El debate econ�mico en Colombia ha entrado en una fase cr�tica y de tensi�n t�cnica tras la propuesta del Gobierno nacional de modificar radicalmente el manejo de los fondos de pensiones privados. El proyecto de decreto, que buscaba incentivar la repatriaci�n masiva de capitales invertidos por los Fondos de Pensiones Obligatorias (AFP) en mercados globales, fue recibido con escepticismo y alertas por parte de economistas, gremios financieros y, finalmente, motiv� la intervenci�n preventiva de la Procuradur�a General de la Naci�n, poniendo en pausa una de las reformas financieras m�s pol�micas del gobierno Petro.
El objetivo gubernamental y la sombra de la estrechez fiscal
La administraci�n del presidente Gustavo Petro argumenta que el ahorro de los trabajadores colombianos, uno de los m�s grandes del pa�s, debe servir prioritariamente para dinamizar la econom�a interna mediante la «inversi�n productiva nacional» en infraestructura, vivienda y proyectos del Estado.
Esta intenci�n surge en un contexto de dificultades fiscales apremiantes, donde la necesidad de liquidez en pesos es urgente para financiar proyectos sociales y de desarrollo. El decreto, en su formulaci�n inicial, planteaba fortalecer el mercado de capitales local ampliando su profundidad y liquidez a trav�s de la canalizaci�n forzosa, en plazos cortos, del ahorro privado hacia activos locales, reduciendo la exposici�n internacional de los portafolios.
Alertas t�cnicas y una renuncia que encendi� las alarmas
La viabilidad y los riesgos de esta medida fueron cuestionados internamente desde un principio, provocando la salida de M�nica Higuera, directora de la Unidad de Regulaci�n Financiera (URF). Fuentes del sector financiero se�alaron a la prensa que una repatriaci�n acelerada, planteada incluso para un plazo de seis meses, obligar�a a las AFP a liquidar posiciones de largo plazo (30 a 50 a�os) en mercados internacionales, asumiendo p�rdidas sustanciales por desbalances de mercado, costos de transacci�n y un momento desfavorable en los ciclos financieros globales.
Los t�cnicos alertaron sobre el peligro de sacrificar la rentabilidad futura de las pensiones, que depende de la diversificaci�n y de inversiones en econom�as m�s estables, para solucionar un problema de caja del gobierno de corto plazo, poniendo en riesgo el patrimonio de millones de afiliados.
La intervenci�n de la Procuradur�a y un aplazamiento forzoso
Ante la magnitud de las advertencias, la Procuradur�a General, en ejercicio de su funci�n de control preventivo, convoc� mesas t�cnicas de emergencia con expertos independientes, supervisores financieros y representantes de las AFP para analizar a fondo los riesgos de mercado, el impacto en el rendimiento hist�rico y la necesaria diversificaci�n de los portafolios.
El ente de control, liderado por la Procuradora Margarita Cabello Blanco, busca anticipar riesgos sist�micos que comprometan la estabilidad del sistema financiero y la protecci�n constitucional del ahorro pensional, bas�ndose en leyes como la Ley 100 de 1993. El foco est� en blindar los recursos de los afiliados frente a posibles impactos econ�micos adversos y en evitar decisiones que pudieran considerarse una expropiaci�n encubierta o una socializaci�n de p�rdidas.
Debido a la profunda controversia t�cnica y legal, el Gobierno decidi� aplazar la expedici�n del decreto hasta, al menos, el segundo trimestre de 2026. Este tiempo permitir�, en teor�a, ajustar el articulado para que sea consistente con una adecuada gesti�n de riesgos y no vulnere los principios de seguridad y rentabilidad del sistema. La Procuradur�a mantendr� su papel de observador t�cnico permanente, se�alando que su misi�n es asegurar que la arquitectura futura del ahorro pensional no sacrifique la protecci�n patrimonial de millones de colombianos en favor de metas de pol�tica p�blica de corto plazo, en lo que se perfila como un pulso crucial entre pol�tica econ�mica y t�cnica financiera.
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