Gasto en salud subió 57% y afecta más a pobres y zonas rurales

Entre 2022 y 2025, el gasto que las familias colombianas pagan de su propio bolsillo para atender su salud creció 57,3%. Esto significa que cada vez más personas deben usar sus ahorros o ingresos para cubrir consultas, medicamentos y tratamientos que deberían estar garantizados por el sistema. El informe de Afidro y Algebra Labs, basado en datos del Dane, muestra que este aumento no es igual para todos: los hogares con menos recursos vieron crecer su gasto en 63,4%, mientras que los de mayores ingresos solo registraron un aumento de 15,3%.

La situación es aún más grave en las zonas rurales, donde el gasto subió 61,7%, frente a 26,4% en áreas urbanas. Esto ocurre porque en el campo hay menos hospitales, menos médicos y más dificultades para acceder a los servicios. Cuando el sistema no responde, las familias no tienen otra opción que pagar por su cuenta, lo que profundiza la desigualdad y deja a los más vulnerables en una situación de mayor riesgo.

Otro problema clave es la entrega de medicamentos. En 2025, el 60,3% de las personas con menores ingresos no recibió los fármacos que les formularon, lo que las obliga a comprarlos con su propio dinero. Esta falla en el suministro no solo afecta la salud de los pacientes, sino que aumenta la carga económica sobre hogares que ya enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Qué se puede hacer para mejorar el sistema y proteger a las familias

Ante este escenario, expertos y organizaciones hacen un llamado para que el próximo gobierno tome medidas rápidas. La primera prioridad debe ser garantizar que los medicamentos lleguen a tiempo a quienes los necesitan, sin que las familias tengan que pagar por ellos. También es fundamental mejorar la asignación de citas y reducir los tiempos de espera para consultas y procedimientos.

Otra acción urgente es fortalecer la atención en zonas rurales, llevando más servicios de salud a comunidades alejadas y asegurando que el personal médico y los insumos estén disponibles. Esto requiere inversión, pero también una mejor gestión de los recursos que ya existen.

El informe sugiere que los primeros 100 días del nuevo gobierno son una ventana de oportunidad para iniciar estos cambios. Medidas como ajustar la forma en que se financian los servicios, incorporar herramientas de pago por resultados y fortalecer la eficiencia del sistema pueden ayudar a revertir la tendencia.

Para la ciudadanía, es importante estar informada sobre sus derechos en salud y denunciar cuando no se cumplan. La participación de la comunidad en la vigilancia del sistema es clave para exigir mejoras. Mientras tanto, las familias deben planificar sus gastos con cuidado y buscar alternativas de atención cuando el sistema no responda.

Con acciones coordinadas entre gobierno, entidades de salud y ciudadanos, es posible construir un sistema más justo, donde nadie tenga que elegir entre su salud y su estabilidad económica. La protección financiera en salud no es un lujo, sino un derecho que debe garantizarse para todos los colombianos.