El cierre del año 2025 en Colombia ha estado dominado por un debate económico y social de proporciones históricas: la fijación del salario mínimo para 2026 en la cifra de $2.000.000. Aunque el decreto expedido por el Gobierno del presidente Petro ha sido celebrado por diversos sectores como un hito para la justicia social, desde otras orillas han surgido voces de alerta que advierten sobre las posibles consecuencias negativas para los empleadores. La preocupación central radica en que un incremento tan elevado podría impulsar la informalidad laboral, ya que muchas pequeñas y medianas empresas podrían verse incapaces de asumir los altos costos asociados a la seguridad social y las prestaciones de nóminas tan onerosas. Ante esta inconformidad, diversos sectores gremiales y políticos han propuesto formalmente la posibilidad de demandar el decreto ante la justicia administrativa.
La base legal para una demanda de nulidad
La pregunta que circula en los círculos legales y económicos es si existe una base real para que tal demanda prospere y se logre anular la medida del Gobierno Nacional. La respuesta a este interrogante es afirmativa, y se fundamenta en el hecho de que en Colombia los actos administrativos del Ejecutivo no son intocables y deben cumplir con rigurosos requisitos de ley. Quienes proponen la demanda argumentan que el incremento fijado unilateralmente por el Gobierno Petro podría carecer de la justificación técnica necesaria para ser sostenible en el tiempo. En un país donde la inflación y la productividad son factores determinantes, un aumento decretado sin el consenso de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se expone a un escrutinio judicial minucioso por parte de las altas cortes.
Un panorama agridulce para los trabajadores
El panorama para los trabajadores al iniciar el 2026 es agridulce: por un lado, se encuentran con un aumento nominal histórico que promete mejorar su calidad de vida, pero por otro, enfrentan la incertidumbre de una posible batalla jurídica que podría desestabilizar las reglas del juego laboral. Los expertos en economía personal sugieren que, si bien el incremento a $2.000.000 es una cifra simbólica potente, su éxito real dependerá de la capacidad del mercado para absorber el costo sin generar despidos masivos o una subida descontrolada de los precios de la canasta básica. Mientras tanto, el decreto sigue su curso legal, pero la sombra de la demanda judicial se proyecta como el primer gran desafío que deberá sortear la administración nacional en los tribunales durante el primer trimestre del nuevo año.
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