El panorama geopolítico de las Américas ha dado un giro radical tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la consolidación de un acuerdo petrolero masivo con las autoridades provisionales de Venezuela. Este pacto contempla la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad para ser comercializados a precios de mercado. El anuncio marca el inicio de una nueva etapa de influencia estadounidense sobre los recursos naturales venezolanos, apenas setenta y dos horas después del fin de la era de Nicolás Maduro.
¿Qué incluye el acuerdo y quién controlará los ingresos?
A través de su plataforma Truth Social, Trump detalló que el petróleo se transportará en buques de almacenamiento directamente hacia los muelles de descarga en Estados Unidos. Un punto crucial del acuerdo es que el propio presidente de EE. UU. ha afirmado que él controlará el flujo de dinero resultante de las ventas. El objetivo declarado es garantizar que los beneficios se distribuyan entre el pueblo venezolano y el estadounidense, evitando el desvío de fondos que caracterizó a administraciones anteriores. Para operativizar esta orden, se ha instruido al secretario de Energía, Chris Wright, para que ejecute el plan sin dilaciones.
El trasfondo: la captura de Maduro y el nuevo escenario político
Este acuerdo petrolero no es un evento aislado, sino la consecuencia económica directa de la operación militar en Caracas y sus alrededores, la cual culminó con la captura de Nicolás Maduro y dejó un saldo de más de cincuenta personas fallecidas. Maduro, derrocado tras la intervención, ya ha sido trasladado a Nueva York, donde se declaró «no culpable» de los cargos de narcoterrorismo ante la justicia estadounidense. Tras su caída, Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada ante la Asamblea Nacional, siendo reconocida de inmediato por la Administración Trump como la interlocutora legítima para el gobierno de transición.
Preparativos logísticos y el interés de las petroleras estadounidenses
Incluso antes del anuncio formal de Trump, la maquinaria petrolera ya mostraba signos de reactivación. Según informes de Bloomberg, la compañía Chevron —la única firma estadounidense que mantenía licencias de exportación vigentes bajo el régimen de sanciones— envió al menos once buques cisterna hacia puertos en el Caribe venezolano durante la primera semana de enero. Esta cifra supera la actividad registrada en diciembre, lo que sugiere una preparación logística previa para el flujo masivo de crudo. Grandes petroleras como ExxonMobil también han mostrado un interés renovado en reactivar la industria venezolana, viendo la situación actual como una oportunidad para expandir negocios en un país que ostenta las mayores reservas de crudo del mundo.
¿Cooperación o tensión? La compleja relación bilateral
A pesar de la disposición para trabajar en una agenda conjunta, la relación entre el gobierno interino de Rodríguez y la Casa Blanca no está exenta de conflictos. Delcy Rodríguez ha mantenido un discurso firme de rechazo a la intervención externa y ha asegurado que no hay agentes extranjeros dentro de su gobierno. Sorprendentemente, mientras firma acuerdos energéticos con Trump, Rodríguez no ha dejado de exigir el regreso de Maduro a Venezuela. Por su parte, el equipo de Trump, encabezado en comunicaciones por figuras como Marco Rubio, ha presionado por un «acceso total» a los recursos naturales bajo la amenaza de nuevas oleadas de ataques si no hay cooperación plena.
La producción petrolera de Venezuela se encuentra muy por debajo de su potencial histórico debido a años de desinversión y sanciones internacionales. El éxito de este acuerdo de 50 millones de barriles dependerá de la estabilidad del gobierno de transición y de la capacidad de las petroleras estadounidenses para rehabilitar la infraestructura dañada en suelo venezolano. Por ahora, el crudo venezolano vuelve a ser el eje central de la política exterior de Washington en el hemisferio.
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