Una mina subterránea de carbón que funcionaba de manera ilegal y con maquinaria pesada en la vereda Pueblo Viejo fue clausurada en un operativo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
La explotación, que no poseía ningún permiso ambiental, había construido más de la mitad de su infraestructura dentro de la franja de protección de la quebrada El Volcán.
La acción, liderada por la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA) de la CAR, contó con el respaldo operativo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Ambiental.
El reconocimiento de la ilegalidad y la magnitud de la invasión
Al ser intervenida, la persona a cargo de la mina admitió ante las autoridades que no tenía licencia ambiental, lo que configuraba la actividad como un delito ambiental.
La inspección técnica posterior reveló una situación aún más grave: el 84% de toda la operación minera se había establecido en un área legalmente destinada a la conservación.
El dato más contundente fue la invasión del cauce: el 56% de las instalaciones, incluyendo zonas de descarga, acopio y operación, estaban físicamente dentro de la ronda hídrica de la quebrada El Volcán, también conocida como Pueblo Viejo, violando frontalmente la normativa de protección.
El daño concreto: sedimentos que ahogan la quebrada y fauna en peligro
Los expertos de la CAR verificaron un daño ambiental múltiple. La mina estaba arrojando sus desechos de roca y tierra (estériles) directamente sobre la vegetación de la ladera y, lo más grave, hacia la quebrada.
Esta práctica colmataba el lecho con sedimentos, disminuyendo su capacidad para conducir el agua y aumentando el peligro de inundaciones y represamientos en épocas de lluvia.
La contaminación por carbón también estaba envenenando el hábitat. Como símbolo de este impacto, los inspectores hallaron una lagartija endémica (Anadia bogotensis) atrapada en una grieta del terreno, con el suelo a su alrededor completamente ennegrecido por el polvo del mineral.
Clausura definitiva y protección del territorio
Frente a la evidencia de un daño ambiental severo y continuado, la CAR no dudó en ordenar la clausura total e inmediata de todas las actividades de extracción de carbón en el sitio.
La decisión judicial pone fin a la operación y abre el camino para iniciar procesos de reparación en este ecosistema vital de Cundinamarca
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