados con el proceso de paz y el cumplimiento del compromiso de reubicación. Esto incluye también la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición. El gobierno recuerda que existen dos vías en su política de paz: negociaciones con grupos armados para acuerdos de paz, y acercamientos con estructuras de crimen organizado para lograr su sometimiento a la justicia. Las autoridades insisten en que este proceso estará sujeto a límites de tiempo, lugar y finalidad. Cualquier incumplimiento podría revertir la medida. La sociedad espera que esta iniciativa contribuya a reducir la violencia y a construir caminos de diálogo, sin olvidar que la justicia debe prevalecer y que las víctimas tienen derecho a verdad, reparación y garantías de no repetición.