En un esfuerzo por salvaguardar el patrimonio ecológico de la región, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), a través de su Dirección Regional Almeidas y Guatavita, impuso una medida preventiva de suspensión de actividades en la vereda Tibita del municipio de Villapinzón. La acción institucional responde a una serie de hallazgos técnicos que evidenciaron una disposición inadecuada de materiales estériles y riesgos inminentes de contaminación en una zona de alta sensibilidad hídrica.
El origen de la intervención: La voz ciudadana como detonante
El operativo no fue una acción aislada, sino el resultado directo de una queja ciudadana que alertó a las autoridades sobre irregularidades en la zona. Según Camilo Poveda, director regional de la CAR, la denuncia oportuna fue la pieza clave que permitió detener la afectación al recurso suelo en una zona de ronda hídrica bajo protección especial: la cuenca del río Alto Suárez. Poveda enfatizó que esta área es considerada una reserva especial, lo que eleva la gravedad de cualquier actividad extractiva que no cumpla con los estándares ambientales.
Hallazgos técnicos: El patio de estériles y el malacate con fugas
Durante la visita de seguimiento y control, los técnicos de la CAR identificaron una infraestructura minera que operaba bajo condiciones precarias. Se verificó la existencia de una bocamina con un sistema de sostenimiento en madera conocido como «puerta alemana», donde tanto el techo como las paredes estaban forrados con este material. Sin embargo, el hallazgo más preocupante se localizó en los alrededores del inclinado.
En el sitio se encontró un patio de estériles de aproximadamente 10 metros cuadrados y 6 metros cúbicos de volumen, producto de la actividad minera. La disposición de estos residuos estaba provocando la pérdida y degradación del suelo, comprometiendo no solo su integridad física sino también su capacidad productora a futuro. Sumado a esto, se detectó la presencia de un malacate con motor de combustión que presentaba fugas de combustible sobre un piso de tierra, lo que representa un riesgo directo de infiltración de hidrocarburos al subsuelo.
Marco legal: El respaldo de la Ley 388 de 1997 para el ordenamiento territorial
La CAR recordó que estas medidas se amparan en normativas como la Ley 388 de 1997, la cual otorga autonomía a los municipios para promover el ordenamiento territorial, el uso racional del suelo y la preservación del patrimonio ecológico. Esta ley es fundamental para la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo y para asegurar que el desarrollo se realice de forma equitativa y sostenible.
La corporación ha hecho un llamado especial a la comunidad y a los sectores productivos para establecer acciones conjuntas que ayuden a conservar los recursos naturales. Para facilitar la comunicación y la denuncia de posibles delitos ambientales, la CAR mantiene activos diversos canales de atención, incluyendo la línea gratuita 01 8000 915 317 y el correo electrónico sau@car.gov.co.
La protección de la cuenca del río Alto Suárez es una prioridad institucional, ya que cualquier alteración en su integridad física repercute en el bienestar de toda la jurisdicción. La CAR reafirma su compromiso de actuar con transparencia y rigor técnico frente a cualquier actividad que amenace la estabilidad ecosistémica de Cundinamarca.
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