El inicio del año 2026 trae consigo un ajuste significativo en el costo de vida para los habitantes de la capital colombiana. La Alcaldía de Bogotá oficializó que, a partir del 14 de enero, la tarifa del sistema TransMilenio tendrá un incremento del 10,6% al 10,9%, fijando el valor del pasaje en $3.550.
Esta decisión ha desatado una fuerte controversia política, especialmente tras las declaraciones del Ministerio de Trabajo, que calificó la medida como una «canallada» destinada a atacar el reciente aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.
La explicación técnica: un salario mínimo que desajusta los cálculos
Desde la perspectiva técnica, la administración distrital explicó que el ajuste no es una decisión discrecional, sino una respuesta forzada a la realidad macroeconómica del país.
Inicialmente, las modelaciones financieras de TransMilenio S.A. proyectaban un aumento de solo $250 (un 7,4%), basándose en la expectativa de que el salario mínimo subiría cerca del 11%.
Sin embargo, el decreto del Gobierno Petro, que fijó un alza del 23% en el salario mínimo, obligó a rehacer todos los cálculos de operación del sistema. Dado que el transporte público es un servicio esencial que moviliza más de cuatro millones de viajes diarios, la sostenibilidad financiera del sistema se vio comprometida por el aumento en los costos de personal y mantenimiento.
Pulso por el transporte en Bogotá: TransMilenio sube a $3.550 impulsado por el salario mínimo
Medidas de alivio y una guerra de fondos por la flota eléctrica
Para mitigar el impacto en los bolsillos de los ciudadanos, el Distrito anunció que mantendrá los esquemas de protección social. Las poblaciones vulnerables, que incluyen a adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios de los grupos A y B del Sisbén, seguirán gozando de pasajes gratuitos o subsidiados.
Una de las noticias más relevantes para los viajeros frecuentes es que el valor del TransMiPass (el abono mensual) no tendrá modificaciones durante todo el año 2026.
Con esto, la administración busca incentivar el uso legal del sistema y proteger a quienes dependen exclusivamente del transporte masivo para su movilidad laboral.
A pesar de estas medidas, el enfrentamiento entre el Palacio de Liévano y la Casa de Nariño es evidente. El Ministro de Trabajo anunció que, como respuesta al alza tarifaria, el Gobierno nacional no aportará recursos para la integración de la nueva flota eléctrica de buses en Bogotá, lo que añade una capa de incertidumbre sobre la transición energética del sistema.
Mientras tanto, la gerencia de TransMilenio insiste en que el ajuste garantiza la operación ininterrumpida frente a un escenario económico más exigente.
Uno de los puntos más críticos del debate sobre el salario mínimo para 2026 es su impacto directo en el empleo informal y la competitividad empresarial. Cifras del DANE indican que cerca del 50% de los trabajadores colombianos se encuentran en la informalidad y, en su mayoría, no alcanzan a percibir siquiera un salario mínimo mensual. Al incrementar la carga prestacional en un 23%, analistas como los de JP Morgan advierten sobre un posible «terremoto» económico que afectará no solo la inflación, sino también las tasas de interés, complicando el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas.
Impacto en la Vida Cotidiana y las Copropiedades
El dilema de la informalidad y la inflación ante el nuevo salario mínimo de 2 millones
El efecto cascada del aumento también llegará a la vida cotidiana en las copropiedades. El pago de las administraciones de edificios y conjuntos residenciales verá reflejado el nuevo costo laboral, al igual que los contratos de servicios tercerizados de vigilancia y aseo. El transporte público y los aportes al SENA son otros rubros que sufrirán ajustes automáticos. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló que los efectos negativos de este incremento de dos dígidos serán «complejos de manejar», sugiriendo que la economía colombiana cierra el 2025 en un estado de vulnerabilidad según análisis de medios como The Economist.
La Defensa Gubernamental y la Realidad del Ciudadano
A pesar de estas advertencias, el Gobierno defiende la medida como un paso necesario hacia la justicia social y el fortalecimiento del consumo interno. Sin embargo, la realidad para el ciudadano de a pie será de un 2026 marcado por el encarecimiento de matrículas de colegios y universidades, así como de las tarifas de parqueaderos.
El éxito de esta política salarial dependerá de que el crecimiento económico sea suficiente para absorber estos nuevos costos sin destruir empleos formales. Por ahora, los colombianos deben preparar sus bolsillos para una oleada de reajustes en servicios básicos que comenzarán a regir desde el primer día del año.
El dilema de la informalidad y la inflación ante el nuevo salario mínimo de 2 millones
El cierre del año 2025 en Colombia ha estado dominado por un debate económico y social de proporciones históricas: la fijación del salario mínimo para 2026 en la cifra de $2.000.000. Aunque el decreto expedido por el Gobierno del presidente Petro ha sido celebrado por diversos sectores como un hito para la justicia social, desde otras orillas han surgido voces de alerta que advierten sobre las posibles consecuencias negativas para los empleadores. La preocupación central radica en que un incremento tan elevado podría impulsar la informalidad laboral, ya que muchas pequeñas y medianas empresas podrían verse incapaces de asumir los altos costos asociados a la seguridad social y las prestaciones de nóminas tan onerosas. Ante esta inconformidad, diversos sectores gremiales y políticos han propuesto formalmente la posibilidad de demandar el decreto ante la justicia administrativa.
La base legal para una demanda de nulidad
La pregunta que circula en los círculos legales y económicos es si existe una base real para que tal demanda prospere y se logre anular la medida del Gobierno Nacional. La respuesta a este interrogante es afirmativa, y se fundamenta en el hecho de que en Colombia los actos administrativos del Ejecutivo no son intocables y deben cumplir con rigurosos requisitos de ley. Quienes proponen la demanda argumentan que el incremento fijado unilateralmente por el Gobierno Petro podría carecer de la justificación técnica necesaria para ser sostenible en el tiempo. En un país donde la inflación y la productividad son factores determinantes, un aumento decretado sin el consenso de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se expone a un escrutinio judicial minucioso por parte de las altas cortes.
Un panorama agridulce para los trabajadores
El panorama para los trabajadores al iniciar el 2026 es agridulce: por un lado, se encuentran con un aumento nominal histórico que promete mejorar su calidad de vida, pero por otro, enfrentan la incertidumbre de una posible batalla jurídica que podría desestabilizar las reglas del juego laboral. Los expertos en economía personal sugieren que, si bien el incremento a $2.000.000 es una cifra simbólica potente, su éxito real dependerá de la capacidad del mercado para absorber el costo sin generar despidos masivos o una subida descontrolada de los precios de la canasta básica. Mientras tanto, el decreto sigue su curso legal, pero la sombra de la demanda judicial se proyecta como el primer gran desafío que deberá sortear la administración nacional en los tribunales durante el primer trimestre del nuevo año.
El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el salario mínimo para el año 2026 ha desatado una fuerte tormenta en el sector empresarial de Colombia.
El mandatario fijó el salario básico en $1.750.905, lo que, sumado al auxilio de transporte, permitirá que un trabajador reciba un total de $2.000.000 mensuales.
No obstante, este incremento, que supera el 23%, ha sido recibido con profundo rechazo por parte de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), gremio que lo califica como una «amenaza directa a la estabilidad económica».
Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, lideró la protesta gremial argumentando que un aumento de tal magnitud es desmedido y desconectado de la realidad productiva del país.
Los transportadores sostienen que esta decisión, tomada de forma unilateral por el Gobierno, pone en duda la legalidad del procedimiento, ya que se introdujo el concepto de «ingreso mínimo vital» sin una discusión técnica previa en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales.
Consecuencias previstas: Un efecto dominó en la economía
Tensión económica en Colombia: Transportadores califican de «irresponsable» el aumento del salario mínimo para 2026
La preocupación de los empresarios no se limita únicamente al pago de nóminas, sino que vislumbran un efecto dominó sobre toda la economía nacional:
Destrucción del empleo formal: Fedetranscarga advierte que los altos costos obligarán a las empresas a reducir personal o frenar nuevas contrataciones.
Inflación y tasas de interés: Se prevé que el aumento salarial se traslade a los precios de los productos debido a los mayores costos de producción, lo que dispararía la inflación y, consecuentemente, las tasas de interés de los créditos.
Pérdida de competitividad: El gremio señala que los productos exportados serán menos competitivos frente al mercado internacional debido al encarecimiento de la mano de obra.
Impacto fiscal: Según los transportadores, por cada punto porcentual que sube el salario mínimo, el Estado debe desembolsar aproximadamente $400.000 millones en pagos de nómina y pensiones. Con un aumento de casi 24 puntos, el costo para las arcas públicas sería masivo, contradiciendo los esfuerzos por reducir el déficit fiscal en medio de una emergencia económica.
La batalla de narrativas: Justicia social vs. Estabilidad económica
Para Fedetranscarga, la economía colombiana se encuentra actualmente «ahogada» por la inseguridad física y jurídica, además de una carga tributaria que consideran confiscatoria.
El gremio enfatiza que el poder adquisitivo de los ciudadanos no se mejora por decreto, sino mediante la consolidación de una economía competitiva que garantice la vigencia de las empresas.
Expertos coinciden en que este ajuste pondrá a prueba la capacidad de resiliencia del mercado laboral en 2026, introduciendo presiones indeseables a la política monetaria del país.
Mientras el Gobierno defiende la medida como un acto de justicia social para mejorar el nivel de vida de los colombianos, los transportadores y otros sectores empresariales advierten que el costo de este «salto» salarial podría terminar siendo pagado por los mismos trabajadores a través del desempleo y el alto costo de vida.
