La arquitectura financiera del Mercado de Energía Mayorista (MEM) de Colombia enfrenta su prueba más severa, derivada de la crítica situación de la empresa Air-e. Con una deuda vencida que supera los 2.5 billones de pesos al cierre de 2025, esta compañía, que atiende a aproximadamente el 12% de la demanda nacional de energía (principalmente en la región Caribe), se ha convertido en un elemento de riesgo sistémico.
El Gobierno Nacional, en un intento por evitar un colapso en cascada, ha presentado un proyecto de resolución que propone un mecanismo extraordinario de recaudo.
La medida busca inyectar liquidez al sistema cobrando a todos los usuarios finales del país un valor adicional temporal por la energía que consumen.
El impuesto invisible en tu factura de la luz
La propuesta gubernamental establece que, de manera transitoria, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) integrará un cobro adicional de $8 por kilovatio-hora (kWh) en las facturas de luz de todos los colombianos. Este valor se sumaría al componente de «restricciones» de la factura.
La justificación del Ministerio de Minas y Energía se centra en garantizar la «confiabilidad y continuidad» del servicio eléctrico nacional.
Según sus análisis, el incumplimiento de pago de Air-e tiene el potencial de arrastrar financieramente a otras comercializadoras y generadoras, poniendo en jaque a empresas que atienden a casi el 40% del país.
Escenarios simulados por el administrador del sistema, XM, muestran que, bajo condiciones de precios altos, al menos 20 comercializadoras entrarían en graves dificultades debido a su exposición financiera en el mercado.
Un debate que cuestiona la justicia y la gestión del sistema
Esta medida ha desatado una ola de críticas y un profundo debate. Distintos actores del sector energético y analistas acusan al Gobierno de trasladar a los bolsillos de los ciudadanos la responsabilidad que le corresponde por fallas en la supervisión, la intervención tardía de la empresa y el pago oportuno de subsidios.
El argumento central es que se está socializando una pérdida privada y penalizando a usuarios eficientes y cumplidos por el fracaso de una empresa en específico.
La resolución propuesta estará en periodo de consulta pública hasta finales de enero, y otorga a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) un plazo de seis meses para diseñar un esquema de confiabilidad financiera definitivo.
Mientras tanto, la crisis de Air-e deja al descubierto vulnerabilidades estructurales en el sistema de pagos del MEM y plantea una pregunta incómoda: ¿Deben todos los colombianos financiar el rescate de una empresa regional para evitar un apagón nacional?
La respuesta a este interrogante no solo definirá la estabilidad del sistema en el corto plazo, sino que sentará un precedente crucial sobre la gestión de riesgos y la justicia tarifaria en Colombia para 2026 y los años siguientes.
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