La protección de los recursos naturales en el departamento de Boyacá ha sumado un nuevo capítulo jurídico y técnico. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), actuando bajo su misión de autoridad ambiental, materializó una suspensión de actividades en un predio ubicado en el municipio de Ráquira.
La decisión se tomó luego de que se detectara una construcción que incumplía las normas mínimas de retiro frente a cuerpos de agua, específicamente en la quebrada Ánimas, una fuente vital para el ecosistema local.
El operativo fue liderado por la Dirección Regional Chiquinquirá, cuyos profesionales realizaron una inspección técnica motivada por alertas de la comunidad. Durante la visita, se pudo constatar que la edificación se encontraba a una distancia de apenas 10 metros del cauce.
Esta situación contraviene la regulación ambiental vigente, la cual estipula que debe respetarse una franja de protección de al menos 30 metros alrededor de las fuentes hídricas para salvaguardar el ciclo del agua y la biodiversidad asociada.
Según el director regional, Yiber González, la obra no contaba con ningún tipo de autorización por parte de la autoridad ambiental, lo que obligó a una intervención inmediata.
Medida preventiva y un compromiso firme con la ley
«La CAR reitera su compromiso con la defensa del agua y el bienestar de las comunidades», afirmó González al explicar que la resolución ordena el cese total de cualquier actividad de construcción, adecuación o movimiento de tierras en el área protegida.
La medida tiene un carácter preventivo, diseñado para evitar que la afectación ambiental continúe mientras se desarrollan las etapas administrativas del caso.
La institución recordó a los ciudadanos que las rondas hídricas son zonas de especial importancia ecológica y que las prohibiciones de construcción en ellas no son discrecionales, sino fundamentales para prevenir riesgos de inundación y contaminación.
Esta actuación no es un hecho aislado. La Dirección Regional de Chiquinquirá reportó que, a lo largo del año 2025, ha impuesto y ejecutado cinco medidas preventivas adicionales.
Estas acciones son el resultado de un modelo de gestión que prioriza la atención a denuncias ciudadanas y el control riguroso del territorio.
La corporación ha sido enfática en que el cumplimiento de la ley ambiental es un requisito indispensable para el desarrollo urbano sostenible en los municipios de su jurisdicción.
¿Qué sigue? Un proceso sancionatorio en marcha
El futuro del predio en Ráquira ahora depende de un proceso técnico y jurídico más profundo. La CAR anunció que el caso seguirá los lineamientos de la Ley 1333 de 2009, el régimen sancionatorio ambiental de Colombia, para determinar las responsabilidades de fondo y las posibles sanciones económicas o de demolición que correspondan.
Mientras tanto, el equipo técnico mantendrá un seguimiento constante para asegurar que la suspensión se mantenga y que no se realicen nuevas intervenciones que pongan en peligro la quebrada Ánimas.
Con estas acciones, la autoridad ambiental busca sentar un precedente sobre la importancia de respetar los límites de la naturaleza frente al avance de la infraestructura humana.
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