El debate económico en Colombia ha entrado en una fase crítica y de tensión técnica tras la propuesta del Gobierno nacional de modificar radicalmente el manejo de los fondos de pensiones privados. El proyecto de decreto, que buscaba incentivar la repatriación masiva de capitales invertidos por los Fondos de Pensiones Obligatorias (AFP) en mercados globales, fue recibido con escepticismo y alertas por parte de economistas, gremios financieros y, finalmente, motivó la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación, poniendo en pausa una de las reformas financieras más polémicas del gobierno Petro.
El objetivo gubernamental y la sombra de la estrechez fiscal
La administración del presidente Gustavo Petro argumenta que el ahorro de los trabajadores colombianos, uno de los más grandes del país, debe servir prioritariamente para dinamizar la economía interna mediante la «inversión productiva nacional» en infraestructura, vivienda y proyectos del Estado.
Esta intención surge en un contexto de dificultades fiscales apremiantes, donde la necesidad de liquidez en pesos es urgente para financiar proyectos sociales y de desarrollo. El decreto, en su formulación inicial, planteaba fortalecer el mercado de capitales local ampliando su profundidad y liquidez a través de la canalización forzosa, en plazos cortos, del ahorro privado hacia activos locales, reduciendo la exposición internacional de los portafolios.
Alertas técnicas y una renuncia que encendió las alarmas
La viabilidad y los riesgos de esta medida fueron cuestionados internamente desde un principio, provocando la salida de Mónica Higuera, directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF). Fuentes del sector financiero señalaron a la prensa que una repatriación acelerada, planteada incluso para un plazo de seis meses, obligaría a las AFP a liquidar posiciones de largo plazo (30 a 50 años) en mercados internacionales, asumiendo pérdidas sustanciales por desbalances de mercado, costos de transacción y un momento desfavorable en los ciclos financieros globales.
Los técnicos alertaron sobre el peligro de sacrificar la rentabilidad futura de las pensiones, que depende de la diversificación y de inversiones en economías más estables, para solucionar un problema de caja del gobierno de corto plazo, poniendo en riesgo el patrimonio de millones de afiliados.
La intervención de la Procuraduría y un aplazamiento forzoso
Ante la magnitud de las advertencias, la Procuraduría General, en ejercicio de su función de control preventivo, convocó mesas técnicas de emergencia con expertos independientes, supervisores financieros y representantes de las AFP para analizar a fondo los riesgos de mercado, el impacto en el rendimiento histórico y la necesaria diversificación de los portafolios.
El ente de control, liderado por la Procuradora Margarita Cabello Blanco, busca anticipar riesgos sistémicos que comprometan la estabilidad del sistema financiero y la protección constitucional del ahorro pensional, basándose en leyes como la Ley 100 de 1993. El foco está en blindar los recursos de los afiliados frente a posibles impactos económicos adversos y en evitar decisiones que pudieran considerarse una expropiación encubierta o una socialización de pérdidas.
Debido a la profunda controversia técnica y legal, el Gobierno decidió aplazar la expedición del decreto hasta, al menos, el segundo trimestre de 2026. Este tiempo permitirá, en teoría, ajustar el articulado para que sea consistente con una adecuada gestión de riesgos y no vulnere los principios de seguridad y rentabilidad del sistema. La Procuraduría mantendrá su papel de observador técnico permanente, señalando que su misión es asegurar que la arquitectura futura del ahorro pensional no sacrifique la protección patrimonial de millones de colombianos en favor de metas de política pública de corto plazo, en lo que se perfila como un pulso crucial entre política económica y técnica financiera.
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