La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el marco de sus 65 años de gestión territorial, ejecutó un contundente operativo en la zona rural del municipio de Madrid para frenar un foco de deterioro ambiental generado por una empresa minera.
La intervención, que contó con el apoyo de la Policía Nacional y diversas direcciones técnicas de la entidad, resultó en la imposición de una medida preventiva de suspensión inmediata de actividades debido al incumplimiento sistemático de las normativas vigentes.
El equipo interdisciplinario, compuesto por las direcciones de Modelamiento Ambiental y Técnica Operativa, constató que la empresa operaba en contravía del Plan de Manejo y Recuperación Ambiental que le fue otorgado originalmente en 1997.
Los hallazgos más críticos incluyen la disposición irregular de escombros (residuos de construcción y demolición – RCD) y la realización de vertimientos de aguas no domésticas directamente sobre el suelo, careciendo de los permisos legales necesarios para tal fin.
Adicionalmente, se identificó la afectación directa de 31 árboles de la especie eucalipto dentro del predio intervenido, lo que constituye una infracción ambiental adicional.
Interceptación en tiempo real y muestreo técnico
Según Lina Camila Cortés Acosta, Directora Regional Sabana Occidente, la medida no solo detiene la extracción de materiales de construcción, sino que clausura el predio para la recepción y disposición de cualquier tipo de residuo sólido.
Un momento clave de la diligencia ocurrió cuando los funcionarios de la CAR avistaron el ingreso de dos vehículos tipo volqueta cargados con material que pretendía ser dispuesto sobre el suelo de forma irregular.
El personal de la Dirección Técnica Científica procedió a realizar una toma de muestras de la carga para determinar su composición y el impacto potencial en el ecosistema, reforzando la evidencia técnica de la infracción.
Llamado a la comunidad y próximos pasos sancionatorios
La CAR reiteró que estas acciones responden a denuncias presentadas por la comunidad, subrayando la importancia de la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos naturales.
La entidad recordó a la ciudadanía que la gestión de residuos de construcción debe realizarse exclusivamente a través de gestores autorizados y avalados por la corporación para evitar daños irreversibles en el agua, el suelo y la flora de la región.
«Identificamos un aprovechamiento que no cuenta con permiso y vertimientos generados por toda esta actividad», enfatizó la directora Cortés para justificar la urgencia de la medida.
La empresa sancionada deberá ahora enfrentar procesos administrativos que podrían derivar en sanciones mayores, mientras la suspensión se mantenga vigente hasta que se subsanen los hallazgos técnicos.
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