El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el salario mínimo para el año 2026 ha desatado una fuerte tormenta en el sector empresarial de Colombia.
El mandatario fijó el salario básico en $1.750.905, lo que, sumado al auxilio de transporte, permitirá que un trabajador reciba un total de $2.000.000 mensuales.
No obstante, este incremento, que supera el 23%, ha sido recibido con profundo rechazo por parte de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), gremio que lo califica como una «amenaza directa a la estabilidad económica».
Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, lideró la protesta gremial argumentando que un aumento de tal magnitud es desmedido y desconectado de la realidad productiva del país.
Los transportadores sostienen que esta decisión, tomada de forma unilateral por el Gobierno, pone en duda la legalidad del procedimiento, ya que se introdujo el concepto de «ingreso mínimo vital» sin una discusión técnica previa en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales.
Consecuencias previstas: Un efecto dominó en la economía
La preocupación de los empresarios no se limita únicamente al pago de nóminas, sino que vislumbran un efecto dominó sobre toda la economía nacional:
- Destrucción del empleo formal: Fedetranscarga advierte que los altos costos obligarán a las empresas a reducir personal o frenar nuevas contrataciones.
- Inflación y tasas de interés: Se prevé que el aumento salarial se traslade a los precios de los productos debido a los mayores costos de producción, lo que dispararía la inflación y, consecuentemente, las tasas de interés de los créditos.
- Pérdida de competitividad: El gremio señala que los productos exportados serán menos competitivos frente al mercado internacional debido al encarecimiento de la mano de obra.
- Impacto fiscal: Según los transportadores, por cada punto porcentual que sube el salario mínimo, el Estado debe desembolsar aproximadamente $400.000 millones en pagos de nómina y pensiones. Con un aumento de casi 24 puntos, el costo para las arcas públicas sería masivo, contradiciendo los esfuerzos por reducir el déficit fiscal en medio de una emergencia económica.
La batalla de narrativas: Justicia social vs. Estabilidad económica
Para Fedetranscarga, la economía colombiana se encuentra actualmente «ahogada» por la inseguridad física y jurídica, además de una carga tributaria que consideran confiscatoria.
El gremio enfatiza que el poder adquisitivo de los ciudadanos no se mejora por decreto, sino mediante la consolidación de una economía competitiva que garantice la vigencia de las empresas.
Expertos coinciden en que este ajuste pondrá a prueba la capacidad de resiliencia del mercado laboral en 2026, introduciendo presiones indeseables a la política monetaria del país.
Mientras el Gobierno defiende la medida como un acto de justicia social para mejorar el nivel de vida de los colombianos, los transportadores y otros sectores empresariales advierten que el costo de este «salto» salarial podría terminar siendo pagado por los mismos trabajadores a través del desempleo y el alto costo de vida.
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