El inicio del año 2026 trae consigo un ajuste significativo en el costo de vida para los habitantes de la capital colombiana. La Alcaldía de Bogotá oficializó que, a partir del 14 de enero, la tarifa del sistema TransMilenio tendrá un incremento del 10,6% al 10,9%, fijando el valor del pasaje en $3.550.
Esta decisión ha desatado una fuerte controversia política, especialmente tras las declaraciones del Ministerio de Trabajo, que calificó la medida como una «canallada» destinada a atacar el reciente aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.
La explicación técnica: un salario mínimo que desajusta los cálculos
Desde la perspectiva técnica, la administración distrital explicó que el ajuste no es una decisión discrecional, sino una respuesta forzada a la realidad macroeconómica del país.
Inicialmente, las modelaciones financieras de TransMilenio S.A. proyectaban un aumento de solo $250 (un 7,4%), basándose en la expectativa de que el salario mínimo subiría cerca del 11%.
Sin embargo, el decreto del Gobierno Petro, que fijó un alza del 23% en el salario mínimo, obligó a rehacer todos los cálculos de operación del sistema. Dado que el transporte público es un servicio esencial que moviliza más de cuatro millones de viajes diarios, la sostenibilidad financiera del sistema se vio comprometida por el aumento en los costos de personal y mantenimiento.
Medidas de alivio y una guerra de fondos por la flota eléctrica
Para mitigar el impacto en los bolsillos de los ciudadanos, el Distrito anunció que mantendrá los esquemas de protección social. Las poblaciones vulnerables, que incluyen a adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios de los grupos A y B del Sisbén, seguirán gozando de pasajes gratuitos o subsidiados.
Una de las noticias más relevantes para los viajeros frecuentes es que el valor del TransMiPass (el abono mensual) no tendrá modificaciones durante todo el año 2026.
Con esto, la administración busca incentivar el uso legal del sistema y proteger a quienes dependen exclusivamente del transporte masivo para su movilidad laboral.
A pesar de estas medidas, el enfrentamiento entre el Palacio de Liévano y la Casa de Nariño es evidente. El Ministro de Trabajo anunció que, como respuesta al alza tarifaria, el Gobierno nacional no aportará recursos para la integración de la nueva flota eléctrica de buses en Bogotá, lo que añade una capa de incertidumbre sobre la transición energética del sistema.
Mientras tanto, la gerencia de TransMilenio insiste en que el ajuste garantiza la operación ininterrumpida frente a un escenario económico más exigente.
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