En una acción ejecutiva para salvaguardar los recursos naturales, la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) ordenó el cierre inmediato de una operación minera ilegal ubicada en la vereda Tibita, municipio de Villapinzón. La actividad se desarrollaba sin contar con la más mínima autorización o registro ambiental ante la entidad.
Hallazgos de una operación ilícita
El equipo de la Regional Almeidas y Guatavita constató en el predio una explotación rudimentaria. Se identificó una bocamina o túnel inclinado con entibado de madera inadecuado y un sistema de extracción (malacate) accionado por un motor de tractor. A pesar de estar en una zona con potencial minero regulado, esta excavación en particular carecía por completo del estatus de “minería tradicional”, situándola en la ilegalidad absoluta.
El daño ecológico ya es palpable. Camilo Poveda, director de la regional, señaló que la disposición incorrecta de escombros y estériles está causando una pérdida irreversible del suelo, erosionando su fertilidad y eliminando toda posibilidad de regeneración vegetal en el área intervenida.
Evidencias de un delito ambiental integral
En el lugar también se incautaron 27 rollos de madera de eucalipto sin documentación que legalizara su tala o transporte, evidenciando una cadena de irregularidades.
Bajo el marco de la Resolución 212 de 2016, la CAR advirtió sobre las compensaciones obligatorias por pérdida de biodiversidad. La institución, reafirmando su compromiso de acción, hizo un llamado a la conciencia colectiva: las decisiones de hoy definirán el patrimonio natural que heredarán los ciudadanos del mañana. Esta intervención busca paralizar de raíz el continuo deterioro de un ecosistema estratégico.
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