La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026, que definirán al sucesor de Gustavo Petro, ha superado su primer filtro oficial y determinante.
Bajo la dirección de Hernán Penagos, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha concluido la fase de verificación de apoyos ciudadanos para aquellos candidatos que buscan la presidencia mediante el mecanismo de firmas, alternativa a la postulación por partidos políticos.
Este proceso administrativo, minucioso y técnico, ha servido como un «colador» que separa a quienes demuestran una base de respaldo real de aquellos cuya aspiración carece del piso ciudadano necesario.
La lista de los habilitados: periodistas, exgobernadores y exciclistas en la contienda
El resultado de este escrutinio ha habilitado a un grupo diverso de políticos y personajes públicos, quienes ya cuentan con el aval formal para continuar su camino hacia la Casa de Nariño, ya sea en campaña directa o mediante consultas interpartidistas.
El listado de los que superaron el exigente umbral técnico incluye nombres como la periodista y comunicadora Vicky Dávila, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el senador David Luna, y los exministros Mauricio Cárdenas y Mauricio Lizcano, este último junto al exciclista Santiago Botero.
La validación de sus firmas es el producto de un riguroso cruce de datos y revisión manual liderado por la Dirección del Censo Electoral, diseñado para garantizar la autenticidad de cada respaldo.
El umbral no es menor: se requiere el apoyo del 3% de los votos válidos de la última elección presidencial, lo que equivale a superar los 635,000 respaldos verificables.
Los que no lograron el aval y los nombres que aún están pendientes
Por el contrario, la jornada también dejó un saldo de aspirantes cuyos sueños presidenciales, al menos por la vía de firmas, se truncaron en esta fase.
Personajes como Ernesto Sánchez Herrera y Pedro Pablo Díaz García no alcanzaron la cifra mágica requerida, lo que, según la normativa vigente, les impide continuar con su inscripción presidencial por esta vía.
Estos tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar recursos y controvertir la decisión, aunque las posibilidades de revertir un fallo técnico son históricamente escasas.
El panorama electoral, sin embargo, aún no está completo. La atención se centra ahora en varios «pesos pesados» de la política nacional.
La Registraduría tiene hasta el 21 de enero de 2026 para certificar los paquetes de apoyos entregados por figuras como la excaldesa de Bogotá Claudia López, el actual canciller Luis Gilberto Murillo, el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo y el abogado Abelardo de la Espriella.
Este proceso de certificación es, en esencia, la primera gran aduana electoral y dibuja el mapa inicial de quienes tienen la tracción ciudadana demostrable para competir en la primera vuelta presidencial de mayo de 2026.
El panorama geopolítico de las Américas ha dado un giro radical tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la consolidación de un acuerdo petrolero masivo con las autoridades provisionales de Venezuela. Este pacto contempla la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad para ser comercializados a precios de mercado. El anuncio marca el inicio de una nueva etapa de influencia estadounidense sobre los recursos naturales venezolanos, apenas setenta y dos horas después del fin de la era de Nicolás Maduro.
¿Qué incluye el acuerdo y quién controlará los ingresos?
A través de su plataforma Truth Social, Trump detalló que el petróleo se transportará en buques de almacenamiento directamente hacia los muelles de descarga en Estados Unidos. Un punto crucial del acuerdo es que el propio presidente de EE. UU. ha afirmado que él controlará el flujo de dinero resultante de las ventas. El objetivo declarado es garantizar que los beneficios se distribuyan entre el pueblo venezolano y el estadounidense, evitando el desvío de fondos que caracterizó a administraciones anteriores. Para operativizar esta orden, se ha instruido al secretario de Energía, Chris Wright, para que ejecute el plan sin dilaciones.
Nueva era energética: El impacto del acuerdo Trump-Rodríguez en Venezuela
El trasfondo: la captura de Maduro y el nuevo escenario político
Este acuerdo petrolero no es un evento aislado, sino la consecuencia económica directa de la operación militar en Caracas y sus alrededores, la cual culminó con la captura de Nicolás Maduro y dejó un saldo de más de cincuenta personas fallecidas. Maduro, derrocado tras la intervención, ya ha sido trasladado a Nueva York, donde se declaró «no culpable» de los cargos de narcoterrorismo ante la justicia estadounidense. Tras su caída, Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada ante la Asamblea Nacional, siendo reconocida de inmediato por la Administración Trump como la interlocutora legítima para el gobierno de transición.
Preparativos logísticos y el interés de las petroleras estadounidenses
Incluso antes del anuncio formal de Trump, la maquinaria petrolera ya mostraba signos de reactivación. Según informes de Bloomberg, la compañía Chevron —la única firma estadounidense que mantenía licencias de exportación vigentes bajo el régimen de sanciones— envió al menos once buques cisterna hacia puertos en el Caribe venezolano durante la primera semana de enero. Esta cifra supera la actividad registrada en diciembre, lo que sugiere una preparación logística previa para el flujo masivo de crudo. Grandes petroleras como ExxonMobil también han mostrado un interés renovado en reactivar la industria venezolana, viendo la situación actual como una oportunidad para expandir negocios en un país que ostenta las mayores reservas de crudo del mundo.
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¿Cooperación o tensión? La compleja relación bilateral
A pesar de la disposición para trabajar en una agenda conjunta, la relación entre el gobierno interino de Rodríguez y la Casa Blanca no está exenta de conflictos. Delcy Rodríguez ha mantenido un discurso firme de rechazo a la intervención externa y ha asegurado que no hay agentes extranjeros dentro de su gobierno. Sorprendentemente, mientras firma acuerdos energéticos con Trump, Rodríguez no ha dejado de exigir el regreso de Maduro a Venezuela. Por su parte, el equipo de Trump, encabezado en comunicaciones por figuras como Marco Rubio, ha presionado por un «acceso total» a los recursos naturales bajo la amenaza de nuevas oleadas de ataques si no hay cooperación plena.
La producción petrolera de Venezuela se encuentra muy por debajo de su potencial histórico debido a años de desinversión y sanciones internacionales. El éxito de este acuerdo de 50 millones de barriles dependerá de la estabilidad del gobierno de transición y de la capacidad de las petroleras estadounidenses para rehabilitar la infraestructura dañada en suelo venezolano. Por ahora, el crudo venezolano vuelve a ser el eje central de la política exterior de Washington en el hemisferio.
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La arquitectura financiera del Mercado de Energía Mayorista (MEM) de Colombia enfrenta su prueba más severa, derivada de la crítica situación de la empresa Air-e. Con una deuda vencida que supera los 2.5 billones de pesos al cierre de 2025, esta compañía, que atiende a aproximadamente el 12% de la demanda nacional de energía (principalmente en la región Caribe), se ha convertido en un elemento de riesgo sistémico.
El Gobierno Nacional, en un intento por evitar un colapso en cascada, ha presentado un proyecto de resolución que propone un mecanismo extraordinario de recaudo.
La medida busca inyectar liquidez al sistema cobrando a todos los usuarios finales del país un valor adicional temporal por la energía que consumen.
El impuesto invisible en tu factura de la luz
La propuesta gubernamental establece que, de manera transitoria, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) integrará un cobro adicional de $8 por kilovatio-hora (kWh) en las facturas de luz de todos los colombianos. Este valor se sumaría al componente de «restricciones» de la factura.
La justificación del Ministerio de Minas y Energía se centra en garantizar la «confiabilidad y continuidad» del servicio eléctrico nacional.
Según sus análisis, el incumplimiento de pago de Air-e tiene el potencial de arrastrar financieramente a otras comercializadoras y generadoras, poniendo en jaque a empresas que atienden a casi el 40% del país.
Escenarios simulados por el administrador del sistema, XM, muestran que, bajo condiciones de precios altos, al menos 20 comercializadoras entrarían en graves dificultades debido a su exposición financiera en el mercado.
Un debate que cuestiona la justicia y la gestión del sistema
Esta medida ha desatado una ola de críticas y un profundo debate. Distintos actores del sector energético y analistas acusan al Gobierno de trasladar a los bolsillos de los ciudadanos la responsabilidad que le corresponde por fallas en la supervisión, la intervención tardía de la empresa y el pago oportuno de subsidios.
El argumento central es que se está socializando una pérdida privada y penalizando a usuarios eficientes y cumplidos por el fracaso de una empresa en específico.
La resolución propuesta estará en periodo de consulta pública hasta finales de enero, y otorga a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) un plazo de seis meses para diseñar un esquema de confiabilidad financiera definitivo.
Mientras tanto, la crisis de Air-e deja al descubierto vulnerabilidades estructurales en el sistema de pagos del MEM y plantea una pregunta incómoda: ¿Deben todos los colombianos financiar el rescate de una empresa regional para evitar un apagón nacional?
La respuesta a este interrogante no solo definirá la estabilidad del sistema en el corto plazo, sino que sentará un precedente crucial sobre la gestión de riesgos y la justicia tarifaria en Colombia para 2026 y los años siguientes.
La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento de alta fricción tras las declaraciones de Donald Trump sobre el supuesto avance del narcotráfico en el país sudamericano.
El presidente Gustavo Petro, lejos de retroceder, ha utilizado sus redes sociales y canales oficiales para defender su política antidrogas, calificando las acusaciones de «irracionalidad política» y exhibiendo resultados que considera sin precedentes.
¿En qué cifras se basa la defensa del Gobierno Petro?
Tensión diplomática: Petro exhibe cifras históricas contra el narcotráfico ante críticas de Trump
El eje central de la defensa de Petro reside en el volumen de estupefacientes decomisados.
Según el mandatario, su administración ha logrado la incautación certificada de 2.800 toneladas de cocaína, una cifra que ningún otro gobierno colombiano o extranjero habría alcanzado anteriormente.
La meta establecida para el cierre de su cuatrienio es de 3.500 toneladas. Petro sostiene que estas operaciones han tenido un impacto directo en la salud pública de Estados Unidos, al impedir que 32.000 millones de dosis llegaran a los consumidores de ese país.
Un cambio de estrategia: incautación sobre erradicación
Petro enfatizó que su estrategia difiere radicalmente de las anteriores al haber ordenado, desde el inicio de su mandato, priorizar la interceptación de cargamentos y el desmantelamiento de mafias sobre la aspersión con glifosato en territorios rurales.
«Di la orden de dejar de envenenar campesinos pobres», afirmó, defendiendo el enfoque de sustitución voluntaria frente a la erradicación forzosa.
Según el presidente, el ritmo de incautación crece hoy más rápido que los propios cultivos, lo que debilita la rentabilidad de las organizaciones criminales, resultando en 700 extraditados durante su gestión.
Comparativa con gobiernos anteriores y movilización ciudadana
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En su argumentación, Petro incluyó una comparativa estadística con la administración de Iván Duque.
Aseguró que en sus tres años de gobierno los cultivos ilícitos crecieron unas 14.500 hectáreas (aproximadamente un 5%), mientras que en un solo año del periodo anterior (2020-2021), el incremento fue de casi 15.000 hectáreas.
Atribuyó el fracaso del control de cultivos en el pasado al abandono del programa PNIS (sustitución voluntaria) debido a lo que llamó «el odio uribista a los acuerdos de paz».
Ante lo que percibe como una falta de reconocimiento, el presidente colombiano lamentó que, en lugar de recibir agradecimiento por el sacrificio de soldados y policías colombianos, se le acuse falsamente.
En este contexto, el gabinete ministerial convocó a una movilización ciudadana para el miércoles 7 de enero, con el fin de reafirmar la soberanía del país y mostrar apoyo popular al Gobierno frente a las presiones externas.
Finalmente, Petro concluyó que el problema de las drogas no se soluciona solo con pagos desde Bogotá o con críticas internacionales, sino mediante la transformación real de los territorios más pobres y excluidos de Colombia, donde la hoja de coca es vista como la única solución para subsistir.
Criticó que Estados Unidos retire apoyos mientras cuestiona la eficacia de un aliado que, según sus datos, está entregando los mejores resultados de la historia en la lucha contra el tráfico de cocaína.
El cierre del año 2025 ha traído consigo una preocupante alerta de salud pública en Colombia. El Ministerio de Salud y Protección Social, junto al Instituto Nacional de Salud, han confirmado un incremento significativo en los casos de fiebre amarilla, instando a la ciudadanía a tomar precauciones extremas durante la temporada de vacaciones. En lo que va del año, se han reportado 118 casos confirmados y 49 personas fallecidas, lo que evidencia una alta tasa de letalidad de esta enfermedad viral transmitida por mosquitos.
La distribución geográfica del brote abarca 10 departamentos, siendo Tolima el más afectado, con un acumulado alarmante de 121 casos y 47 fallecidos desde finales de 2024. Según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, las investigaciones indican que las personas afectadas son mayoritariamente aquellas que se han negado a recibir la vacuna o que se desplazan a zonas de alto riesgo sin la protección previa necesaria.
Entendiendo la amenaza: Síntomas y riesgos
La fiebre amarilla es una enfermedad endémica en 13 territorios de la región, incluyendo a Colombia, Brasil, Perú y Venezuela. El virus tiene un periodo de incubación de entre 3 y 6 días. Aunque muchos infectados pueden ser asintomáticos o presentar síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza y náuseas que desaparecen en pocos días, existe una fase tóxica extremadamente peligrosa.
Si la enfermedad progresa a esta segunda etapa, los pacientes experimentan el regreso de fiebre alta y daños severos en el hígado y los riñones. Es aquí donde aparece la ictericia (coloración amarillenta de la piel y ojos), orina oscura y posibles sangrados por la nariz, boca o estómago. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la mitad de los pacientes que entran en esta fase tóxica fallecen en un lapso de 7 a 10 días. Además, su diagnóstico es complejo, ya que en etapas iniciales puede confundirse fácilmente con malaria, dengue o Zika.
Medidas de prevención y control: La vacunación es clave
Ante la gravedad de la situación, las autoridades sanitarias han sido enfáticas en las medidas de prevención:
Vacunación obligatoria: La vacuna debe aplicarse al menos 10 días antes de viajar a una zona de riesgo para que sea efectiva. Países vecinos como Ecuador ya han comenzado a exigir el certificado internacional de vacunación a viajeros procedentes de Colombia.
Protección física: Uso de mosquiteros y repelentes para evitar la picadura de los mosquitos transmisores.
Control de criaderos: Lavar y tapar depósitos de agua para eliminar los criaderos de zancudos.
El virus se transmite a través de tres ciclos: el selvático, donde los mosquitos pican a monos y luego a humanos; el intermedio, con mosquitos semi-domésticos; y el urbano, el más peligroso, que ocurre cuando personas infectadas introducen el virus en áreas densamente pobladas con alta presencia del mosquito Aedes aegypti. La falta de inmunidad en las ciudades podría desencadenar grandes epidemias si no se controla la migración de personas infectadas desde las zonas rurales.
El llamado de Minsalud es claro: la fiebre amarilla no es una enfermedad del pasado, sino una amenaza resurgente que requiere responsabilidad individual y colectiva para evitar que las vacaciones se conviertan en una tragedia nacional.
