El cierre del a�o 2025 en Colombia ha estado dominado por un debate econ�mico y social de proporciones hist�ricas: la fijaci�n del�salario m�nimo para 2026 en la cifra de $2.000.000. Aunque el decreto expedido por el Gobierno del presidente Petro ha sido celebrado por diversos sectores como un hito para la justicia social, desde otras orillas han surgido voces de alerta que advierten sobre las posibles�consecuencias negativas para los empleadores. La preocupaci�n central radica en que un incremento tan elevado podr�a impulsar la informalidad laboral, ya que muchas peque�as y medianas empresas podr�an verse incapaces de asumir los altos costos asociados a la seguridad social y las prestaciones de n�minas tan onerosas. Ante esta inconformidad, diversos sectores gremiales y pol�ticos han propuesto formalmente la posibilidad de�demandar el decreto�ante la justicia administrativa.
La base legal para una demanda de nulidad
La pregunta que circula en los c�rculos legales y econ�micos es si existe una base real para que tal demanda prospere y se logre anular la medida del Gobierno Nacional. La respuesta a este interrogante es afirmativa, y se fundamenta en el hecho de que en Colombia los actos administrativos del Ejecutivo no son intocables y deben cumplir con rigurosos requisitos de ley. Quienes proponen la demanda argumentan que el incremento fijado unilateralmente por el Gobierno Petro podr�a carecer de la justificaci�n t�cnica necesaria para ser sostenible en el tiempo. En un pa�s donde la inflaci�n y la productividad son factores determinantes, un aumento decretado sin el consenso de la Mesa de Concertaci�n de Pol�ticas Salariales y Laborales se expone a un escrutinio judicial minucioso por parte de las altas cortes.
Un panorama agridulce para los trabajadores
El panorama para los trabajadores al iniciar el 2026 es agridulce: por un lado, se encuentran con un aumento nominal hist�rico que promete mejorar su calidad de vida, pero por otro, enfrentan la incertidumbre de una posible batalla jur�dica que podr�a desestabilizar las reglas del juego laboral. Los expertos en econom�a personal sugieren que, si bien el incremento a $2.000.000 es una cifra simb�lica potente, su �xito real depender� de la capacidad del mercado para absorber el costo sin generar despidos masivos o una subida descontrolada de los precios de la canasta b�sica. Mientras tanto, el decreto sigue su curso legal, pero la sombra de la demanda judicial se proyecta como el primer gran desaf�o que deber� sortear la administraci�n nacional en los tribunales durante el primer trimestre del nuevo a�o.
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