El inicio del año 2026 trae consigo un ajuste significativo en el costo de vida para los habitantes de la capital colombiana. La Alcaldía de Bogotá oficializó que, a partir del 14 de enero, la tarifa del sistema TransMilenio tendrá un incremento del 10,6% al 10,9%, fijando el valor del pasaje en $3.550.
Esta decisión ha desatado una fuerte controversia política, especialmente tras las declaraciones del Ministerio de Trabajo, que calificó la medida como una «canallada» destinada a atacar el reciente aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.
La explicación técnica: un salario mínimo que desajusta los cálculos
Desde la perspectiva técnica, la administración distrital explicó que el ajuste no es una decisión discrecional, sino una respuesta forzada a la realidad macroeconómica del país.
Inicialmente, las modelaciones financieras de TransMilenio S.A. proyectaban un aumento de solo $250 (un 7,4%), basándose en la expectativa de que el salario mínimo subiría cerca del 11%.
Sin embargo, el decreto del Gobierno Petro, que fijó un alza del 23% en el salario mínimo, obligó a rehacer todos los cálculos de operación del sistema. Dado que el transporte público es un servicio esencial que moviliza más de cuatro millones de viajes diarios, la sostenibilidad financiera del sistema se vio comprometida por el aumento en los costos de personal y mantenimiento.
Pulso por el transporte en Bogotá: TransMilenio sube a $3.550 impulsado por el salario mínimo
Medidas de alivio y una guerra de fondos por la flota eléctrica
Para mitigar el impacto en los bolsillos de los ciudadanos, el Distrito anunció que mantendrá los esquemas de protección social. Las poblaciones vulnerables, que incluyen a adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios de los grupos A y B del Sisbén, seguirán gozando de pasajes gratuitos o subsidiados.
Una de las noticias más relevantes para los viajeros frecuentes es que el valor del TransMiPass (el abono mensual) no tendrá modificaciones durante todo el año 2026.
Con esto, la administración busca incentivar el uso legal del sistema y proteger a quienes dependen exclusivamente del transporte masivo para su movilidad laboral.
A pesar de estas medidas, el enfrentamiento entre el Palacio de Liévano y la Casa de Nariño es evidente. El Ministro de Trabajo anunció que, como respuesta al alza tarifaria, el Gobierno nacional no aportará recursos para la integración de la nueva flota eléctrica de buses en Bogotá, lo que añade una capa de incertidumbre sobre la transición energética del sistema.
Mientras tanto, la gerencia de TransMilenio insiste en que el ajuste garantiza la operación ininterrumpida frente a un escenario económico más exigente.
La recuperación del río Bogotá, una prioridad de orden judicial y ambiental en Colombia, sigue siendo un compromiso de las autoridades.
En una acción reciente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), junto con el grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, ejecutó un operativo de control en el municipio de Chocontá, específicamente en la vereda Chingacio.
El objetivo era claro: frenar una fuente de contaminación que afectaba directamente el cauce del río. Durante la diligencia, se logró captar en flagrancia a una curtiembre local que realizaba vertimientos de aguas residuales sin ningún tipo de control, provenientes del proceso industrial de curtido de pieles.
Este hallazgo representa un paso significativo en la lucha por descontaminar esta importante arteria hídrica de la sabana.
La evasión deliberada: la trampa de la planta de tratamiento «fantasma»
Lo más preocupante del caso, según explicó Bryan Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR, no fue la falta de infraestructura, sino la evasión deliberada.
La curtiembre en cuestión contaba con un permiso de vertimiento legal y, en apariencia, con una planta de tratamiento operativa.
Sin embargo, la inspección técnica reveló una maniobra calculada: las descargas contaminantes observadas no provenían del punto autorizado.
Los técnicos descubrieron que existía una distancia de aproximadamente 40 metros entre el punto de vertimiento legal y el punto de descarga ilegal detectado.
Esta desconexión permitía a la empresa liberar directamente al río un cóctel químico de alta toxicidad, sin someterlo al proceso de descontaminación requerido, burlando así la ley y los controles ambientales.
Impacto confirmado y un mensaje de cero tolerancia
Las pruebas de laboratorio realizadas por la Unidad de Investigación y Gestión Ambiental (UIGA) de la CAR confirmaron el grave impacto.
Los análisis indicaron que las aguas vertidas superaban con creces los límites permisibles de contaminantes establecidos por la normativa nacional.
La afectación es multidimensional: el agua del río recibe una carga química tóxica que daña la vida acuática, mientras el suelo circundante sufre degradación por la filtración de estas sustancias. Además, se evidenció un manejo negligente de residuos peligrosos y de los envases de los productos químicos utilizados.
Frente a esto, Martínez fue enfático: «Nuestras acciones de control y vigilancia en el río Bogotá no se detienen». Reiteró que estas intervenciones son parte de una estrategia integral que busca hacer cumplir la Sentencia del río Bogotá, asegurando que los esfuerzos y la inversión pública en la recuperación del afluente no se vean saboteados por actores industriales irresponsables.
El 2026 presenta cambios importantes para los conductores en Colombia, derivados del nuevo salario mínimo de $1.750.905. Entre ellos destaca el costo de las multas de tránsito, en especial la relacionada con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Circular sin este documento vigente es una infracción grave tipo D.2. No contar con el SOAT al día implica una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (Smdlv), que para este año asciende a aproximadamente $1.750.890. Además, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo de inmediato. Esto genera costos adicionales por grúa y estadía en patios autorizados, con un valor estimado de $58.363 diarios. Estos gastos se acumulan hasta que se cancele la multa y se presente el seguro actualizado.
Guía completa del SOAT 2026: Nuevos costos, multas y cifras del sector
Ajustes en tarifas y alcance de la cobertura
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) estableció dos tipos de ajuste para las tarifas del SOAT en 2026:
Categorías con rango diferencial por riesgo: incremento del 5,17%, ligado a la variación de la Unidad de Valor Tributario (UVT).
Para el 50% restante del parque automotor: aumento del 0,38%.
Es fundamental recordar que el SOAT es un seguro de daños corporales, no de daños materiales. Cubre gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios, funerarios y compensaciones por incapacidad permanente para ocupantes del vehículo y peatones afectados, sin importar quién causó el accidente.
Datos del sector asegurador
Según el análisis de la SFC:
El parque automotor asegurado creció un 7%, pasando de 9,9 millones a cerca de 10,6 millones de pólizas expedidas.
La frecuencia de accidentes (afectados por cada 100 pólizas) bajó del 9,3% en 2024 al 8,2% en 2025.
No obstante, la severidad aumentó: el costo promedio por víctima subió de $2.600.000 a $2.800.000.
La siniestralidad general del seguro (porcentaje de la prima usada para atender víctimas) disminuyó un 4,9% entre 2024 y 2025.
Opciones para adquirir el SOAT
Guía completa del SOAT 2026: Nuevos costos, multas y cifras del sector
Para evitar multas y garantizar la protección, los conductores pueden adquirir el seguro a través de múltiples canales:
Virtual: Aplicaciones de aseguradoras (Seguros del Estado, SURA, AXA Colpatria), entidades bancarias (Davivienda, Scotiabank) o billeteras digitales (Nequi, Rappi).
Físico: Puntos de venta en bancos y sedes de aseguradoras.
Cumplir con esta obligación no solo prevé sanciones económicas, sino que asegura una red de atención médica inmediata en las vías del país.
El centro de la Sabana de Bogotá se enfrenta a un escenario de vulnerabilidad hídrica sin precedentes antes del inicio formal de la temporada seca. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ballesteros, ha convocado a una mesa de trabajo estratégica con alcaldes de municipios clave como Cajicá, Zipaquirá, Sopó y Tocancipá, además de representantes de los principales sectores productivos, para analizar la alarmante disminución de las fuentes superficiales y el descenso sostenido de los embalses en el centro del país.
La prioridad del consumo humano La postura de la autoridad ambiental es tajante: aunque existe un compromiso con el desarrollo económico, la supervivencia de la población es el eje rector de la gestión del agua. «No es posible aumentar captaciones a las empresas y plantas ubicadas en la Sabana de Bogotá pues, sin haber empezado la temporada seca, ya presentamos déficit», subrayó Ballesteros. Esta declaración pone un freno a las pretensiones de expansión industrial que dependan de un mayor uso del recurso hídrico, marcando una hoja de ruta donde la eficiencia debe ser el motor de la competitividad.
De la invitación a la exigencia: Revisión de concesiones y planes de ahorro
Acciones obligatorias y vigilancia La CAR ha pasado de la invitación a la exigencia. Se anunció una revisión minuciosa de las concesiones vigentes y un seguimiento estricto a los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). Lo que antes se consideraba una recomendación frente al cambio climático, ahora es una medida obligatoria bajo la lupa institucional. El director recordó que desde finales de 2025 se instó a las empresas de servicios públicos a activar planes de contingencia para evitar situaciones críticas de desabastecimiento, un riesgo que ya se ha materializado en algunos municipios bajo regímenes de racionamiento.
Nuevo modelo territorial: La suburbanización presiona el recurso
Hacia un nuevo modelo de ordenamiento Uno de los puntos más críticos discutidos fue el ordenamiento territorial. La CAR alertó que el crecimiento desbordado de los municipios y los fenómenos de suburbanización están ejerciendo una presión insostenible sobre el agua. Ballesteros insistió en que los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) deben ser revisados bajo una premisa de responsabilidad hídrica, pues de lo contrario, la misma permanencia de las industrias en el norte de la Sabana estará en riesgo.
Corresponsabilidad privada: Inversión en pozos, reservorios y páramos
Inversión privada y sostenibilidad Finalmente, el llamado de la CAR fue a la corresponsabilidad. Se pidió a los industriales no solo cumplir con la ley, sino liderar la transformación mediante:
Financiación de proyectos de exploración de nuevos pozos subterráneos y construcción de reservorios.
Adopción de programas de circularidad y aprovechamiento técnico de aguas lluvia.
Inversión relevante en la compra de predios de importancia hídrica para la protección de páramos y proyectos de restauración que alimenten los acuíferos. Esta crisis hídrica actúa como un recordatorio de que el agua es el cimiento de cualquier sociedad; pretender crecer ignorando su escasez es como intentar construir un rascacielos sobre arena movediza.
Colombia vive un momento de máxima tensión diplomática e interna tras los sucesos ocurridos en Venezuela y las posteriores declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Como respuesta a lo que considera una amenaza directa a la integridad del país y a su propia investidura, el presidente Gustavo Petro ha decidido acudir a su escenario predilecto: la movilización popular.
La cita por la soberanía Bajo el lema «la soberanía popular se mantiene cuando el pueblo actúa unido», el jefe de Estado convocó a una manifestación nacional para este miércoles 7 de enero.
El epicentro de la jornada será la Plaza de Bolívar en Bogotá, citada para las 4:00 p. m., aunque se espera que existan concentraciones similares en las plazas principales de todos los municipios del país.
Petro ha solicitado a los asistentes llevar la bandera de Colombia como un mensaje simbólico hacia el gobierno estadounidense, reafirmando que el país es una nación independiente que no acepta injerencias extranjeras.
El detonante: Las declaraciones de Trump y la amenaza de intervención
El detonante: La sombra de Trump sobre Bogotá La relación entre Petro y Trump ha pasado de la frialdad a la hostilidad abierta.
Luego de la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026, el mandatario norteamericano no ha ahorrado calificativos contra su homólogo colombiano, llamándolo «enfermo» y «líder del narcotráfico».
La preocupación en la Casa de Nariño aumentó cuando Trump, al ser consultado por la prensa, no descartó una acción militar similar en territorio colombiano, afirmando que Petro podría ser «el siguiente». Ante esto, el presidente colombiano ha denunciado que se le mantiene en listas restrictivas (como la lista Clinton/Ofac) como método de presión política.
Críticas de la oposición: Desescalar la tensión, no agitar las calles
Reacciones y críticas de la oposición La convocatoria no ha sido bien recibida por todos los sectores. Representantes de la oposición, como Carolina Arbeláez, han pedido al mandatario que «desescale la tensión» y recurra a los canales diplomáticos tradicionales en lugar de agitar las calles.
Otros líderes, como el expresidente Andrés Pastrana, han sugerido que el llamado a las plazas es una muestra de temor: «Petro es el canciller de Maduro…
Tiene que estar muy asustado», afirmó tras la caída del líder chavista. Asimismo, se han levantado voces críticas que ven en estas marchas una estrategia adelantada de campaña para las elecciones presidenciales de 2026, buscando consolidar un apoyo popular en medio de una crisis internacional.
Notas de protesta y defensa de la política antidrogas
Un gobierno a la defensiva En paralelo al llamado a marchar, el Ejecutivo ha salido a defender sus políticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota de protesta a Washington y ha defendido la política antidrogas de la actual administración, asegurando que se está cerrando el paso al crimen organizado a pesar de las críticas de Trump.
No obstante, la polémica sigue creciendo, alimentada por denuncias penales contra congresistas de oposición y advertencias de gremios municipales sobre el respeto al orden constitucional.
La jornada del 7 de enero se perfila como un termómetro político crucial. Más allá de la defensa de la soberanía, será una prueba de la capacidad de convocatoria de Gustavo Petro en un momento donde la estabilidad regional parece pender de un hilo y las relaciones con el principal socio comercial y militar del país están en su punto más bajo.
