Tal como lo había anticipado el Ejecutivo, el Gobierno Nacional oficializó una nueva declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para atender los estragos de la ola invernal en varias regiones del país.
La decisión se adoptó tras los consejos de ministros realizados en Montería y Córdoba, dos de los territorios más golpeados por las intensas lluvias. La emergencia regirá por 30 días en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Se trata de la tercera emergencia económica que declara el presidente Gustavo Petro y la cuarta ocasión en que invoca un estado excepcional desde que llegó a la Casa de Nariño.
De acuerdo con el decreto, la primera opción del Gobierno era esperar que la Corte Constitucional levantara la suspensión de la emergencia económica anterior, declarada el 22 de diciembre y provisionalmente frenada por el alto tribunal el pasado 29 de enero.
Sin embargo, ante la imposibilidad de reactivar ese mecanismo, el Ejecutivo optó por decretar una nueva emergencia. En ese camino, descartó la propuesta de varios gobernadores de utilizar cerca de $6,5 billones de regalías que permanecen congelados, e insistió en la vía tributaria amparada en el estado de excepción.
La principal herramienta que tiene el Ministerio de Hacienda es un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, que impactaría aproximadamente a 15.000 empresas en todo el país.
La polémica por los $8 billones: ¿cifras sin sustento?
El objetivo fiscal es recaudar $8 billones para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas. No obstante, el monto encendió alarmas en el espectro técnico y político.
Semanas atrás, el propio presidente había mencionado una necesidad de $16 billones en el marco de la emergencia anterior. La nueva cifra, exactamente la mitad, despertó sospechas sobre la metodología empleada.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo calificó las cuentas como «de servilleta» y exigió un detalle técnico riguroso que respalde el monto. A su juicio, la cifra parece desproporcionada y debería someterse a una auditoría académica externa.
En la misma línea, Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, advirtió que resulta prematuro fijar un monto sin sustento público detallado. Señaló que llama la atención que el cálculo sea exactamente la mitad del recaudo que buscaba la fallida ley de financiamiento, lo que, en su criterio, obliga a explicar con precisión la metodología utilizada.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, explicó que los $8 billones corresponden a una estimación para la fase de recuperación, basada en antecedentes históricos y en la evaluación preliminar de daños.
Aseguró que la atención inmediata —asistencia humanitaria, alojamientos temporales y rescates— ya está financiada con recursos de la vigencia 2026 por $190.000 millones. La reconstrucción, no obstante, es el verdadero desafío presupuestal.
Según la UNGRD, se deberán reconstruir cerca de 4.000 viviendas y 200 colegios, además de intervenir vías y sistemas de acueducto. El Ministerio de Agricultura estima costos cercanos a $700.000 millones solo para el sector rural.
El censo preliminar reporta 27.075 predios afectados, más de 546.000 bovinos y bufalinos impactados —de los cuales 3.166 murieron— y 30.113 hectáreas de cultivos dañadas, entre plátano, arroz, maíz, algodón, yuca, patilla, hortalizas y cacao.
Solo en drenaje de suelos se proyectan $139.590 millones y otros $81.000 millones para la recuperación de cultivos.
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