El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el salario m�nimo para el a�o 2026 ha desatado una fuerte tormenta en el sector empresarial de Colombia.
El mandatario fij� el salario b�sico en $1.750.905, lo que, sumado al auxilio de transporte, permitir� que un trabajador reciba un total de $2.000.000 mensuales.
No obstante, este incremento, que supera el 23%, ha sido recibido con profundo rechazo por parte de la Federaci�n de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), gremio que lo califica como una «amenaza directa a la estabilidad econ�mica».
Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, lider� la protesta gremial argumentando que un aumento de tal magnitud es desmedido y desconectado de la realidad productiva del pa�s.
Los transportadores sostienen que esta decisi�n, tomada de forma unilateral por el Gobierno, pone en duda la legalidad del procedimiento, ya que se introdujo el concepto de «ingreso m�nimo vital» sin una discusi�n t�cnica previa en la Comisi�n de Concertaci�n de Pol�ticas Laborales.
Consecuencias previstas: Un efecto domin� en la econom�a
La preocupaci�n de los empresarios no se limita �nicamente al pago de n�minas, sino que vislumbran un efecto domin� sobre toda la econom�a nacional:
- Destrucci�n del empleo formal: Fedetranscarga advierte que los altos costos obligar�n a las empresas a reducir personal o frenar nuevas contrataciones.
- Inflaci�n y tasas de inter�s: Se prev� que el aumento salarial se traslade a los precios de los productos debido a los mayores costos de producci�n, lo que disparar�a la inflaci�n y, consecuentemente, las tasas de inter�s de los cr�ditos.
- P�rdida de competitividad: El gremio se�ala que los productos exportados ser�n menos competitivos frente al mercado internacional debido al encarecimiento de la mano de obra.
- Impacto fiscal: Seg�n los transportadores, por cada punto porcentual que sube el salario m�nimo, el Estado debe desembolsar aproximadamente $400.000 millones en pagos de n�mina y pensiones. Con un aumento de casi 24 puntos, el costo para las arcas p�blicas ser�a masivo, contradiciendo los esfuerzos por reducir el d�ficit fiscal en medio de una emergencia econ�mica.
La batalla de narrativas: Justicia social vs. Estabilidad econ�mica
Para Fedetranscarga, la econom�a colombiana se encuentra actualmente «ahogada» por la inseguridad f�sica y jur�dica, adem�s de una carga tributaria que consideran confiscatoria.
El gremio enfatiza que el poder adquisitivo de los ciudadanos no se mejora por decreto, sino mediante la consolidaci�n de una econom�a competitiva que garantice la vigencia de las empresas.
Expertos coinciden en que este ajuste pondr� a prueba la capacidad de resiliencia del mercado laboral en 2026, introduciendo presiones indeseables a la pol�tica monetaria del pa�s.
Mientras el Gobierno defiende la medida como un acto de justicia social para mejorar el nivel de vida de los colombianos, los transportadores y otros sectores empresariales advierten que el costo de este «salto» salarial podr�a terminar siendo pagado por los mismos trabajadores a trav�s del desempleo y el alto costo de vida.
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