La arquitectura financiera del Mercado de Energ�a Mayorista (MEM) de Colombia enfrenta su prueba m�s severa, derivada de la cr�tica situaci�n de la empresa Air-e. Con una deuda vencida que supera los�2.5 billones de pesos�al cierre de 2025, esta compa��a, que atiende a aproximadamente el 12% de la demanda nacional de energ�a (principalmente en la regi�n Caribe), se ha convertido en un elemento de riesgo sist�mico.
El Gobierno Nacional, en un intento por evitar un colapso en cascada, ha presentado un proyecto de resoluci�n que propone un mecanismo extraordinario de recaudo.
La medida busca inyectar liquidez al sistema cobrando a�todos los usuarios finales del pa�s�un valor adicional temporal por la energ�a que consumen.
El impuesto invisible en tu factura de la luz
La propuesta gubernamental establece que, de manera transitoria, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) integrar� un cobro adicional de�$8 por kilovatio-hora (kWh)�en las facturas de luz de todos los colombianos. Este valor se sumar�a al componente de «restricciones» de la factura.
La justificaci�n del Ministerio de Minas y Energ�a se centra en garantizar la «confiabilidad y continuidad» del servicio el�ctrico nacional.
Seg�n sus an�lisis, el incumplimiento de pago de Air-e tiene el potencial de arrastrar financieramente a otras comercializadoras y generadoras, poniendo en jaque a empresas que atienden a casi el 40% del pa�s.
Escenarios simulados por el administrador del sistema, XM, muestran que, bajo condiciones de precios altos, al menos 20 comercializadoras entrar�an en graves dificultades debido a su exposici�n financiera en el mercado.
Un debate que cuestiona la justicia y la gesti�n del sistema
Esta medida ha desatado una ola de cr�ticas y un profundo debate. Distintos actores del sector energ�tico y analistas acusan al Gobierno de trasladar a los bolsillos de los ciudadanos la responsabilidad que le corresponde por fallas en la supervisi�n, la intervenci�n tard�a de la empresa y el pago oportuno de subsidios.
El argumento central es que se est� socializando una p�rdida privada y penalizando a usuarios eficientes y cumplidos por el fracaso de una empresa en espec�fico.
La resoluci�n propuesta estar� en periodo de consulta p�blica hasta finales de enero, y otorga a la Comisi�n de Regulaci�n de Energ�a y Gas (Creg) un plazo de seis meses para dise�ar un esquema de confiabilidad financiera definitivo.
Mientras tanto, la crisis de Air-e deja al descubierto vulnerabilidades estructurales en el sistema de pagos del MEM y plantea una pregunta inc�moda:��Deben todos los colombianos financiar el rescate de una empresa regional para evitar un apag�n nacional?�
La respuesta a este interrogante no solo definir� la estabilidad del sistema en el corto plazo, sino que sentar� un precedente crucial sobre la gesti�n de riesgos y la justicia tarifaria en Colombia para 2026 y los a�os siguientes.
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