El Ministerio de Hacienda dio un paso hacia una transformación profunda del manejo de los ahorros pensionales al publicar un borrador de decreto que modifica el Decreto 2555 de 2010.
La norma busca obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a repatriar gradualmente los ahorros invertidos en el exterior, estableciendo un límite máximo del 35% en tres años y del 30% en cinco años para las inversiones en activos extranjeros.
El objetivo es inyectar capital al mercado local, pero la medida ha generado preocupación sobre la estabilidad y rentabilidad de los fondos.
A noviembre de 2025, los activos administrados por las AFP sumaban $527,3 billones, de los cuales el 48,8% ($257,1 billones) estaba en mercados internacionales.
Proyecciones de Itaú y Credicorp Capital indican que cumplir los nuevos topes obligaría a una monetización masiva de unos US$26.000 millones en cinco años, con un flujo de venta de divisas promedio de US$528 millones mensuales.
Esta cifra representa cerca del 2% del volumen spot del mercado cambiario, lo que podría generar presiones sobre el precio del dólar.
Advierten riesgos de concentración y menor rentabilidad
Las reacciones en contra no se hicieron esperar. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, calificó la norma como perjudicial, argumentando que «limita la diversificación y compromete la rentabilidad» al reducir las opciones de inversión global.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, recordó que el ahorro pensional es «sagrado» y alertó sobre riesgos de liquidez, precio y reinversión al concentrar el capital en un mercado local más pequeño y menos diversificado.
Otro punto de controversia es el destino de los recursos repatriados. Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), instó a evaluar con claridad los parámetros de inversión, señalando los riesgos asociados a la corrupción en la contratación estatal.
Advirtió que financiar obra pública en Colombia es complejo por los históricos retrasos e incumplimientos, lo que podría poner en peligro el capital de las jubilaciones sin un seguimiento riguroso.
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