Uno de los puntos más críticos del debate sobre el salario mínimo para 2026 es su impacto directo en el empleo informal y la competitividad empresarial. Cifras del DANE indican que cerca del 50% de los trabajadores colombianos se encuentran en la informalidad y, en su mayoría, no alcanzan a percibir siquiera un salario mínimo mensual. Al incrementar la carga prestacional en un 23%, analistas como los de JP Morgan advierten sobre un posible «terremoto» económico que afectará no solo la inflación, sino también las tasas de interés, complicando el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas.
Impacto en la Vida Cotidiana y las Copropiedades
El efecto cascada del aumento también llegará a la vida cotidiana en las copropiedades. El pago de las administraciones de edificios y conjuntos residenciales verá reflejado el nuevo costo laboral, al igual que los contratos de servicios tercerizados de vigilancia y aseo. El transporte público y los aportes al SENA son otros rubros que sufrirán ajustes automáticos. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló que los efectos negativos de este incremento de dos dígidos serán «complejos de manejar», sugiriendo que la economía colombiana cierra el 2025 en un estado de vulnerabilidad según análisis de medios como The Economist.
La Defensa Gubernamental y la Realidad del Ciudadano
A pesar de estas advertencias, el Gobierno defiende la medida como un paso necesario hacia la justicia social y el fortalecimiento del consumo interno. Sin embargo, la realidad para el ciudadano de a pie será de un 2026 marcado por el encarecimiento de matrículas de colegios y universidades, así como de las tarifas de parqueaderos.
El éxito de esta política salarial dependerá de que el crecimiento económico sea suficiente para absorber estos nuevos costos sin destruir empleos formales. Por ahora, los colombianos deben preparar sus bolsillos para una oleada de reajustes en servicios básicos que comenzarán a regir desde el primer día del año.
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